2.9.09

Fallo "Massa"

Massa, Juan A. v. Estado Nacional
27/12/2006
Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Bibliografía NO obligatoria sobre el tema
- Primer comentario al Fallo "Massa" de Gustavo Arballo
- Segundo comentario al Fallo "Massa" de Gustavo Arballo
- Nota en Página/12 el día siguiente al fallo
- Nota en Clarín el día siguiente al fallo
- Texto completo del Fallo
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Voto de la Dra. Carmen Argibay

Considerando: 1) En lo que se refiere a la descripción del caso y a los argumentos en que las partes han apoyado sus pretensiones, remito, por razones de brevedad, a los consids. 1 a 5 del voto suscripto por la mayoría.
2) En la medida en que en el pleito se ha controvertido la validez constitucional de normas dictadas por el gobierno federal, en particular, el art. 2 decreto 214/2002 y la decisión definitiva ha sido contraria al interés de los recurrentes, se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el art. 14 ley 48 para habilitar la competencia apelada de esta Corte.
3) Uno de los cuestionamientos que se ha dirigido contra el art. 2 decreto 214/2002 se apoya en la restricción que pesa sobre el presidente para emitir leyes.
Debe señalarse, en primer término, que el art. 99 inc. 3 párr. 2º CN. establece la siguiente prohibición general: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". El presidente, por ser el funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo (art. 87 CN.) está especialmente alcanzado por esta prohibición.
Por lo tanto, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada, a saber, la descripta en los dos párrafos siguientes del art. 99 inc. 3:
"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
"El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso".
Ahora bien, en la medida que el presidente, al dictar el decreto 214/2002 , invocó la facultad prevista en el art. 99 inc. 3, está fuera de toda controversia que se trata de una disposición de carácter legislativo. Por otra parte, tampoco está en discusión que luego de dictado el decreto 214/2002 se omitió completamente el procedimiento legislativo previsto en el párr. 3º y que, por lo tanto, no hubo pronunciamiento oportuno por parte de las Cámaras del Congreso. En consecuencia, no habiéndose cumplido el procedimiento propio de la excepción, el decreto 214/2002 debe reputarse dictado en transgresión al principio general establecido en el art. 99 inc. 3 párr. 2º CN.
4) El otro motivo para atacar la presunción de constitucionalidad del decreto 214/2002 radica en la denuncia de que, al impedir el cumplimiento de las obligaciones que los bancos tenían hacia los titulares de depósitos, ha privado a estos últimos de su derecho de propiedad y vulnerado así la garantía establecida en el art. 17 CN.
En efecto, el derecho contractual de los titulares de depósitos bancarios tiene por objeto la correlativa obligación del deudor, la entidad financiera, de entregar la cantidad depositada en la calidad y especie comprometida. El titular de este derecho se encuentra protegido contra su privación por parte de las autoridades, puesto que no es materia de discusión que tal es el alcance de la garantía establecida en el art. 17 CN. Tales derechos personales forman parte de la propiedad de las personas, de modo tal que nuestra Constitución, por vía de su art. 17 , otorga una protección similar a la norteamericana que expresamente prohíbe a los Estados dictar normas que abroguen obligaciones contractuales (Fallos 145:307 [13]; 137:47; 172:21 [14], consids. 5, 6 y 12; 173:65 [15]).
Por otra parte, el mismo Congreso, mediante la ley 25466 , en particular los art. 2 y 3 , había reconocido que el Estado Nacional no alteraría las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras, al tiempo que incluyó expresamente a los derechos derivados de los depósitos bancarios en la ya referida cláusula constitucional.
5) Si bien esta Corte ha desarrollado a lo largo de su historia, y en particular a partir del caso "Avico" , un extenso repertorio de decisiones en favor de las interferencias del Estado en la propiedad privada como remedio para las recurrentes crisis sociales y económicas, creo que incluso desde esta perspectiva jurisprudencial más flexible, la queja levantada por los actores tiene también aptitud para invertir la presunción de constitucionalidad del decreto 214/2002 .
En efecto, la tradición jurisprudencial antes mencionada fue citada en algunos votos del fallo dictado en el caso "Bustos" , en particular por referencia al precedente "Blaisdell" (290 US. 398) de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que fuera recogido en el ya citado caso "Avico" . Sin embargo, dicha línea jurisprudencial, tanto en su versión argentina como en la seguida por la Corte norteamericana, pese a todos sus meandros e interrupciones, ha dejado subsistente una limitación a las restricciones que el gobierno puede introducir, por razones de emergencia, en la propiedad de las personas, a saber: ha de recaer sobre los plazos para la exigibilidad judicial y renta pactada, pero no sobre el capital, es decir, la "sustancia" del derecho.
Así reza el correspondiente cliché con la lista de requisitos que deben cumplir las leyes de emergencia. En lo que se refiere especialmente a la interferencia de contratos entre particulares, la gran mayoría de los fallos convalidaron leyes que establecían demoras en la exigibilidad de ciertos derechos y limitaciones a la renta. Así fue en "Avico" y había sido antes en "Ercolano" , fallo éste al que se adhirieron los jueces que formaron mayoría en aquél (Fallos 172:21 , 67-68, consid. 9). Y ése fue el caso también en los precedentes "Nadur" -Fallos 243:449 -, "Russo" -Fallos 243:467 -, "White de Torrent" -Fallos 264:344 -. El esfuerzo que puede advertirse en la sentencia dictada en "Peralta" (Fallos 313:1513 , consids. 40 a 44 y 52) por incluir las restricciones como una mera "reprogramación" y mantener así su convalidación dentro del esquema tradicional, descansa en la premisa implícita de que incluso una medida de emergencia puede resultar inconstitucional por violación de la propiedad si afecta los derechos de manera "sustancial" y definitiva.
Este límite ha sido traspasado también por el decreto 214/2002 que alteró de manera definitiva los derechos creditorios de los depositantes al limitar el cumplimiento de la obligación del banco deudor a un determinado monto (decreto 214/2002 ) y transferir el saldo, sin la conformidad del acreedor, a otro deudor, el Estado (decreto 739/2003 ), quien no lo cumpliría sino a lo largo de los diez años subsiguientes. En vista de ello, pierde toda consistencia la afirmación de que el acreedor no ha sufrido, por virtud de la intervención del gobierno, alteración alguna de su derecho personal y, por consiguiente, de su propiedad.
El art. 2 decreto 214/2002 se sitúa, entonces, más allá de la zona dentro de la cual esta Corte ha reconocido presunción de constitucionalidad a las interferencias estatales.
6) De lo que vengo señalando hasta aquí, resulta que el Poder Ejecutivo mediante una "disposición de carácter legislativo", prohibida, en principio, por el art. 99 inc. 3 CN., como es el decreto 214/2002 , introdujo una restricción en la propiedad de los titulares de depósitos bancarios que, prima facie, va más allá de lo que históricamente hubiera resultado admisible para el Legislativo.
En estas condiciones no encuentro margen para insistir en que el decreto 214/2002 es una norma que cuenta con presunción de constitucionalidad y que, por consiguiente, la carga de demostrar todos los extremos concernientes a su pretendida invalidez corresponde a quien la impugna, mucho menos llevar esa carga al extremo de incluir la prueba de que el Ejecutivo no ha cumplido con los requisitos de "transitoriedad" y "no sustancialidad" que desde el precedente "Avico" deben llenar las normas de emergencia para superar el examen de constitucionalidad.
Por el contrario, es innecesario producir prueba alguna de la restricción definitiva y sustancial a los derechos de la parte actora, puesto que, como hemos visto, tal restricción surge del texto mismo del decreto 214/2002 , sin necesidad de ninguna demostración empírica adicional.
Una vez dispuesto el campo del modo que entiendo correcto, cabe sí pasar a considerar los argumentos que se han ofrecido para intentar revertir la inconstitucionalidad que aqueja al decreto 214/2002 , según he explicado en los párrafos precedentes.
7) Para justificar el régimen inaugurado por el art. 2 decreto 214/2002 se ha argumentado que la gravedad de la crisis reinante al momento de su dictado, declarada por el art. 1 ley 25561, hizo imprescindible tal medida. También se ha invocado el art. 64 ley 25967 (16), sancionada en diciembre de 2004, por el cual se lo "ratifica".
En primer lugar, estos modos de convalidar un decreto de necesidad y urgencia no se encuentran admitidos por la Constitución Nacional, y ello basta para rechazarlos según el enfoque que he adoptado precedentemente. Pero no es ésta la única razón para rechazar tales argumentos.
7.a) La apelación a un estado de necesidad que habría hecho inevitable el dictado del decreto 214/2002 supone necesariamente que las medidas autorizadas poco antes por la ley 25561 eran inconvenientes. En efecto, el Congreso se encontraba en sesiones en ese momento y pocas semanas antes había establecido el programa al que debía sujetarse el presidente para enfrentar la crisis que atravesaba el país a principios de 2002; entre las medidas autorizadas no se encontraba la pesificación de depósitos bancarios sino más bien todo lo contrario.
En efecto, el 6/1/2002 había sido sancionada la ley 25561 , llamada "de Emergencia y Reforma del Régimen Cambiario", la cual fue promulgada ese mismo día (casi tres años después, la ley 25561 fue modificada por la ley 25820 [17]). En su art. 1 el Congreso declaró la emergencia pública, con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 CN., en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. La misma cláusula fija las bases de la delegación de funciones en el Poder Ejecutivo. El art. 2 facultó al Ejecutivo para establecer el sistema cambiario y dictar las regulaciones correspondientes. En el art. 3 derogó el sistema de convertibilidad que había creado la ley 23928 (18). También debe recordarse que el art. 15 suspendió la vigencia de la Ley de Intangibilidad de Depósitos Bancarios 25466 hasta tanto el Poder Ejecutivo considere superada la emergencia del sistema financiero.
De la ley referida resulta de relevancia para lo que aquí se discute, el art. 6 que, tal como fue sancionado, decía:
"Art. 6.- El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el art. 2 de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.
"El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio $ 1 = U$S 1, sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a U$S 100.000, con relación a:
"a) Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda;
"b) A la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda;
"c) Créditos personales;
"d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores; y
"e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME.).
"O hasta esa suma, cuando fuere mayor en los casos del inc. a si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inc. e.
"El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco años facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.
"En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
"El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001 , reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras".
Para comprender la importancia que este último párrafo tuvo en la decisión del Congreso, en particular en la aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados, es menester recordar que su aparente exclusión dio lugar a un firme reclamo por parte de algunos legisladores, que fue atendido por el cuerpo, con la expresa mención de que la protección del capital de los ahorristas implicaba la obligación de restituir sus depósitos bancarios en la moneda en que fueron hechos y que la expresión `reestructuración' otorgaba herramientas para operar fundamentalmente sobre los plazos y eventualmente sobre los intereses esperados.
Así quedó expresamente plasmado en la respuesta que el miembro informante, diputado Jorge R. Matzkin, dio al requerimiento del diputado Cappelleri sobre la interpretación que la comisión respectiva daba al texto en cuestión: "el párr. final del art. 6 , vinculado con la situación de aquellas personas que están dentro del `corralito', pretende decir que habrá reestructuraciones que será necesario realizar, fundamentalmente en los plazos y, eventualmente, en las tasas de interés. El objetivo central del párrafo es ratificar, mediante una ley, la voluntad del Congreso en el sentido de que esos depósitos serán devueltos en la moneda en que fueron hechos" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondiente al 5/1/2002).
La intensa deliberación que precedió a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, muestra: i) que al momento de dictarse el decreto 214/2002 era un sinsentido invocar, para llenar la exigencia del art. 99 inc. 3 CN., la imposibilidad de seguir los trámites legislativos, puesto que tales trámites ya habían tenido lugar y, concluido con la sanción de la ley 25561 , en la que se establecieron los lineamientos generales, pero claros, a que debía sujetarse el Ejecutivo; y ii) que en su art. 6 se estableció un programa de emergencia que otorgaba al presidente competencia, es cierto, para interferir en la propiedad de las personas, pero solamente mediante la prórroga de plazos contractuales y topes en la renta pactada.
Podría replicarse, hipotéticamente, que el programa de emergencia contenido en la ley 25561 resultó insuficiente para poner remedio a la crisis y que no bastaba con prorrogar plazos o limitar intereses de los depósitos bancarios. Sin embargo, esta insuficiencia de los medios aprobados por la ley 25561 y que resultan coincidentes con los que esta Corte ha declarado admisibles constitucionalmente, según ya lo he mencionado, no ha sido demostrada de ninguna manera por los demandados, quienes, como ya dije, tienen la carga de justificar la validez del decreto 214/2002 . Más aún, ni siquiera fue mencionada entre las consideraciones que le sirven de motivación.
Cabe puntualizar que lo señalado precedentemente no implica volver sobre la antigua y sostenida deferencia que esta Corte otorga a los juicios de conveniencia y justicia que subyacen a las decisiones de las otras ramas del gobierno. Dicha actitud es, ciertamente, insoslayable cuando se trata de atacar por su ineficacia o inconveniencia normas que cuentan con presunción de constitucionalidad. Pero dicho estándar no funciona en sentido inverso, es decir, cuando se pretende purgar la inconstitucionalidad de un acto de gobierno sobre la base de su utilidad, eficacia o conveniencia. En este segundo caso los tribunales han de exigir más intensamente una demostración plena y convincente de que se trata de una medida insustituible y justa para atender una necesidad cuya satisfacción es impostergable.
