2.1.07

Piedras de Papel

“Piedras de papel” y silencio: La crisis política argentina leída desde su sistema institucional

Roberto Gargarella[1]


Introducción

Los dramáticos hechos que cerraron el año 2001 e inauguraron el nuevo, en la Argentina, nos llaman la atención, entre otras muchas cosas, sobre el sistema institucional vigente en el país.[2] Resultó notable comprobar, en aquellos días, la incapacidad del diseño institucional argentino para anticipar, prevenir, procesar, o resolver conflictos políticos significativos. Resultó notable comprobar cómo, luego de doscientos años de vida independiente, la Argentina, como tantos otros países, sigue careciendo de una red de instrumentos que torne posible, para todos sus ciudadanos, expresar sus demandas y pedir cuentas por la insatisfacción de las mismas. A partir de estas premisas, en lo que sigue procuraré aproximarme a los problemas sufridos por la Argentina en el último tiempo, desde el punto de vista de sus instituciones. Me interesará examinar cuánto ayudaron las mismas a alentar o desincentivar la crisis finalmente desatada. Por supuesto, esta lectura representará, en el mejor de los casos, un acercamiento parcial a los hechos acontecidos. De todos modos, la misma puede ayudarnos a entender mejor una porción del complejo mundo que la crisis del gobierno de De la Rúa abrió frente a nuestros ojos.

“Piedras de papel”

Comencemos por lo más básico, por la herramienta fundamental todavía en manos de la ciudadanía para expresar sus puntos de vista: el sufragio. Los argentinos habían concurrido a las urnas en octubre, muy poco antes de tomar la decisión de salir a a la calle con violencia, a protestar contra el gobierno de turno y exigir su dimisión. Cómo puede ser, entonces, que la crisis por estallar no se evitara a tiempo? El caso hubiera sido muy distinto si de lo que se trataba era de un gobierno no democrático o, aún, de un gobierno electo pero en gozo de la paz propia de unos meses sin elecciones. Cómo puede ser posible, entonces, que si la situación era muy otra –con una ciudadanía que se acababa de expresar en las urnas- el conflicto social latente sólo se mantuviera y profundizara?

Lo que ocurre, y esto no puede extrañar a ninguno, es que el sufragio resulta, todavía, una herramienta demasiado “torpe” para contribuir al establecimiento de un diálogo entre los representantes electos y sus electores. La riqueza de las demandas, reproches y elogios presentes en cualquier acto electoral resultan inmediatamente opacados por la rigidez de los resultados de los comicios.

Como modo de adentrarnos en la cuestión, puede resultar interesante traer a cuento una obra publicada en el año 1986 por el prestigioso politólogo Adam Przeworski. La obra de Przeworski llevaba por título “Paper Stones” –digamos, “Papeles de Piedra”- y se refería a la historia electoral del socialismo.[3] La frase que daba por título al trabajo -“Papeles de Piedra”- resultaba por demás apropiada para aludir al acto de la votación. Según comenta el autor, los primeros socialistas, entusiasmados con la posibilidad de vencer a la burguesía a través del recurso de las elecciones, hablaban de estos “papeles de piedra” que les permitirían dejar atrás una política basada en las barricadas y en las acciones clandestinas: la burguesía, ahora, podría ser derrotada en el juego limpio de unas elecciones abiertas a todos.

Pues bien, la idea de “papeles de piedra” resulta interesante, en primer lugar, para aludir a esta posible contundencia del sufragio: la que permite afirmar con autoridad y vehemencia ciertos puntos de vista, luego de un masivo apoyo o rechazo a una determinada fórmula o programa electoral. Sin embargo, la misma idea encierra una ambigüedad que merece ser explotada. Y es que los votos son “papeles de piedra,” también, al representar una herramienta pesada y oscura, incapaz de dar cuenta de los finos matices que al electorado le interesa manifestar en cada acto electoral.

En efecto, en cada elección –como en la que fue la última que debió soportar el gobierno de De la Rúa- la ciudadanía puede estar interesada en marcar, por ejemplo, que se encuentra hastiada de ciertas prácticas; que no tolera ver ciertas figuras en la legislatura; que quiere incorporar otras voces; que repudia profundamente ciertas medidas tomadas por el gobierno; que apoya con todo su empeño otras iniciativas; que sigue entusiasmada con ciertas promesas; que ruega por el cumplimiento de otras; que está furiosa por el modo en que no se han cumplido otras más. Pero qué es lo que ocurre cuando termina la elección y se conocen los resultados de los comicios? Qué quieren decir esos brutos porcentajes que allí aparecen? Más aún, cómo se van a interpretar esas cifras? Y quién va a hacerlo? Quién puede ser capaz de descifrar la telaraña de mensajes entrecruzados que se ocultan detrás de un 40% victorioso frente a un 30% de la fórmula derrotada? Los votos aparecen, entonces, como “papeles de piedra,” porque nos remiten a un período demasiado remoto, en el que la expresión eran las piedras o los golpes de las piedras contra las paredes. La pregunta es cuánto hemos avanzado para mejorar nuestra capacidad de diálogo, para establecer puentes de comunicación entre los representantes y representados. La pregunta es cuán lejos estamos del momento en que nos expresábamos golpeando las rocas con otras rocas, cuánto hemos desarrollado nuestro lenguaje institucional. Y la respuesta es que tal vez no tan lejos.

Alguien podría decirnos, quizás, que la dificultad reside en que le exigimos a los comicios aquello que ellos no pueden darnos: que el sufragio sólo constituye una parte ínfima de una vida democrática que se desarrolla también en otros foros –los medios de comunicación por ejemplo- y a través de muchos otros medios –la protesta en la calle por caso. Pero esta objeción no resulta demasiado atractiva. Y es que no es cierto que el sufragio sea sólo una parte pequeña de nuestra vida democrática. Más bien, y por el contrario, el sufragio nació y se quedó entre nosotros bajo la promesa de constituir una herramienta de control excepcional –la gran herramienta- sobre nuestros dirigentes. Dicha promesa es la que ha permitido recortar y no desarrollar muchos de los otros instrumentos de control externo o popular sobre los representantes, que en su momento fueron reclamados por los sectores más radicales de la sociedad. Dicha promesa es la que ha legitimado una operación que dejó encerrados gran parte de los controles institucionales que todavía existen, en mecanismos internos o endógenos, como los que son propios de las estructuras de “frenos y contrapesos.”

La “torpeza” propia del sufragio, como vínculo esencial entre elegidos y electores sólo resulta agravada cuando se advierte de qué modo carecemos, todavía, de otros puentes o vínculos que permitan canalizar nuestros registros más finos –aquellos que el sufragio opaca. Cuando –como ocurre en la Argentina y en una mayoría de democracias liberales- los medios de comunicación siguen concentrándose en pocas manos, permaneciendo inaccesibles para una gran mayoría, los déficits propios del sufragio se tornan simplemente –trágicamente- más graves. En una sociedad en donde la palabra escrita y oral se encontrara, de algún modo, democratizada, los déficits del sufragio resultarían desplazados al nivel de anécdota –quejas de académicos obsesivos. En cambio, en una sociedad en donde los foros de expresión son controlados por unos pocos –en donde se cobra entrada para acceder al ágora pública- los reproches sobre la incapacidad expresiva del sufragio mercen ganar en relevancia.

La crisis política argentina –aquella que estalló a finales del 2001, y apenas luego de celebradas unas elecciones legislativas a nivel nacional- desnuda las dificultades que aún padecen los demócratas para hacer escuchar sus voces, para discriminar entre justos y pecadores, para aplaudir ciertas particulares políticas mientras castiga a algunas otras. Las mismas dificultades ya se habían advertido claramente desde hacía algunos meses, cuando cientos de “cortes de ruta” –liderados en una mayoría de casos por trabajadores o desocupados enfrentados a condiciones de vida desesperadas- conmovieron la vida social argentina. Tales crisis revelaron, en su crudeza, lo difícil que era entablar una conversación entre la ciudadanía y sus mandantes, lo difícil que era hacer conocer y respetar ciertas demandas fundamentales. Tales crisis, en definitiva, revelaron que la ciudadanía sólo tenía piedras entre sus manos: las de papel y las otras.