7.b) La tardía ratificación por el Congreso, casi tres años más tarde, mediante un artículo incluido en la ley de presupuesto 25967 , sin mayor debate, es de todo punto de vista inaceptable, puesto que no sólo se aparta del procedimiento constitucional en sentido literal, sino que frustra la finalidad misma del art. 99 inc. 3, cual es la de asegurar una deliberación oportuna y pública en el seno del Congreso para decidir sobre la ratificación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia. La brevedad de los plazos contenidos en el párr. 3º del art. 99 inc. 3 busca precisamente evitar que el decreto presidencial se transforme en un hecho consumado de difícil reversión por el Congreso y que la ciudadanía, por tratarse de un tema actual y vigente, pueda seguir la deliberación legislativa. El dispositivo constitucional creado a tales fines sería perfectamente superfluo si esta Corte acepta como sucedáneo el atajo de la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia mediante un artículo incluido de manera descontextualizada en una ley de presupuesto dictada años más tarde.
8) Cabe considerar la posibilidad de que el decreto 214/2002 , pese a que fue emitido como decreto de necesidad y urgencia, no se trate de una disposición de carácter legislativo y, por ende, vedada por la Constitución al presidente.
Esto se debería a que los titulares de depósitos bancarios habrían recibido una cantidad de pesos que compensaba adecuadamente el poder adquisitivo del capital originalmente expresado en dólares al momento de ser depositado en el banco. Si fuese así, el decreto 214/2002 tampoco habría excedido los límites establecidos por el plan de emergencia aprobado por la ley 25561 . La opinión de que ningún perjuicio económico infiere el decreto 214/2002 a los titulares de certificados de depósitos bancarios ha sido fundada en que la expectativa de las personas que efectuaron depósitos en dólares en el sistema financiero era el de preservar el poder adquisitivo de su capital en el mercado interno. Tal objetivo habría sido plenamente respetado por el decreto 214/2002 , puesto que la devaluación general de la economía argentina mantuvo el poder de compra del peso argentino al reducir proporcionalmente el valor de los bienes y servicios ofrecidos. A este argumento suele agregarse que el tipo de cambio fijado en el art. 2 decreto 214/2002 es un 40% más elevado que el fijado para el resto de las obligaciones en dólares alcanzadas por la "pesificación".
Ya he dado las razones por las cuales no comparto este enfoque del derecho contractual cuyo amparo se pretende. He de añadir ahora que estas argumentaciones no se encuentran respaldadas por ninguna demostración de la supuesta equivalencia económica entre el capital depositado por la parte actora y el reconocido por el decreto 214/2002 , mucho menos desde la perspectiva del depositante, puesto que para ello hay que suponer, sin fundamento alguno, que el capital depositado estaba destinado a comprar bienes en el mercado interno y, aun en ese caso, bienes cuyo precio no ha seguido la evolución del dólar (como ha sucedido con los inmuebles, por ejemplo).
En la medida que la verdad de esta premisa económica se invoca para revertir el defecto constitucional de la interferencia estatal, es decir, en interés de la parte demandada, es paradójico que la total ausencia de pruebas que la respalden se cargue en perjuicio de quien ha padecido esa interferencia y, por ello, entablado la presente demanda.
9) Una última argumentación que se ha dado a favor del decreto 214/2002 y el régimen posterior que lo complementó, finca en la autoridad de los fallos mediante los cuales la Suprema Corte de los Estados Unidos convalidó la derogación de la convertibilidad oro del dólar en la década de 1930 ("Perry v. United States" -294 US. 330-; y "United States of America v. Bankers Trust Co." -294 US. 240-).
La importación de esos fallos al contexto en que debemos fallar se ha hecho, a mi entender, de un modo erróneo. La Corte norteamericana no tuvo como fundamento central la conveniencia económica de las medidas tomadas por los otros dos poderes sino que la ratio decidendi se apoyó en la declaración emitida por el Congreso (Joint Resolution, del 5/6/1933) de que el cumplimiento de las cláusulas contractuales de ajuste en función de la cotización del oro interferían directamente en el ejercicio de las atribuciones constitucionales de ese cuerpo para establecer la moneda y fijar su valor (así surge del párrafo que inaugura el voto del chief Justice Hughes y es afirmado más adelante en 294 US. 240, 297, cuando señala: "The question before the Court is one of power, not of policy"). El Congreso argentino de enero de 2002 no sólo no emitió ninguna resolución semejante que avalara la interferencia del presidente en los contratos de depósito bancario sino que, por el contrario, dictó la ley 25561 que, como hemos visto, ordenó preservar el capital de los ahorristas.
10) En síntesis, el decreto 214/2002 dictado por el presidente constituye una disposición legislativa contraria a la prohibición contenida en el art. 99 inc. 3 párr. 2º CN., mediante la cual se ocasionó una manifiesta privación de la propiedad (art. 17 CN.) en lo que se refiere a la alteración del capital depositado en las entidades financieras.
11) De lo expuesto precedentemente se desprende que, en mi opinión, la demanda de amparo promovida es procedente en lo que respecta a la inmediata restitución por el banco demandado de la cantidad de dólares depositados o la de pesos necesaria para adquirir esos dólares al tipo de cambio vendedor que corresponda a la fecha del efectivo pago.
No obstante lo expuesto hasta aquí, las razones de gravedad institucional relatadas por la mayoría, y que en líneas generales comparto, tornan prudente, en la medida que ello resulte posible, arribar a una solución que, más allá de las diferencias en los fundamentos, permita arribar a una sentencia que, en tanto unánime en el resultado económico, ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución.
Por ello, en función de esta conclusión, concurro con la parte resolutiva propuesta por la mayoría, en cuanto el monto que ella ordena reintegrar a la parte actora resulta coincidente con el mencionado en los párrafos precedentes y, también, en lo demás que resuelve acerca de la distribución de costas entre las partes.
AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DEL DR. LORENZETTI.- Considerando: 24) Que conforme surge del considerando anterior, se admite el derecho del ahorrista a la restitución del 100% de su crédito en pesos, lo cual requiere una ampliación de fundamentos para satisfacer el derecho de los actores y demandados a conocer la razón de las decisiones judiciales que los afectan.
Que para dictar esta sentencia, se ha debido tener en cuenta: 1) que la legislación promulgada en los años 2001 y 2002 ha tenido como base precedentes de esta propia Corte y que afectaría la seguridad jurídica cambiarlos retroactivamente; 2) que, habiendo transcurrido casi cinco años de los hechos, deben considerarse las implicancias sobre miles de situaciones jurídicas particulares que han tenido una variedad de soluciones transaccionales o judiciales ya consolidadas; 3) que es necesario evaluar las consecuencias sobre las reglas macroeconómicas fijadas reiteradamente por parte del Congreso de la Nación en el período mencionado; 4) que la interpretación que los jueces realicen sobre la protección constitucional del contrato y de la propiedad tiene efectos importantísimos sobre la evolución futura de las instituciones; 5) que, con arreglo a los precedentes de esta Corte, cabe prescindir de la declaración de inconstitucionalidad de una norma cuando se puede encontrar la solución en el derecho vigente; 6) que han habido diferentes opiniones entre los jueces que, en gran medida, reflejan la disparidad de criterios existentes en la sociedad; 7) que es necesario dar una solución definitiva a este tipo de pleitos para alcanzar la paz social sobre la base de considerar los resultados y en especial el respeto del patrimonio del ahorrista, cumpliendo así la misión institucional que la Constitución confiere a esta Corte Suprema.
Que expresado el contexto en el que se debe dictar la presente decisión, es necesario identificar los principios que rigen nuestro sistema constitucional, cuyo seguimiento debe ser la base para evitar la repetición futura de los graves sucesos que ha vivido la República y que afectaron a sus ciudadanos.
25) Que el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva.
Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 CN.), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 CN.) y de libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 CN.). La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. Es en este sentido como debe ser interpretado el término "propiedad" constitucional (art. 17 CN.). No se trata de indagar si hay un derecho real o creditorio sino de afirmar que la libertad, el derecho subjetivo y la posición jurídica relativas al contrato tienen rango constitucional. Ésta es la interpretación consolidada por los precedentes de este tribunal al sostener "que el vocablo propiedad, empleado por la Constitución comprende, como lo ha dicho esta Corte, todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo" (Fallos 145:307; 172:21 , voto en disidencia del juez Repetto).
26) Que es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión. Éste es el efecto jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que la regla es la libertad, mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada.
Que en esta causa se discute la legitimidad de la restricción impuesta por razones de emergencia económica a la libertad de configurar el contenido del contrato y la afectación de la posición contractual.
Que el significado de la restricción admisible surge de la interpretación de la Constitución, consistente con la jurisprudencia de esta Corte, teniendo en cuenta las consecuencias que ella ha tenido en la práctica constitucional.
27) Que el estudio de los principales precedentes de este tribunal sobre la extensión con que puede ser afectado un derecho contractual por razones de emergencia económica muestra el claro predominio de una interpretación tolerante de amplias restricciones.
Que la referida interpretación amplia fue sostenida en un largo período histórico y por numerosos jueces integrantes de esta Corte. En el año 1922, en el precedente "Ercolano" (Fallos 136:161 [19]), con el voto de los jueces Palacio, Figueroa Alcorta y Méndez, el tribunal declaró que la ley 11157 , que prohibía cobrar, durante dos años contados desde su promulgación, por la locación de casas, piezas y departamentos, destinados a habitación, comercio o industria, un precio mayor que el que se pagaba por los mismos el 1/1/1920 era constitucional. En el año 1934, en el precedente "Avico, Oscar" (Fallos 172:21 ), con el voto de los jueces Sagarna, Pera, Linares, Nazar Anchorena, la Corte declaró la constitucionalidad de la ley 11741 , que reducía el interés y prorrogaba el plazo para el pago del capital en un préstamo hipotecario. En el año 1944, en el precedente "Pedro Inchauspe Hnos." (Fallos 199:483 [20]), con el voto de los jueces Repetto, Sagarna, Nazar Anchorena y Ramos Mejía, esta Corte dijo que, entre los criterios amplios y restringidos, había optado por el criterio "amplio porque está más de acuerdo con nuestra Constitución, que no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos...". En el año 1990, en el precedente "Peralta, Luis A. y otro" (Fallos 313:1513 [21]), con el voto de los jueces Ricardo Levene (h), Mariano Cavagna Martínez, Carlos Fayt, Rodolfo Barra, Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor -los jueces Belluscio y Oyhanarte firmaron sendas disidencias de fundamentos-, se consideró constitucional el decreto 36/1990 en cuanto dispuso que la devolución de los depósitos a plazo fijo que excediesen determinada cantidad fuesen abonados con títulos de la deuda pública, afirmando esta Corte que "de las medidas adoptadas por el gobierno no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el art. 17 CN.".
28) Que si bien ha sido minoritaria, ha existido también una interpretación más restrictiva de las intervenciones legales en los contratos por razones de emergencia económica. Pueden recordarse el voto del juez Bermejo, dado en el año 1922, en el precedente "Ercolano, Agustín" (Fallos 136:161), el del juez Repetto, en el año 1934, en el precedente "Avico, Oscar" (Fallos 172:21) o el del juez Boffi Boggero, en el año 1960, en el precedente "Cine Callao" (Fallos 247:121 [22]).
29) Que resulta necesario establecer criterios de corrección para una interpretación estable, compatible con los valores constitucionales y apta para constituirse en una base sólida para el futuro de la Nación.
Las reglas de la Constitución han sido expresadas con sabia amplitud para permitir su adaptación a los tiempos, pero esta labor no debe desnaturalizar los valores y principios, ya que siempre debe buscarse la coherencia sobre la base de que no hay un sistema jurídico emergencial o de hecho extraño al que tiene como base la Carta Magna.
Es un principio que todos los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad humana, y que esta Corte debe tutelar. El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio, debe ser protegido por los jueces, cualesquiera sean las finalidades lícitas que persiga el depositante. Esta regla es la base de la tranquilidad que nuestro pueblo tiene derecho a gozar en una sociedad organizada, es el fundamento del respeto recíproco y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado en el marco de instituciones estables.
30) Que también cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo más de setenta años.
Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico.
Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario volver a la normalidad.
Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento.
Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho.
NOTAS:
(1) LA 2002-A-86 - (2) LA 2002-A-44 - (3) LA 2001-D-4959 - (4) LA 2002-A-75 - (5) LA 2002-A-78 - (6) t.o. 1981, LA 1981-B-1472 - (7) ALJA 1853-1958-1-14 - (8) JA 1992-I-790 - (9) LA 1995-A-26 - (10) JA 74-209 - (11) JA 1952-II-134 - (12) JA 1958-II-343 - (13) JA 18-818 - (14) JA 48-698 - (15) JA 50-715 - (16) LA 2004-D-4687 - (17) LA 2003-D-4160 - (18) LA 1991-A-100 - (19) JA 8-263 - (20) JA 1944-III-793 - (21) JA 1991-II-556 - (22) JA 1960-IV-405.

Fallo "Consumidores Argentinos"

Consumidores Argentinos v. Estado Nacional -Poder Ejecutivo-
19/05/2010
Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Bibliografía NO obligatoria sobre el tema
- Nota en La Nación de Roberto Gargarella
- Comentario de Gustavo Arballo
- Nota del Centro de Información Judicial
- Hernán Gullco: Decretos de necesidad y urgencia (ponencia en jornadas de Igualitaria)
- Ley 26.122

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Texto completo

Buenos Aires, mayo 19 de 2010.

Considerando:

1) Que "Consumidores Argentinos, Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor" promovió acción de amparo, en los términos del art. 43 , CN y ley 16986 , contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 558/2002 , en cuanto modifica en forma sustancial la ley 20091 de Entidades de Seguros y su Control; y "lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional", en concreto los previstos en sus arts. 17 , 18 , 42 , 75 , inc. 12, y 109 . Puso de resalto, por un lado, que el art. 1 , decreto 558/2002 incorporó, a continuación del párr. final del art. 29 , ley 20091, la posibilidad de que las aseguradoras, ante una situación de iliquidez transitoria, realicen y constituyan deuda subordinada a los privilegios generales y especiales derivados de los contratos de seguro; y por otro lado, que el art. 2 del decreto impugnado sustituyó el art. 31 de la ley por la disposición que establece cesiones de cartera sin la exigencia de la publicidad, la exclusión de activos de la aseguradora, la imposibilidad de iniciar actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos y de trabarse medidas cautelares sobre dichos activos. En el plano sustancial, tales modificaciones, según su criterio, provocan, concretamente, las siguientes alteraciones: i) privan de ejercer el derecho de oposición fundada en un caso de transferencia de cartera y, en consecuencia, atentan contra el art. 42 , CN; ii) permiten la exclusión de activos de la aseguradora sin dar ninguna noticia a los asegurados, en violación al derecho de propiedad (art. 17 , CN); iii) restringen el ejercicio del derecho a ejecutar al deudor en sus activos por deudas impagas con afectación del derecho de propiedad (art. 17 , CN); iv) limitan la traba de medidas cautelares sobre los bienes del deudor e imponen a los jueces la obligación de ordenar el levantamiento de las medidas trabadas sobre los bienes excluidos por voluntad de las empresas aseguradoras, en violación a los derechos de propiedad y de igualdad, al debido proceso y al principio de división de poderes (arts. 17 , 18 y 109 , CN); v) eliminan la autorización judicial para solicitar la anulación de actos ineficaces y permitir la exclusión de los activos aun cuando exista un estado de insolvencia, atentando contra los derechos de propiedad y de igualdad, del debido proceso y del principio de división de poderes (arts. 17 , 18 y 109 , CN); vi) limitan el derecho de los acreedores de la aseguradora respecto de los bienes excluidos de su patrimonio, lo cual es violatorio de los derechos de propiedad, de igualdad y de la garantía del debido proceso. Respecto de la índole de la disposición normativa utilizada por el Poder Ejecutivo Nacional para introducir las modificaciones controvertidas, sostuvo que no se hallaban configurados los recaudos que habilitan el ejercicio de la potestad para dictar decretos de necesidad y urgencia.