Los controles endógenos y la Corte

La cara opuesta a lo señalado en la sección anterior –referida, fundamentalmente, al sufragio como principal control exógeno o popular- está dada por los controles endógenos distintivos de nuestro sistema institucional. Estos controles endógenos –el veto presidencial, el sistema bicameral, los tribunales- tienen como punto esencial a la Corte Suprema de Justicia. Explicar esta afirmación no resulta difícil. En principio, cuando los controles populares quedan reducidos al sufragio, los controles endógenos –todos ellos- adquieren mayor relevancia. Dicho esto, uno debe reconocer de inmediato que, entre tales controles endógenos los hay políticos (los que provienen de organismos cuyos miembros son elegidos popularmente) y no políticos (como los ejercidos por los jueces), y que no todos ellos pueden gozan del mismo peso. En efecto, dado que cada elección puede llevar a que la mayoría de los puestos políticos queden ocupados por miembros de un mismo grupo partidario, la maquinaria de controles –para bien o para mal- pasa a depender de un modo central del poder de los jueces, cuyos miembros se mantienen en el cargo, en principio, con independencia de cualquier vaivén electoral.

La estructura judicial argentina, copiada de la norteamericana, se organiza verticalmente, con jueces de primera instancia en la base, Cámaras de Apelación más arriba, y la Corte Suprema como última instancia de decisión. Lo que diga o deje de decir la Corte, entonces, resulta de un valor extraordinario: por más autonomía que puedan tener las instancias inferiores, siempre será ella la que podrá pronunciar la “última palabra” institucional. Debe notarse, ésta no será, sólo, la “última palabra” judicial sino también política: dentro del país, nadie puede ir más allá de la Corte, que queda entonces situada como motor inmóvil de toda la estructura institucional.

En un país como la Argentina, en donde la autoridad y la palabra del máximo tribunal es tan importante, resulta una pésima noticia que el mismo sea objeto de cuestionamientos serios en razón de la idoneidad y transparencia de sus miembros. Esa mala noticia, sin embargo, es una realidad en la Argentina. El máximo tribunal es objeto de severas críticas, buena parte de ellas fundadas. La fuente de estas objeciones se encuentra en la misma composición del tribunal -un problema que viene de lejos, pero que encontró su punto culminante cuando el gobierno de Menem modificó la composición del tribunal, que pasó de contar con cinco miembros a contar con nueve. El problema, entonces, no residió en las formas de la maniobra –en última instancia, posible desde el punto de vista de la Constitución- sino, como casi siempre, en la sustancia de la misma. El tribunal quedó compuesto, desde entonces (comienzos del primer gobierno de Menem) por una mayoría de jueces que, como mínimo, no contaban con grandes (o pequeños) antecedentes académicos, y que eran demasiado cercanos al entonces presidente. Desde aquel momento, la ya frágil legitimidad del tribunal comenzó a resquebrajarse. A un problema clásico y básico del derecho constitucional –por qué en una democracia son los jueces, como funcionarios no electos popularmente, los encargados de pronunciar la “última palabra” institucional- se agregaba uno todavía más contundente: y por qué ellos? Y por qué este grupo de jueces que, en su mayoría, nadie puede reconocer como especialmente competente?

Haciendo honor a las peores expectativas generadas por aquel rápido aumento en el número de sus miembros, la Corte jugó desde entonces un papel muy cuestionable, que muchos describieron como demasiado diligente hacia el poder político. Recuérdese lo dicho unas líneas más arriba. En democracias como la Argentina, en donde los controles endógenos son tan débiles, los controles endógenos –y, muy especialmente, los ejercidos por la Corte Suprema- resultan fundamentales: si ellos fallan, todo el sistema institucional tiende a fallar –una situación perfectamente reconocible en la Argentina.

Por lo dicho, una situación de partida difícil se convirtió en otra cada vez más explosiva, a partir del conocimiento público de las sentencias del tribunal superior. Si nos concentramos exclusivamente en el año anterior –un año que no fue el más turbulento en la vida del tribunal- nos encontramos con sentencias de alto contenido político como las siguientes: la sentencia que permitió la liberación del ex-presidente Menem (perseguido como cabeza de una banda dedicada, entre otros tareas, al tráfico de armas); la que ratificó la constitucionalidad de los indultos en favor de los represores; la que habilitó sin más al ex gobernador de Corrientes permitiéndole ser candidato en las elecciones de su provincia; la que ratificó la vigencia de los recortes salariales establecidos a partir de la ley de “déficit cero;” o la que condenó a la revista Noticias por una presuntamente indebida intromisión en la intimidad –nuevamente- del ex presidente.