Más que urgencia -dijo-, hubo "lisa y llanamente la intención del Poder Ejecutivo Nacional de brindar un `salvataje' al sector empresario del seguro más comprometido en su situación patrimonial" (fs. 6 vta.).

2) Que la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al confirmar la sentencia del juez de primera instancia, hizo lugar a la demanda. En su decisión sostuvo que no basta que la situación sea de emergencia, sino que debe haber una circunstancia excepcional en grado tal de hacer imposible el trámite legislativo, y que en el caso, si bien se había dado lo primero, no se cumplía con lo segundo, toda vez que el Congreso Nacional se encontraba en sesiones. Asimismo, señaló que el decreto contiene normas de regulación permanente, modificatorias de leyes del Congreso Nacional, las que traducen un apartamiento de los derechos reconocidos por los arts. 14 , 17 , 18 y 42 , CN.

3) Que contra esa decisión, el demandado dedujo recurso extraordinario (fs. 211/225, replicado a fs. 228/ 229), que fue concedido (fs. 233). Los agravios han sido adecuadamente reseñados en el pto. II del dictamen de la procuradora fiscal, al que cabe remitir para evitar repeticiones innecesarias.

4) Que el remedio federal es admisible, toda vez que se halla en tela de juicio el alcance, la interpretación y la validez constitucional de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional -de inequívoca naturaleza federal-, a la luz del art. 99 , inc. 3, Ley Fundamental (art. 14 , incs. 1 y 3, ley 48).

5) Que en cuanto a la constitucionalidad de este tipo de decretos resulta de suma trascendencia fijar los requisitos que se deben cumplir a los efectos de considerarlos válidamente emitidos.

A tal fin es necesario recordar los propósitos que guiaron a los convencionales constituyentes de 1994 al resolver incorporar a la Constitución Nacional en forma expresa la facultad que se analiza.

El dato relevante para la decisión fue la sistemática extralimitación del ejercicio de tal facultad por parte de los titulares del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que la Constitución formal no receptaba norma alguna en tal sentido, la realidad institucional mostraba aquella tendencia y su consecuencia natural, que no era otra que el debilitamiento del sistema republicano democrático. Por tal razón, y con la convicción de que el ejercicio legítimo del poder y la plena vigencia de las instituciones requieren la optimización del accionar político mediante la incorporación de reglas de estructura y funcionamiento que garanticen la transparencia, la celeridad y la eficacia, los convencionales constituyentes consideraron conveniente reglar en forma explícita aquella facultad, sustentando tal decisión en la necesidad de introducir parámetros de interpretación restrictiva y que se adecuen a las normas, valores y principios del sistema constitucional argentino (debate parlamentario de la ley 24309 de Declaración de la Necesidad de la Reforma -Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación-, 21 y 22/12/1993 -ps. 4093/4110-).

En tal sentido, la reforma constitucional enunció entre sus objetivos el de "atenuar el presidencialismo", al mismo tiempo que consignó la necesidad de "modernizar y fortalecer el Congreso" y "fortalecer los mecanismos de control", todo ello directamente relacionado con el fin de "perfeccionar el equilibrio de poderes". La metodología a la que se acudió fue la de incorporar ciertas facultades excepcionales de los poderes constituidos, con el fundamento de que aquello significaba la institucionalización de los mecanismos de control a los que se los sometía.

En el debate constituyente, el convencional García Lema, en oportunidad de referirse a aspectos de la reforma constitucional, manifestó que "los contenidos del Núcleo de Coincidencias Básicas responden, al igual que la habilitación de los temas que están incluidos en el art. 3 de la ley declarativa, a ciertas finalidades, a ciertas ideas-fuerza, que constituyen los grandes objetivos de la presente reforma. La primera es sin duda la necesidad de obtener una consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático... La segunda gran idea-fuerza es generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial-; y a ella responden, a su vez, la atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso, la mayor independencia del Poder Judicial" (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, t. II, Santa Fe-Paraná, Secretaría Parlamentaria, 1994, ps. 2210/2211).

En línea con los conceptos de que da cuenta el párrafo anterior, el convencional Paixao señaló que "...dos realidades de nuestra historia institucional justifican por sí solas -y en forma suficiente- la reforma de la Constitución Nacional... Se trata de dos realidades que encarnan dos formas distintas de concentración del poder en nuestra Constitución histórica y en la vida institucional de esa Constitución... Una de ellas está vinculada con la concentración de poder en el Poder Ejecutivo Nacional...". Por ello, continuó diciendo, el conjunto de reformas "...significa asumir como hecho que la actual etapa histórica de la Argentina no es la etapa del hiperpresidencialismo al servicio de la organización nacional, sino la de un a descentralización del poder que posibilite un avance armónico y por consenso de la mayor cantidad posible de integrantes de la sociedad política..." (Diario de Sesiones cit., t. II, ps. 2211/2212).

Por su parte, el convencional Alfonsín sostuvo que la intención del constituyente fue la de "...atenuar el presidencialismo y desconcentrar las facultades del presidente"; y que al sancionar estas reformas buscó "...evitar la degradación de la democracia y de las instituciones que ponía en peligro nuestra República...". Agregó, refiriéndose a la concentración de poder en el Ejecutivo, que "...Dicha concentración de poder distorsiona la representatividad y el sistema de separación de poderes, y debilita el control de la validez y legitimidad de las acciones del Ejecutivo por parte de los otros poderes del Estado..." (Convención Nacional Constituyente, 1994, Ministerio de Justicia de la Nación, t. V, ps. 5155/5156).

6) Que la interpretación de la Constitución Nacional, en cuanto regula los decretos de necesidad y urgencia, debe ajustarse a los principios del estado constitucional. Ello es así porque los constituyentes decidieron sujetarse a unos principios fundamentales para convivir en sociedad, pensados para que sean perdurables e inmunes a las tentaciones de cambiarlos frente a las previsibles mudanzas de opinión. Este común sentir se edifica sobre algunas bases que deben ser aceptables para quienes están distanciados por una controversia particular, que lo serán en los conflictos subsiguientes cuando cambien sus posiciones de poderío o debilidad y que serán aplicadas por las generaciones futuras porque se habrán transformado en una práctica constitucional consolidada.

7) Que el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial.

8) Que todo lo aquí expuesto no permite albergar dudas en cuanto a que la Convención reformadora de 1994 pretendió atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial (conf., en igual sentido, "Verrocchi", Fallos 322:1726 , y sus citas). De manera que es ese el espíritu que deberá guiar a los tribunales de justicia tanto al determinar los alcances que corresponde asignar a las previsiones del art. 99 , inc. 3, CN, como al revisar su efectivo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional en ocasión de dictar un decreto de necesidad y urgencia.

9) Que, en este orden de ideas, es menester señalar que en el referido art. 99 , inc. 3, se establece que el Poder Ejecutivo sólo podrá emitir disposiciones de carácter legislativo "...cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos". Estos decretos "...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros".

A continuación, en el párr. final, la norma constitucional regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a una Comisión Bicameral Permanente del Congreso, y para su tratamiento en ambas Cámaras.

Allí se establece que "...el jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso".

En el mismo sentido el art. 100 , inc. 13, dispone que corresponde al jefe de Gabinete "Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia..."; y establece que aquel funcionario "...someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente".

10) Que el texto transcripto es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país ("Verrocchi" ). Así, para el ejercicio válido de esta facultad de excepción, el constituyente exige -además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo- que la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia.

11) Que en lo que respecta a la existencia de un estado de necesidad y urgencia, es atribución de este tribunal evaluar, en este caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos.

Si esta Corte, en ejercicio de esa facultad de control ante el dictado por el Congreso de leyes de emergencia, ha verificado desde el precedente de Fallos 136:161 ("Ercolano") la concurrencia de una genuina situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad -esto es, corroborar que la declaración del legislador encuentre "debido sustento en la realidad"- (Fallos 172:21 -"Avico"-; 243:449 -"Nadur"-; 313:1638 -"Videla Cuello"-; 330:855 -"Rinaldi"-, entre muchos otros), con mayor razón debe ejercer idéntica evaluación respecto de las circunstancias de excepción cuando ellas son invocadas unilateralmente por el presidente de la Nación para ejercer facultades legisferantes que por regla constitucional no le pertenecen (arts. 44 y 99 , inc. 3, párr. 2, CN).