Por supuesto, no se trata aquí (simplemente) de que el tribunal tomó decisiones que contradijeron el sentido común, sino de los argumentos que empleó y los medios a los que recurrió para afirmar sus opiniones. Por caso, la Corte Suprema de nuestro país actuó, en ocasiones, con sorpresiva celeridad y en otras con irritante lentitud; desandó sin mayores problemas sus propios pasos y contradijo una sólida jurisprudencia local e internacional (caso Noticias); respaldó la validez de indultos otorgados a procesados, en contradicción con lo que establecía la letra de la Constitución; tergiversó el sentido de las garantías procesales existentes (al interpretar que la mera interposición de un recurso extraordinario suspende una decisión judicial en favor de la CTA en el caso del “déficit cero”); y amonestó de modo prepotente e injustificado a los jueces y fiscales de instancias inferiores (causa de las armas).

Esta situación ha derivado en una práctica notable, distintiva de los últimos tiempos en la Argentina, e inaudita en otros contextos más o menos civilizados: una sucesión de movilizaciones populares hacia los tribunales exigiendo la renuncia de los miembros de la Corte. Dichas movilizaciones fueron acompañadas por otra serie de protestas realizadas directamente frente a los domicilios de algunos de los integrantes del tribunal. Los jueces superiores, objeto de la admiración o el simple desconocimiento popular en otras latitudes, han pasado a ser, en la Argentina, objeto central de la atención colectiva.

El corolario de lo dicho no es, por supuesto, que debe cambiarse la cúpula del Poder Judicial, nuevamente, y de modo arbitrario. Lo que se quiere decir no es que, por fin, los jueces designados deben estar en sintonía con los pareceres de la mayoría. Lo que se afirma, en todo caso, es que en estructuras institucionales como la Argentina, o se fortalecen los controles exógenos de modo tal de darle a los ciudadanos herramientas de censura y aprobación de las que todavía carecen, o se ajustan de un modo irreprochable los controles internos (y especialmente los ejercidos por la Corte). Lo ideal sería que existieran ambos tipos de controles y que ellos pudieran ejercerse de un modo decente. Lo que no puede aceptarse es que ambas formas de control fracasen, como ocurre en la Argentina -en un caso, por la inexistencia de instrumentos institucionales que los hgan posibles, y en el otro, por la manipulación a la que se ha sometido a los organismos de control. Finalmente: nadie debiera decir –como a veces se dice, o como dijera recientemente el Ministro de Justicia y prestigioso catedrático Jorge Vanossi- que el tribunal ya ha sufrido demasiados “manoseos” como para hacerse acreedor de nuevas interferencias públicas. Uno se compromete con las injusticias si no las repara (como se compromete con las injusticias económicas si no interfiere con ellas porque “ya bastante se ha interferido”). En un hipotético futuro más tranquilo, los argentinos deberán ir todavía más allá de estas fundamentales cuestiones, y decidir también si quieren mantener, como hoy, un sistema de revisión judicial que permite que funcionarios no electos por la ciudadanía conserven la “última palabra” institucional.

Los conocidos defectos del hiper-presidencialismo

La Argentina, como los Estados Unidos, ha adoptado como forma de gobierno un sistema presidencialista. Sin embargo, como una mayoría de países latinoamericanos, ha modificado aquel sistema original –ya polémico- para transformarlo en uno parcialmente distinto, que el filósofo Carlos Nino calificara como hiper-presidencialista. A diferencia del modelo original, el adoptado en Latinoamérica introdujo variaciones como las siguientes: se autorizan al presidente poderes excepcionales para afrontar situaciones de crisis internas y externas (que, en el caso del estado de sitio, pueden implicar la misma suspensión de las garantías individuales de los ciudadanos); se permite la intervención política del poder central sobre las provincias; se deja en manos de la cabeza del ejecutivo la elección y remoción, a manos libres, de todo su gabinete; se delegan en aquél funciones legislativas adicionales; etc.