En este aspecto, no puede dejar de advertirse que el constituyente de 1994 explicitó en el art. 99 , inc. 3, del texto constitucional estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del presidente de la Nación. El Poder Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables; en estos casos, la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima.

12) Que, por lo demás, corresponde aclarar que la previsión en el texto constitucional de pautas susceptibles de ser determinadas y precisadas en cada caso concreto autoriza al Poder Judicial a verificar la compatibilidad entre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo y la Constitución Nacional, sin que ello signifique efectuar una valoración que reemplace a aquella que corresponde al órgano que es el competente en la materia o invada facultades propias de otras autoridades de la Nación.

En ese sentido, ha afirmado esta Corte desde siempre que es un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres altos poderes políticos independientes y soberanos en su esfera, pero siempre respetando las atribuciones de cada uno de ellos ("Criminal v. Ríos, Ramón y otro", Fallos 1:32); específicamente referido a las atribuciones del Poder Judicial, el senador Zapata, miembro informante en el Senado de la Naciónla Justicia Federal, antecedente de la ley 27 del Proyecto de Ley de Organización de , sostenía en 1857 que el poder de los jueces federales "emana del derecho que tienen de fundar sus fallos en la Constitución con preferencia a las leyes o, en otros términos, de no aplicar las leyes que les parezcan inconstitucionales, y de juzgar también la constitucionalidad de los actos gubernativos... Este inmenso poder público que a primera vista y en tesis general podría parecer muy alarmante y peligroso, no lo es en realidad desde que se tenga en cuenta que los jueces federales se han de mover siempre dentro de la órbita en que está encerrado todo Poder Judicial" (Cámara de Diputados de la Nación, Silva, Carlos A., "El Poder Legislativo de la Nación Argentina", t. VI, p. 97).

13) Que una vez admitida la atribución de este tribunal de evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales características, cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.

En el precedente "Verrocchi" esta Corte resolvió que para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (consid. 9).

14) Que este caso se refiere a un decreto dictado con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente a la que hace referencia el art. 99 , inc. 3, Ley Fundamental que, por la materia que aborda -de naturaleza comercial- no trata de una de las prohibidas por el texto constitucional.

Que a los efectos de evaluar en el sub examine la existencia de un estado de necesidad y urgencia, mediante el decreto 558/2002 el Poder Ejecutivo -como ya se indicó- introdujo diversas modificaciones a las previsiones de la ley 20091 .

En concreto, incorporó un párr. final al art. 29 de esa ley, por el cual se faculta a la Superintendencia de Seguros de la Nación a eximir a las aseguradoras de la prohibición del inc. g de ese mismo precepto legal ante situaciones de iliquidez transitoria (art. 1 ); sustituyó los textos de los arts. 31 y 86 , inc. a, de la ley (arts. 2 y 3 ); e incorporó un párr. final al art. 33 de aquélla (art. 4 ).

En la motivación del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley 25561 había modificado sustancialmente el "...escenario económico del país, que incluye al mercado del seguro, de gran implicancia en las economías individuales, de la producción, de las personas y de la seguridad social" (consid. 1); y que las medidas derivadas de la referida ley habían afectado "...significativamente a la operatoria que desarrollan las entidades aseguradoras"; de modo que resultaba "...perentorio e impostergable" dictar normas que permitieran a la Superintendencia de Seguros de la Nación, como organismo de control de la actividad, "...manejar distintas alternativas de regularización y saneamiento del mercado, en resguardo de los intereses de los asegurados" (consid. 2). Al mismo tiempo, tras tener en cuenta "...el impacto de las últimas medidas económicas dictadas", consideró "...procedente habilitar a las compañías para que puedan recurrir al crédito en situaciones de iliquidez" y autorizarlas "...bajo determinadas condiciones a recurrir al crédito subordinado a los privilegios de los asegurados" (consid. 3). Asimismo, señaló que resultaba necesario reforzar las facultades y atribuciones del mencionado organismo de control para "...posibilitar su eficaz y oportuna intervención en los procesos de reestructuración de entidades de seguros" (consid. 4).

Empero, en cuanto aquí más interesa, el Poder Ejecutivo destacó que "...la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país, en la que se desenvuelve el mercado asegurador, configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto" (consid. 5), a cuyo fin invocó "...las atribuciones conferidas por el art. 99 , inc. 3, del texto constitucional" (consid. 7).

Por lo demás, cabe señalar que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la ley 20091 no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que, por el contrario, revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional.

En estas condiciones, cabe concluir en la invalidez del decreto cuestionado en el sub lite, por cuanto no han existido las circunstancias fácticas que el art. 99 , inc. 3, CN describe con rigor de vocabulario (conf. "Verrocchi" , consid. 10).

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la procuradora fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas.

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.- Ricardo L. Lorenzetti.- E. Raúl Zaffaroni.- Carlos S. Fayt.- Por su voto: Elena I. Highton de Nolasco.- Juan C. Maqueda.- Carmen M. Argibay.- Enrique S. Petracchi.

VOTO DE LA DRA. HIGHTON DE NOLASCO.

Considerando:

Que la infrascripta concuerda con los consids. 1 a 13 del voto que encabeza este pronunciamiento, que se dan íntegramente por reproducidos.

14) Que en este caso el decreto cuestionado -de naturaleza comercial- no aborda una de las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.

Por otra parte, la norma cuestionada fue dictada con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente a la que hace referencia el art. 99 , inc. 3, CN. Esta circunstancia habilita a este tribunal -ante la inexistencia del debido control legislativo exigido por la Ley Fundamental- a evaluar el presupuesto fáctico -la configuración de un estado de necesidad y urgencia- que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos.

15) Que, en el marco de este análisis y a efectos de evaluar en el sub examine la existencia de un estado de necesidad y urgencia, mediante el decreto 558/2002 el Poder Ejecutivo -como ya se indicó- introdujo diversas modificaciones a las previsiones de la ley 20091 . En concreto, incorporó un párr. final al art. 29 de esa ley, por el cual se faculta a la Superintendencia de Seguros de la Nación a eximir a las aseguradoras de la prohibición del inc. g de ese mismo precepto legal ante situaciones de iliquidez transitoria (art. 1 ); sustituyó los textos de los arts. 31 y 86 , inc. a, de la ley (arts. 2 y 3 ); e incorporó un párr. final al art. 33 de aquélla (art. 4 ). En la motivación del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley 25561 había modificado sustancialmente el "...escenario económico del país", que incluye al mercado del seguro, "de gran implicancia en las economías individuales, de la producción, de las personas y de la seguridad social"; y que las medidas derivadas de la referida ley habían afectado "...significativamente" a la operatoria de las entidades aseguradoras de modo que resultaba "perentorio e impostergable" dictar normas que permitieran a la Superintendencia de Seguros de la Nación, como organismo de control de la actividad, "...manejar distintas alternativas de regularización y saneamiento del mercado, en resguardo de los intereses de los asegurados". Al mismo tiempo, tras tener en cuenta "...el impacto de las últimas medidas económicas dictadas", consideró "...procedente habilitar a las compañías a que puedan recurrir al crédito en situaciones de iliquidez"; y autorizarlas "...bajo determinadas condiciones a recurrir al crédito subordinado a los privilegios de los asegurados".

Asimismo, señaló que resultaba necesario reforzar las facultades y atribuciones del mencionado organismo de control para "...posibilitar su eficacia y oportuna intervención en los procesos de reestructuración de entidades de seguros".

16) Que el decreto 558/2002 fue dictado en el contexto de acontecimientos políticos, sociales y económicos que dieron lugar a una de las crisis más agudas en la historia contemporánea de nuestro país, hecho público y notorio cuya gravedad fue reconocida por el tribunal en reiterados pronunciamientos (Fallos 328:690, "Galli"; 330:855, "Rinaldi"; y 330:5345, "Longobardi", entre otros).

Sin embargo, las presentaciones efectuadas por el Estado Nacional en el curso del proceso no aportan ningún elemento que permita al tribunal llegar a la convicción de que el complejo contexto económico general en el que fue dictado el precepto impugnado haya afectado al sector asegurador de forma tal que exigiera, a los efectos de salvaguardar los intereses generales de la sociedad, un reordenamiento y regularización que no pudiera ser implementado por los cauces ordinarios que la Constitución prevé. Máxime si se repara en que el decreto examinado contiene disposiciones de regulación permanente sobre la actividad mencionada -materia propia del poder de policía que ejerce el legislador-, cuya aplicación excedería a la situación de emergencia en la que se pretende justificar su dictado.

En este contexto, no es posible concluir en que en el caso se tornaba necesaria la adopción de medidas inmediatas, pues no se ha demostrado el riesgo existente en el sector, que no sólo afectase a las entidades aseguradoras sino que, en atención al interés general que la actividad involucra, pudiera repercutir en el universo de los asegurados y en el resto de la sociedad.

Por tales razones, no cabe tener por configurada en el sub examine -tal como lo postuló el decreto impugnado en sus considerandos- la existencia de las circunstancias fácticas que el art. 99 , inc. 3, CN describe con rigor de vocabulario (conf. doctrina de la causa "Verrocchi" antes citada, consid. 10), circunstancia que pone de manifiesto la invalidez constitucional del decreto impugnado.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la procuradora fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DEL DR. MAQUEDA.

Considerando:

Que el infrascripto concuerda con los consids. 1 a 13 del voto que encabeza este pronunciamiento, que se dan íntegramente por reproducidos.