Una enorme mayoría de politólogos ha coincidido –curiosamente- en la conclusión irremovible según la cual el sistema presidencialista es muy defectuoso, por lo que los sistemas hiper-presidencialistas latinoamericanos son, simplemente, hiper-defectuosos. Los defectos referidos tienen que ver, especialmente, con la capacidad de tales formas de organización para garantizar la estabilidad política –un bien especialmente preciado por las democracias latinoamericanas. El hiper-presidencialismo, en tal sentido, agrava las dificultades ya propias del presidencialismo.

Los males de ambos sistemas tienen una raíz común: ambos concentran buena parte de las expectativas políticas del electorado en una sola figura –el presidente- que, para colmo de males, cuenta con un mandato fijo (a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios). En las buenas coyunturas –las que no han abundado en la región- el presidente sólo gana en prestigio, poder y capacidad de acción. En las malas coyunturas, en cambio, el presidente es fagocitado por la crisis, y su debilitamiento provoca temblores en toda la estructura institucional: dada la inexistencia de “fusibles” que cambiar, el sistema completo amenaza con “incendiarse” junto con el presidente.

Si uno examina la vida política argentina se encuentra fundamentalmente con situaciones de este tipo: la crisis que afectó a H. Yrigoyen en 1930 terminó arrastrando a todo el sistema político; Perón se convirtió, a mediados de 1950, en la única clave del éxito o la desgracia de la democracia argentina; las hostilidades generadas por Arturo Frondizi se trasladaron de inmediato a todo su gobierno; la falta de legitimidad del presidente Illia produjo la desligitimación de todo el sistema institucional. Esto es, cuando los argentinos tuvieron que enfrentar problemas políticos serios, el sistema institucional no estuvo allí para ayudarlos.

Más cercamente, piénsense en la antesala del golpe militar de 1976, que trajo al dictador Videla al poder. En su momento, todos sabían que la presidenta Isabel Perón no contaba con cualidades que la hicieran especialmente apta para el cargo. Sin embargo, el sistema político no ofrecía ninguna salida razonable a la difícil situación entonces reinante. Por supuesto, es claro que ni en este caso ni en los anteriores, la “culpa” del quiebre institucional no residió de modo exclusivo en el sistema institucional. Como dijera Guillermo O’Donnell, los golpes militares no se frenan con un simple cambio en el articulado de la Constitución. Sin embargo, tan cierto como esto es que determinados sistemas institucionales favorecen la estabilidad y la cooperación, mientras que otros favorecen el conflicto y el enfrentamiento.

Ya consolidada la democracia, ya terminada la dictadura del “Proceso,” el presidente Alfonsín volvió a padecer los males del hiper-presidencialismo: atrapado en una crisis económica grave a finales de su mandato (distinguida por la hiper-inflación), y deslegitimado luego de unas elecciones legislativas catastróficas en 1987, Alfonsín no contó con medios sensatos para dar un paso al costado –como el que, tal vez, hubiera preferido dar. Lo que siguió, así, fue el “incendio” del propio sistema institucional: a Alfonsín le quedaban dos años de mandato que debía cumplir, mientras la ciudadanía le daba la espalda y la oposición lo repudiaba. Como era previsible, el país entró literalmente en llamas en esos últimos y largos meses de hiper-inflación, saqueos y desgobierno. El sistema institucional, mientras tanto, cerraba las puertas que todos rogaban que se abrieran.

Finalmente, la última oleada de la crisis del 2001 –la que arrastró a De la Rúa y al gobierno de la quebrada Alianza- también merece leerse en esta clave. Nuevamente, el sistema institucional argentino dio su espalda cuando más se lo necesitaba. A De la Rúa le quedaban dos difíciles años de mandato, mientras que buena parte de la ciudadanía descreía de él. La oposición, mientras tanto, alternaba gestos de buena voluntad con críticas mordaces que no hacían más que delatar la esencia maldita del hiper-presidencialismo. En un sistema político que ofrece una única y grandiosa joya –la “corona” del presidente- la oposición no cuenta con ningún incentivo para cooperar con el presidente: cuanto más coopere con él, puede decir con razón, más va a tardar para acceder a la propia “coronación,” que tanto ansía. La estrategia “racional,” entonces, es destruir a quien está en el poder, o dejarlo que muera. El hiper-presidencialismo, en definitiva, ha estado siempre presente en la generación de las crisis argentinas, como ha dificultado siempre la resolución de las mismas.

El Senado y después

Sin dudas, dentro de las múltiples causas que algún día explicarán la caída de De la Rúa, una muy importante tuvo su origen en el Senado de la Nación. El gobierno de la Alianza, debe recordarse, había llegado al poder con al menos un mandato claro: el de poner fin a los años de corrupción que se habían convertido en años festivos para los miembros de la administración anterior. Luego de haber basado su campaña electoral, muy especialmente, en el saneamiento de un sistema institucional lleno de lodo, De la Rúa no podía titubear –como lo hizo- en un área tan sensible para su electorado. Ocurrió entonces que varios Senadores (“propios” y “ajenos”) quedaron seriamente comprometidos en un hecho de corrupción grave. Aparentemente, el gobierno había procurado “aceitar” con dinero la sanción de una ley simbólicamente muy importante para él. Se trataba, en última instancia, de una ley laboral que no prometía cambios revolucionarios ni de los otros, pero que remitía a una desgraciada experiencia del gobierno radical anterior: Alfonsín había inaugurado su gobierno con un tempranísimo fracaso en su intento de modificar por completo la organización sindical –un fracaso que marcaría el resto de su gestión. Ni De la Rúa ni sus Ministros querían repetir aquel fracaso lo cual, aparentemente, motivó aquella maniobra dolosa de la que ahora eran acusados miembros del gobierno y varios Senadores. La incapacidad y falta de voluntad del presidente, frente a dicha maniobra, provocaron entre otras consecuencias la renuncia del vice-presidente Alvarez y la virtual fractura de la Alianza. El gobierno comenzaba el tránsito hacia lo que sería su repentino final.

Esperablemente, la investigación que siguió al escándalo terminó en una reverencia judicial hacia la Cámara Alta. Sin embargo, el Senado en su totalidad –como el propio gobierno- quedó marcado a fuego por aquella experiencia. Sus miembros no eran especialmente prestigiados entonces, y el nuevo episodio no hizo más que potenciar las sospechas que ya existían sobre los mismos. Desde allí en más, recrudecieron los estudios y las iniciativas destinadas a provocar cambios sobre una Cámara notable sólo por el nivel de privilegios de los que gozaban sus miembros. Todas aquellas iniciativas –vinculadas, en una mayoría de casos, con el extraordinario nivel de gastos resultantes del funcionamiento de la Cámara Alta- merecen ser desarrolladas, pero en lo que sigue nos concentraremos en una línea de reflexión algo diferente, referida al rol institucional del Senado y, más en general, a algunas características propias de la labor legislativa en la Argentina.

En primer lugar, conviene volver brevemente sobre las líneas que inauguraron este escrito, referidas a las dificultades de la ciudadanía para comunicar sus opiniones públicamente, y para darles fuerza luego. De haber existido otras herramientas de control –por ejemplo, el derecho de revocatoria de los mandatos, un instrumento que era habitual en los primeros tiempos de la revolución norteamericana- los ciudadanos hubieran desalojado hace tiempo a muchos de los integrantes del Senado. Sin embargo, a pesar de las tremendas críticas que han recibido, muchos de sus miembros han persistido intocados en sus puestos: a veces, casi ocultos; otras veces, luciendo orgullosos la estabilidad propia de sus largos e irrevocables mandatos.

Nuevamente, aquella falta de herramientas de control externo puede –de alguna manera- compensarse con la existencia de fuertes controles internos (los ejercidos por las otras ramas del poder). Sin embargo, en casos como el de la Argentina, nos encontramos no sólo con un Poder Judicial que, según viéramos, es deficitario en su punto más alto, sino con una serie de privilegios judiciales en poder de los funcionarios políticos electos –privilegios que sólo agravan una situación ya preocupante. Las inmunidades parlamentarias –que de ellas se trata- nacieron con el noble propósito de proteger al débil legislador frente al gobernante tiránico que lo perseguía. Su permanencia resulta hoy cuestionable, sobre todo, cuando dicho privilegio (en principio irritante en un régimen de “iguales”) es objeto de una interpretación laxa que dificulta el mismo procesamiento de los acusados. Como resultado de estas progresivas distorsiones, la legislatura argentina –y en especial el Senado- pareció convertirse en un refugio preciado por poderosos delincuentes que advertían que, despojados de sus super-poderes legales, quedaban enfrentados al terrible riesgo de convertirse en simples mortales.