14) Que en este caso el decreto cuestionado fue dictado con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente a la que hace referencia el art. 99 , inc. 3, CN, sin que existan constancias o manifestaciones del recurrente, durante el curso del proceso, de que ese acto haya sido ratificado por el Poder Legislativo.

En nuestro sistema constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa.

Por lo tanto, no cabe sino concluir en que los actos emanados del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades conferidas en la disposición aludida sólo pueden identificarse con una ley a partir de su ratificación por aquél, pues es desde ese momento, y no antes, que existe la voluntad legislativa plasmada en una norma (arg. Fallos 331:1927, "Caligiuri", disidencia del juez Maqueda).

En consecuencia, la ausencia en el sub examine de una intervención legislativa que permita inferir la voluntad del Congreso Nacional de ratificar o derogar el decreto 558/2002 , resulta suficiente para determinar su invalidez constitucional. Ello es así, pues no se encuentra cumplida una de las condiciones que resultan exigibles para admitir la legalidad del ejercicio de la excepcional atribución concedida al Poder Ejecutivo, para el caso de decretos dictados con anterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente regulados en el art. 99 , inc. 3, CN (Fallos 331:1927, cit.).

15) Que, sin perjuicio de ello, cabe advertir que el decreto aquí examinado tampoco supera un test de validez constitucional fundado en el examen de la concurrencia de razones de necesidad y urgencia. Al respecto, creo oportuno reiterar que fue intención de los convencionales constituyentes al sancionar la reforma constitucional fijar rigurosos límites al Poder Ejecutivo en materia de decretos de necesidad y urgencia, con el objeto de establecer frenos formales al voluntarismo presidencial imperante en la materia con anterioridad al año 1994.

En este sentido, resulta oportuno citar nuevamente la opinión del miembro informante por la mayoría, convencional García Lema, que con el objeto de justificar la decisión adoptada en la materia, sostuvo que "...Correspondió entonces discernir si era conveniente que los decretos de necesidad y urgencia se mantuviesen como una práctica paraconstitucional, reconocida por sectores importantes de la doctrina y de la jurisprudencia o si debían ser reglamentados en la propia Constitución. Se optó por esta segunda solución porque parece lógico que aun las cuestiones que ofrecen dificultades para su tratamiento constitucional, sean previstas en la ley fundamental pese a los conflictos que se generen...".

Agregó dicho convencional que "...La ventaja principal de reglamentar los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución es que permite delinearlos sujetos a determinados procedimientos que importarán profundas modificaciones respecto de las prácticas anteriores. Así la necesidad de que el presidente de la Nación deba dictarlos en acuerdo general de ministros; que el jefe de Gabinete, además de suscribir ese decreto, deba exponerlo personalmente ante la Comisión Bicameral de control que se creará en esta materia; que luego la comisión tenga un tiempo también abreviado de diez días para expedirse y que la cuestión sea sometida a los plenarios de las Cámaras para que decidan expresamente sobre ella parecen mecanismos que innovan profundamente sobre las mencionadas prácticas anteriores" (Diario de Sesiones cit., t. II, ps. 2217/2218).

A su vez, el convencional Ortiz Pellegrini al analizar el texto propuesto para la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, manifestó que "...En la etapa procedimental podemos distinguir dos subetapas: la ejecutiva y la legislativa... En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo que (con remisión expresa al art. 82 , CN) tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio y, la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta, que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como consentimiento al Poder Ejecutivo. El caso `Peralta' ha fenecido, ha muerto. Y, en este sentido, no dudo de que prestamos un enorme servicio a la Argentina y al funcionamiento democrático de mi país. De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso debe, necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad" (Diario de Sesiones cit., t. II, ps. 2451/2453).

16) Que es por ello evidente que el texto del art. 99 , inc. 3, CN ha establecido, como principio general, que el presidente tiene prohibido dictar normas de sustancia legislativa. En consecuencia, la regla que gobierna todo lo relacionado con los decretos de necesidad y urgencia es que están prohibidos "bajo pena de nulidad absoluta e insanable". Dicho principio sólo podrá ceder, según el propio texto constitucional, frente a una circunstancia excepcional que hiciere "imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes".

En este punto, no es ocioso reiterar que el texto constitucional no habilita a concluir en que la necesidad y urgencia a la que hace referencia el inc. 3 del art. 99 sea la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda, habitualmente de origen político circunstancial, sustituyendo al Congreso de la Nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia.

Aun así, la realidad de la praxis constitucional muestra que el Poder Ejecutivo no se siente condicionado por la norma suprema, ni por principios tales como la división de poderes, la forma republicana de gobierno, la distribución de competencias y los controles interórganos, entre otros (Fallos 331:1927 cit.).

17) Que debe reiterarse que es al Poder Judicial a quien incumbe en cada caso concreto puesto a su consideración ponderar si existe verdaderamente un estado de necesidad y urgencia que habilite el ejercicio de las facultades legislativas extraordinarias atribuidas al presidente de la Nación. Esta responsabilidad implica ejercer una facultad fiscalizadora de modo claro y rotundo respecto de la preexistencia de la situación invocada por el Poder Ejecutivo, cuya resistencia a reconocer tal atribución ha sido históricamente rechazada por la más calificada doctrina.

Así, la competencia para controlar jurídicamente las circunstancias que motivan este tipo de decreto ya había sido sostenida por Hans Kelsen, quien aseguraba que "el control de su constitucionalidad es bastante importante pues toda violación de la Constitución significa, a este respecto, una alteración a la línea que divide a las esferas del gobierno y del Parlamento, tan importante políticamente. Mientras más estrictas son las condiciones en que la Constitución los autoriza, más grande es el peligro de una aplicación inconstitucional de estas disposiciones, y tanto más necesario un control jurisdiccional de su regularidad. La experiencia enseña, en efecto, que donde quiera en que la Constitución autoriza tales reglamentos, su constitucionalidad es siempre, con o sin razón, apasionadamente discutida" (Kelsen, Hans, "La garantía jurisdiccional de la Constitución", edición de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, ps. 61/62).

En el mismo sentido autorizada doctrina constitucional argentina ha afirmado la posibilidad de efectuar una valoración judicial respecto de las razones de necesidad y urgencia que alega el Poder Ejecutivo al dictar un decreto invocando las facultades del art. 99 , inc. 3, CN. Germán Bidart Campos ha señalado que las excepciones contempladas en el artículo citado "...han de recibir una interpretación sumamente estricta para no desvirtuar el principio general prohibitivo. Ello nos da pie, a la vez, para afianzar la necesidad de que los controles políticos y el control judicial de constitucionalidad no se inhiban sino que, al contrario, se ejerzan en plenitud e intensamente, a efecto de que las excepciones no se utilicen para burlar las prohibiciones..." (Bidart Campos, Germán, "Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino", t. II-B, p. 213). Agrega que la justicia debe diagnosticar con objetividad y buena fe cuando se producen las circunstancias excepcionales que tornan imposible seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes (Bidart Campos, Germán, "Manual de la Constitución reformada", t. III, p. 254). También Miguel Á. Ekmekdjian, en su "Tratado de Derecho Constitucional", t. V, p. 97, advierte que la retracción del control del Poder Judicial respecto de los decretos de necesidad y urgencia habilita al Poder Ejecutivo a dictar por decreto el Código Civil, el Código de Comercio o las leyes laborales ante la probable pasividad del Congreso. Alberto Spota, por su parte, afirma que reconocer la atribución que la Constitución otorga a los tribunales federales para juzgar la validez de los decretos de necesidad y urgencia es una expresión del principio de supremacía constitucional ("La Corte Suprema de Justicia de la Nación como parte del poder político del Estado", LL 1990-B-979).

18) Que, a efectos de evaluar en el sub examine la existencia de un estado de necesidad y urgencia, procede recordar que el decreto 558/2002 fue dictado en el contexto de acontecimientos políticos, sociales y económicos que dieron lugar a una de las crisis más agudas en la historia contemporánea de nuestro país, hecho público y notorio cuya gravedad fue reconocida por el tribunal en reiterados pronunciamientos (Fallos 328:690, "Galli"; 330:855, "Rinaldi"; y 330:5345, "Longobardi", entre otros). Sin embargo, las presentaciones efectuadas por el Estado Nacional en el curso del proceso no aportan ningún elemento que permita al tribunal llegar a la convicción de que el complejo contexto económico general en el que fue dictado el precepto impugnado haya afectado al sector asegurador de forma tal que exigiera, a efectos de salvaguardar los intereses generales de la sociedad, un reordenamiento y regularización que no pudiera ser implementado por los cauces ordinarios que la Constitución prevé. Máxime si se repara en que el decreto examinado contiene disposiciones de regulación permanente sobre la actividad mencionada -materia propia del poder de policía que ejerce el legislador-, cuya aplicación excedería a la situación de emergencia en la que se pretende justificar su dictado.

En este contexto, no es posible concluir en que en el caso fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas pues más allá de la situación particular de cada empresa aseguradora, no se advierte cuál era el riesgo existente en el sector que pudiera comprometer el interés general y repercutiera en el universo de los asegurados y el resto de la sociedad.

Por tales razones, no cabe tener por configurada en el sub examine -tal como lo postuló el decreto impugnado- la existencia de las circunstancias fácticas que el art. 99 , inc. 3, CN describe con rigor de vocabulario (Fallos 322:1726 cit.).