Dejando de lado lo anecdótico, uno debiera pensar si los altos índices de corrupción que parecen afectar al Senado argentino no se vinculan con los largos mandatos de que gozan sus miembros; los privilegios con los que cuentan; los débiles controles populares a los que están sometidos; y el poder de influencia del que gozan. Quisiera dedicar las próximas líneas –finales de esta sección- al último punto citado: las facultades normativas que están a cargo del Senado. El tema –alejado de las polémicas políticas más candentes- no debiera verse como una cuestión menor, ya que en definitiva nos habla del modo en que se ha pensado el sistema institucional argentino, y de lo inatractivo de aquella forma de pensar.

A diferencia de otros Senados –el Senado alemán, por ejemplo- el argentino cuenta con funciones básicamente idénticas a las de sus pares de la Cámara Baja, a las que se suman algunas ventajas muy especiales: los Senadores ejercer un papel decisivo en el nombramiento de jueces y embajadores; en el desarrollo (o no) de hipotéticos juicios políticos; o en la celebración de tratados internacionales. La pregunta que uno debe hacerse, en estos casos, es la de siempre: por qué? Por qué es que los miembros de la Cámara Alta, por ejemplo, tienen aquellas facultades adicionales y, muy especialmente, por qué deben intervenir en la sanción de cualquier norma legislativa? Por qué a la hora de decidir qué se hace con el aborto o el divorcio, por tomar sólo dos ejemplos, el estado “X” debe contar con una voz especial? No basta con que los ciudadanos de dicha provicia, representados en la Cámara Baja, intervengan en tal decisión? Por qué el estado “Y” –como cualquier otro- merece tener una voz especial, y no las mujeres, o los que están casados, o los que ya han abortado, o los divorciados? Uno puede justificar que las provincias –todas ellas- cuenten con derechos especialísimos a la hora de discutir la coparticipación federal; la regionalización del país; el modo de empleo de los recursos naturales; o cualquier tema de directa incumbencia local. Es mucho más difícil de explicar, en cambio, que el órgano de representación de las provincias interfiera en decisiones que son de directa incumbencia de la ciudadanía sin fronteras.

El argumento anterior no debe entenderse como un argumento en contra de la existencia de organismos especiales para la representación de grupos particulares (i.e., las provincias). Por el contrario, la representación de grupos puede resultar una alternativa interesante en democracias heterogéneas –y con déficits representativos tan fuertes- como la Argentina. Puede haber razones, por caso, para que un organismo especial defienda el punto de vista de los jubilados o los discapacitados; o para que grupos hoy marginados tornen audible una voz que hoy no se escucha. Sin embargo, en todo caso, el principio de la especialización funcional debería mantenerse: tiene tan poco sentido que los Senadores participen en la sanción de la ley del aborto como que lo haga un hipotético organismo que agrupe a los jubilados. En cambio, resulta irreprochable, en principio, que las provincias cuenten con una voz especial a la hora de discutir cuestiones federales, o que la tengan los más ancianos a la hora de discutir los problemas de la tercera edad.

Nuevas herramientas

El panorama descripto hasta aquí nos sugiere la presencia de múltiples dificultades de índole institucional que -en algunos casos de forma directa y en otros de forma indirecta- han contribuido a deteriorar la calidad de la vida política argentina. Sin dudas, podría decirse que la crisis institucional que se ha desatado con violencia hacia finales del año 2001, reconoce parte de su origen en problemas propios del diseño institucional escogido por la dirigencia argentina.

Lamentablemente, los argentinos –como una mayoría de naciones latinoamericanas- desperdiciaron una buena oportunidad de re-fundar sus instituciones luego del renacimiento de sus democracias y, especialmente, durante la reciente oleada de reformas institucionales que –desde los 80- se extendió por todo el subcontinente. Tales recientes reformas nacieron, en una mayoría de casos, movidas por ideales valiosos (la reforma radical del sistema político hiper-presidencialista, por ejemplo), y terminaron convirtiéndose, en muchos casos, en meras Convenciones re-electorales, destinadas a abrir el camino a reelecciones presidenciales que los viejos textos sabiamente impedían.

Con independencia de lo dicho, uno debiera agregar que reformas constitucionales como la realizada en la Argentina en 1994 han servido, también, para avanzar en direcciones más interesantes. La reforma argentina, por ejemplo, reafirmó la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, lo cual privó a muchos jueces remisos de la posibilidad de decir que no tenían normas a su alcance, a la hora de lidiar con cuestiones sensibles en materia de derechos humanos. Del mismo modo, la reciente reforma se pronunció explícitamente en favor de los mecanismos de “cuotas” –destinados a permitir una representación especial en apoyo de sectores tradicionalmente discriminados-; abrió la posibilidad de presentar “amparos” colectivos; e incorporó mecanismos destinados a facilitar la expresión directa de la ciudadanía (referéndums, plebiscitos). Por supuesto, es difícil decir que la Constitución anterior vedaba el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, lo cierto es que ello es lo que de hecho se dijo en muchos casos, frente a casos como los mencionados. Por ello, al haber hecho explícitos ciertos compromisos que no eran del todo evidentes en el texto anterior, la Constitución nueva puede ser –al menos parcialmente- bienvenida.

Llegados aquí, de todos modos, debe decirse lo siguiente: mientras la estructura institucional básica siga permaneciendo intacta –como ha permanecido intacta la estructura institucional argentina- no son muchas las esperanzas que merecen generar las nuevas herramientas que -como estacas en el mar- se inserten sobre ella. Piénsese, sino, en lo ocurrido con los derechos sociales, incoporados en una mayoría de Constituciones latinoamericanas desde principios del siglo anterior. Integrados a un sistema institucional que funcionaba a partir de una lógica opuesta a aquella que los respaldaba, los nuevos derechos sociales tendieron a desfallecer al poco de haber nacido: el sistema intitucional existente no los acogía sino que los ahogaba. No extraña que ocurriera lo que ocurrió: los derechos sociales quedaban en manos de jueces que, teóricamente, debían implementarlos pero que, simplemente, declaraban que tales derechos no eran “operativos” mientras los guardaban en el cajón de su escritorio.

Tal vez con los nuevos derechos incorporados en la Constitución de 1994 pase algo similar a lo que ocurriera entonces con los derechos sociales. Cuando, por caso, se incorporan derechos participativos en una estructura que niega o desalienta la participación, uno puede temer que aquellos derechos encuentren problemas serios para desarrollar la potencia que encierran en su interior.

No son todas malas noticias, sin embargo. Lo que ocurrido desde finales del 2001, con miles de ciudadanos en la calle dispuestos a protestar, parece decirnos que algo se ha roto, que una mayoría se encuentra efectivamente cansada de no poder hablar, de no contar con medios para hacerlo, de ser burlada luego de haber aceptado ciertas promesas, de ser ignorada luego de expresar su opinión a través del sufragio, de ser malintencionadamente malinterpretada en sus juicios electorales. Lo que ha ocurrido desde entonces parece mostrar los deseos de la gente por acceder a otros medios de expresión, de ir más allá de las “piedras de papel” con las que cuenta. Y ello es un buen comienzo, también, para una renovación en la estructura institucional de la república.
[1] Docente de las Universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella e Investigador Asociado del Ciepp. Documento preparado a solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales para su informe anual del año 2001.
[2] Por supuesto, me refiero al estallido de violencia política que culminó con una sucesión de recambios políticos de magnitud. Como resultado de dicho estallido, en primer lugar, el Presidente De la Rúa debió abandonar su cargo a poco de inaugurar el mismo. Lo que siguió a dicha renuncia –que arrastró consigo, obviamente, al gobierno de la Alianza- fue una profundización de las crisis política y económica ya reinante en la Argentina.
[3] Przeworski, A.; Sprague, J. (1986), Paper Stones. A History of Electoral Socialism. Chicago: University of Chicago.