19) Que todo lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto la invalidez constitucional del decreto 558/2002 en tanto no constituye -por ausencia de ratificación del Congreso- un acto complejo en el que concurran la voluntad del Poder Ejecutivo con la del Poder Legislativo (confr. Fallos 331:1927 cit.), circunstancia a la que cabe agregar la ausencia de la situación excepcional de necesidad y urgencia que prescribió el constituyente de 1994.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la procuradora fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas.

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DE LA DRA. ARGIBAY.

Considerando:

Que la infrascripta concuerda con los consids. 1 a 10 del voto que encabeza este pronunciamiento, que se dan íntegramente por reproducidos.

11) Como ya lo he expresado al expedirme en el precedente "Massa" (Fallos 329:5913 ), el art. 99 , inc. 3, párr. 2, CN, establece la siguiente prohibición general: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". El presidente, por ser el funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo (art. 87 , CN) está especialmente alcanzado por esta prohibición.

Por lo tanto, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada, a saber, la descripta en los párrs. 3 y 4 del art. 99 , inc. 3, CN, ya transcriptos en el consid. 9 del presente fallo.

12) De acuerdo con los propios términos del decreto 558/2002 , resulta inequívoco que se trata de una disposición de carácter legislativo, lo cual por otro lado es patente si se tiene en cuenta que introdujo modificaciones permanentes a las reglas establecidas por la ley 20091 , denominada "Ley de Entidades de Seguros y su Control".

Ahora bien, en el presente caso y luego del dictado del decreto impugnado no tuvo lugar nada similar al procedimiento legislativo previsto en el párr. 3 del art. 99 , inc. 3, CN y, por lo tanto, no hubo pronunciamiento oportuno por parte de las Cámaras del Congreso.

Respecto de esto último, no se me escapa que por la época del decreto 558/2002 , el Congreso no había dictado ninguna disposición organizando el funcionamiento de la Comisión Bicameral mencionada en el art. 99 , inc. 3, CN, situación que se mantuvo hasta que en el año 2006 entró en vigencia la ley 26122 . Tengo también presente la opinión según la cual esta demora del Congreso habría habilitado al presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia sin seguir el procedimiento constitucional, pues lo contrario implicaría acordar a uno de los poderes (el Legislativo) la posibilidad de bloquear indefinidamente el ejercicio de una atribución que es propia de otro poder (el Ejecutivo) (Fallos 320:2851 , "Rodríguez", consid. 13, y Fallos 322:1726, "Verrocchi" , disidencia de los jueces Nazareno, Moliné O'Connor y López, especialmente consids. 8 y 9).

Dada la aceptación que ha ganado este argumento, diré brevemente por qué creo que no es plausible.

13) Ante la ausencia de la ley reglamentaria mencionada en el art. 99 , inc. 3, CN, dos estándares distintos pueden adoptarse como base para juzgar sobre la validez de las disposiciones legislativas dictadas por el presidente conocidas como "decretos de necesidad y urgencia", a saber, o bien uno que parte de la presunción de constitucionalidad o, por el contrario, otro que presume su inconstitucionalidad. El primero se apoya en el supuesto cumplimiento de la norma excepcional permisiva (art. 99 , inc. 3, párrs. 3 y 4), mientras que el segundo se apoya en el desconocimiento del principio general prohibitivo (art. 99 , inc. 3, párr. 2). Ambas posiciones tienen sus implicancias: la primera, que el Congreso, mediante una demora indefinida en dictar la ley reglamentaria, tendría la posibilidad de transformar la excepción en regla y, de ese modo, acordar al presidente una amplitud de atribuciones que la Constitución quiso negarle; la segunda, que, mediante esa misma demora, el Congreso logre la cancelación o restricción máxima de las atribuciones excepcionales acordadas al presidente.

Como puede apreciarse, no hay opciones libres de implicancias y es en ese contexto que me inclino por tomar como punto de partida el sistema constitucional tal como fue creado: si el ejercicio de la función legislativa por el presidente está condicionado al cumplimiento del procedimiento previsto en el art. 99 , inc. 3, párrs. 3 y 4, CN, y no se ha probado en el caso que dicha condición se haya cumplido, entonces las disposiciones legislativas dictadas por el presidente no consiguen superar la pena establecida por la misma Constitución, esto es, su nulidad absoluta e insanable.

Ésta es la decisión que entiendo más acorde con los propósitos que inspiraron la acción de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Por otra parte, una demora legislativa no era del todo imprevisible para el constituyente, si se tiene en cuenta que no fijó plazo alguno para la sanción de la ley reglamentaria -como sí lo hizo en otros temas- y la sometió a una mayoría calificada que es, obviamente, más difícil de alcanzar. No puede decirse lo mismo de la interpretación con la cual discrepo, que desemboca en una continuidad sin mayores cambios del estado de cosas reinante hasta 1994, como si nunca hubiese habido una Convención Constituyente que sancionó normas constitucionales con el fin de atenuar el presidencialismo; atenuación que sólo puede ser entendida en relación con la situación anterior.

En consecuencia, no habiéndose cumplido con el mecanismo constitucional propio de la excepción, el decreto 558/2002 debe reputarse dictado en transgresión al principio general establecido en el art. 99 , inc. 3, párr. 2, CN.

14) Por todo lo expuesto, corresponde declarar que el decreto 558/2002 es absoluta e insanablemente nulo en los términos del art. 99 , inc. 3, párr. 2, CN.

Por ello, y habiendo dictaminado la procuradora fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con Costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DEL DR. PETRACCHI.

Considerando:

1) Que la sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado que el decreto "de necesidad y urgencia" 558/2002 estaba viciado de nulidad absoluta e insanable (conf. fs. 137/139 vta. y 205/ 208 vta.).

Contra esa sentencia la parte demandada interpuso recurso extraordinario (fs. 211/225 vta.), que fue bien concedido por el a quo con fundamento en el art. 14 , inc. 1, ley 48 (fs. 233).

2) Que resulta indiscutible que el PEN dictó el decreto 558/2002 como decreto de necesidad y urgencia (art. 99 , inc. 3, CN). En los considerandos del decreto se menciona que "la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país... configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional, para la sanción de las leyes, resultando de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto". Después se indica "que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por art. 99 , inc. 3, CN".

3) Que, a la luz de lo expresado en el voto del juez Petracchi en la causa "Verrocchi" (Fallos 322:1726, 322:1738), que se da aquí por reproducido, corresponde concluir en la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 558/2002. En efecto, como se sostuvo en aquel voto, la vía establecida en el art. 99 , inc. 3, CN exigía que el Congreso sancionara la "ley especial" que hiciera operativo el articulado, sin que correspondiese discutir las bondades del criterio elegido, pues el tribunal sólo debía atender a su significado y a sus consecuencias. Hasta que no fue sancionada la ley que reclamaba el art. 99 , inc. 3, CN no podía cumplirse con la "subetapa" legislativa prevista por aquélla y ello determinaba la imposibilidad de recurrir a esos remedios de excepción que son los decretos de necesidad y urgencia.

Como se sabe, sólo en el año 2006 fue sancionada la ley especial que la Constitución exigía -que lleva el nro. 26122 -, razón por la cual el decreto de necesidad y urgencia 558/2002 es insanablemente nulo.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la procuradora fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.


1.9.09

Resúmen de Protesta Social - Clase del Miércoles 18 de Mayo del 2011

El derecho frente a la protesta social

Aclaraciones

1) Relación entre derecho y protesta: reacciones del poder público frente a la protesta (especialmente reacciones del Poder Judicial).
La cuestión más importante consiste en el modo en que el poder público trata a los grupos más desaventajados.

2) Protestas: quejas avanzadas por ciertos grupos que ven sus necesidades básicas insatisfechas.

3) Tenemos aquí involucrados muchos de los temas centrales de la filosofía política y la teoría constitucional, como pueden ser: teorías de la democracia, teorías de los derechos, teorías de la justicia, interpretación constitucional.

Jueces y Teoría Democrática

Los conflictos relacionados con la protesta nos remiten a una tensión que vive dentro de la Constitución: el doble compromiso de proteger a las mayorías (aspiraciones democráticas) y resguardar a las minorías (los derechos de cada individuo).
La Constitución nos invita a pensar acerca de cómo colocar esas dos preocupaciones juntas.
Cuando se encuentran frente a un conflicto que involucra la protesta social, los jueces deben expresarse sobre el modo en que ellos mismos piensan la democracia.
La reflexión sobre el conflicto social nos obliga a pensar sobre teoría de la democracia, porque la Constitución argentina está comprometida con el sistema representativo, en su artículo 22 (“el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”).
Los jueces, en términos de protesta, deben hacer una reflexión acerca del significado del artículo 22, pudiendo moverse entre dos extremos:
a) Democracia restringida: limitada, elitista, basada en el principio de la desconfianza (respecto de la discusión pública y de lo que la ciudadanía puede hacer).
b) Democracia inclusiva y amplia: pensada a partir del principio alternativo de la confianza: confianza en el ciudadano, en las capacidades colectivas.

Una de las decisiones más elaboradas que tenemos acerca de cómo tratar la protesta social surgió a partir del caso “Schifrin”, en el que se dijo que la democracia termina en el sufragio y que cualquier otra expresión cívica tiene más que ver con un delito de sedición, o sea, todo lo que va más allá del voto regular pasa a ser un comportamiento que califica como sedicioso.
Ello es alarmante porque, entre otras razones, la Constitución acepta mecanismos de democracia directa, habla del derecho de iniciativa, de la consulta popular, invita a la participación política de la gente.

Si defendiéramos una visión alternativa de la democracia, asociada con un proceso de discusión colectiva preocupado por que todos –y especialmente aquéllos que resultarán más afectados por las decisiones que se tomen- puedan intervenir y decirnos qué piensan sobre aquéllos que está por decidirse, ésta nos sugeriría que cuidemos hasta el último momento posible a esa persona que critica al poder público. Ello justamente porque estamos en una democracia representativa y, como hemos transferido el control de los recursos económicos y el control de las armas al poder político, nos preocupa que éste no abuse de los extraordinarios poderes que le hemos dado.
La idea es que el Poder Judicial debe brindar un resguardo muy especial a la persona que critica al gobierno, en lugar de convertirse, como hoy tiende a hacer, en líder del reproche frente a quienes protestan.
Ante todo, vale la pena que pensemos sobre las dificultades expresivas que tienen muchísimos grupos en nuestro país, y que les impiden hacer conocer a los demás aquéllas cuestiones que más les preocupan. Se trata de cuestiones relacionadas con un problema muy serio: el de las necesidades básicas insatisfechas.
Lo que más importa es que todos los grupos con necesidades básicas insatisfechas, en cualquier provincia o localidad, cuenten con la posibilidad adecuada de hacer conocer sus reclamos al poder público, y de ser atendidos debidamente. Es obvio que no cualquier reclamo debe satisfacerse, pero, en principio, si lo que tenemos frente a nosotros es un reclamo en pos de necesidades básicas elementales, entonces hablamos de reclamos que tienen una jerarquía superior y que merecen una atención muy especial.
Otra reflexión importante que se debe hacer es que quien quiere presentar ideas impopulares queda, en principio fuera del juego de la comunicación, ya que lo único que resulta relevante es el dinero que uno tiene para comprar un espacio en los medios de comunicación o la capacidad que uno tiene para seducir con dinero.

Minorías y Derechos

En principio, el Poder Judicial aparece como el poder mejor capacitado para atender los derechos de las minorías, teniendo la chance de reflexionar con tranquilidad sobre todos los problemas que afectan a los grupos minoritarios.
Si el Poder Judicial se coloca a la vanguardia de la sanción o la persecución de los grupos más débiles de la sociedad, la situación que resulta es trágica.

Interpretar la Constitución

Existen fuertes diferencias de opinión acerca de cómo debiera interpretarse realmente el texto constitucional, por lo cual cuando los jueces nos dicen “decido esto porque lo ordena la Constitución”, siempre tenemos la posibilidad de dudar y preguntarles cuál es su fundamento.
Los jueces encuentran serios problemas a la hora de interpretar la Constitución porque no sólo tienen que pensar en lo que dice la Constitución, sino que deben tener en cuenta todo lo que dice el derecho: las leyes vigentes, las decisiones judiciales anteriores, la doctrina.
Un problema gravísimo es el que tiene que ver con cómo hacemos para poner alguna atadura e impedir que se produzcan abusos respecto de las disímiles soluciones que encuentren los jueces frente a los casos que deben resolver.
Como juez, uno queda con una enorme discrecionalidad a la hora de decidir.
Los jueces se las han ingeniado, con la ayuda de la doctrina, por supuesto, para decir que todo lo relacionado con lo social forma parte de los aspectos “no operativos”, la parte “programática” de la Constitución.
Adviértase que lo que ocurre cuando se dice que los derechos sociales son “programáticos” es, en definitiva, que el Juez pone en el cajón dicho derecho, esperando a que algún día el legislador se acuerde del mismo porque él ha decidido no hacer absolutamente nada al respecto.
En los hechos, los jueces tienen la capacidad de manipular nuestra Constitución a su gusto, haciendo un uso más bien discrecional de sus poderes interpretativos.
Derechos y privilegios

La distinción entre derechos y privilegios es crucial. Un derecho me corresponde tanto a mí como a Usted. Cuando hablamos de privilegios, entonces el poder público puede reaccionar de modo muy distinto, incluso colocando esa demanda a la cola de otras demandas que considera prioritarias.
Frente a un derecho, en cambio, el poder público no tiene discrecionalidad, su obligación es cumplir y hacer todo lo posible para satisfacer ese derecho.
Cuando el gobierno trata las demandas de derechos como si fueran demandas por privilegios, él mismo alimenta la dinámica que, se supone, nos dice, quiere apaciguar.

El límite de los derechos

Si un Juez quiere limitar un derecho que la Constitución me concede, él tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder establecer dicho límite.
Muchos jueces nos dicen: “es que ha ocurrido un choque de derechos”. Y esto es obvio, todos los días se producen “choques de derechos” y cada día tenemos que resolver estas trágicas situaciones frente a dos derechos que disputan por el mismo espacio.
La tendencia actual en cuanto al tratamiento de la crítica, dentro de la jurisprudencia internacional, es que el crítico es el que debe ganar.
Cuando el derecho a la crítica choca contra otros derechos, el derecho a la crítica no tiene que ser el primero, sino el último en ser retirado. Esto no significa que podemos hacer cualquier cosa con la excusa de que estamos criticando al poder. Cuando se critica al poder, allí ocurre algo muy importante, que merece el máximo resguardo y amparo por parte de las autoridades judiciales.
El derecho a la huelga se mantiene, merece ser mantenido, por más de que alguien lleve adelante un comportamiento violento, ese individuo particular podrá ser merecedor de un reproche.
Frente a determinados casos difíciles en que colisionan derechos, en la doctrina y la jurisprudencia se ha comenzado a defender lo que se llaman “regulaciones de tiempo, lugar y modo”. Podemos estar abiertos a ellas, pero en la medida en que ellas custodien y no socaven el derecho que vienen a reglamentar.
La doctrina y la jurisprudencia internacionales han tendido a coincidir en la defensa de lo que se llama “la doctrina de foro público”, por lo cual se dice que las calles, plazas y avenidas son lugares que tradicionalmente han sido usados para la protesta y que merecen por tanto una protección especial.

¿Qué podemos esperar del Poder Judicial?

Repaso de lo dicho: Primero, dijimos que casos como el de la protesta social involucran reflexiones sobre cómo concebimos a la democracia. Vimos que dichas reflexiones suelen aparecer en las decisiones judiciales, y vimos también que tales decisiones se han mostrado, hasta ahora, extraordinariamente deficitarias en lo que hace a la concepción de la democracia de la que parten.
Dijimos también que es necesario tomarse más en serio la cuestión de la interpretación constitucional, y que uno no debe dejarse engañar con esta estrategia que siguen habitualmente los jueces de desplazar ciertos derechos desde todo punto de vista prioritarios, considerándolos de “segunda clase”.

El hecho de que contemos con un Poder Judicial a cuyos miembros no elegimos, a los que no podemos remover y a quienes tampoco podemos reprochar en cuanto al camino que eligen para fundar sus opiniones, es en principio muy problemático, sobre todo si ese Poder que no controlamos tiene la posibilidad de decir la última palabra sobre todas las cuestiones constitucionales. Y dicho poder es justamente el poder que tenemos menos posibilidades institucionales de controlar.


Expresión Cívica y “Cortes de Ruta”

El valor especial de la expresión

Es absolutamente cierto que el ejercicio de un derecho no puede importar la supresión de otros. De todos modos, al momento de hacer un balance acerca de qué peso asignarle a cada derecho, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.

La doctrina norteamericana del “foro público”, surgida al calor de los fallos “Hague” y “Schneider”, considera, justamente, a las calles y parques como lugares especialmente privilegiados para la expresión pública. “(Las calles y los parques) –se sostuvo en “Hague”- han sido confiadas al uso público desde tiempo inmemorial, usándose desde siempre para el propósito de que los ciudadanos se reúnan en asambleas, se comuniquen entre sí, y discutan sobre cuestiones públicas”. Notablemente entonces, y desde “Hague”, la Corte Suprema norteamericana se preguntó: ¿dónde, si no en la vía pública, pretender la expresión de la ciudadanía?
Harry Kalven, una de las principales autoridades del pensamiento jurídico norteamericano en materia de libertad de expresión, destacó la notable enseñanza de casos como “Schneider” para la jurisprudencia futura.
La mayoría de las expresiones públicas de la ciudadanía acarrean costos y molestias para terceros que, sin embargo, y en principio, deben tolerarse en honor a la libertad de expresión.
Kalven sostiene que “todos los discursos implican expresiones y algo más. Si se trata de una expresión oral tenemos ruidos que pueden interrumpir a otros; si se trata de una expresión escrita, tenemos la posibilidad de ensuciar la vía pública. Pero en todos los casos mencionados tenemos ideas en juego y, por ello mismo, la prioritaria obligación del poder público de resguardar tales ideas.
Finalmente, cabe decir que una postura como la aquí avanzada no necesita ni pretende desatenderse de los lamentables efectos colaterales que habitualmente han acompañado a muchos cortes de ruta.
Sin embargo, aún así, no debe perderse de vista lo más importante: es perfectamente posible distinguir estos reprochables excesos de la prioritaria necesidad de resguardar las expresiones públicas de la ciudadanía.
Libre expresión y dificultades expresivas

En muchas zonas y círculos sociales de nuestro país, los individuos encuentran graves dificultades para tornar audibles sus voces y llamar la atención del poder político.
Es preocupante que un sistema democrático conviva con situaciones de miseria, pero es catastrófico que tales situaciones no puedan traducirse en demandas directas sobre el poder público.
El juez William Brennan sostuvo al respecto que “los métodos convencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos”.
Por la exigencia democrática de tratar a todos como ciudadanos iguales, es que el poder público debería reconsiderar la forma en que está haciendo uso de la fuerza que le hemos delegado.