3.1.07

Fallo Kot

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
FECHA: 1958/09/05
Kot, Samuel (Soc. de Resp. Ltda. (habeas corpus)).
PUBLICACION: LA LEY, 92, 626.

2ª Instancia. ­­ La Plata, julio 8 de 1958. ­­ Que el recurso de "habeas corpus", como ha resuelto invariablemente este tribunal y lo tiene decidido la más autorizada doctrina, tiene por objeto esencial la protección de la libertad personal o corporal y no puede hacerse extensivo a la protección de otros derechos que se pretenden vulnerados. Tales derechos deben ejercitarse conforme a los respectivos procedimientos creados por las leyes de la materia (Corte Federal, Fallos, t. 216, p. 606; J. A., 1950­III, p. 486, entre otros).
Siendo ello así y no encuadrando el sub júdice en ninguno de los supuestos del art. 415 del Cód. de Proced. Penal se desecha con costas la acción de amparo traída por Sabatino Kot a su favor (art. 428, Cód. cit.). Practíquese la liquidación de costas, notifíquese en el día (art. 38), agréguese por cuerda al principal y remítase al juzgado núm. 4. ­­ Julio A. Negri. ­­ Alejandro F. Menéndez. ­­ Ante mí: Angel A. Echagüe.

Opinión del procurador general de la Nación. ­­ El presente recurso de amparo se funda en los mismos hechos que han dado lugar a la instrucción de la causa "Houssay, Abel F. A. representando a Kot, Samuel (Soc. de Resp. Ltda.), denuncia Kot, Juan" en la que dictamino también el día de la fecha.
Aquí, sin embargo, se hace especial hincapié en lo resuelto en Fallos, t. 239, p. 459 para fundar de ese modo la intervención de los tribunales del crimen en la cuestión de que se trata, aun al margen del proceso penal antes mencionado.
Y bien, lo decidido en el recurso planteado por Angel Siri no es, a mi juicio, de aplicación al sub júdice. Allí, lo mismo que en los casos jurisprudenciales a que expresamente se refirió V. E. para destacar su apartamiento de la doctrina tradicional hasta entonces observada (Fallos, t. 168, p. 15; t. 169, p. 103), se pedía amparo, no contra un hecho realizado por particulares, sino contra un acto arbitrario de la autoridad para el que no existía remedio expreso en la legislación a pesar de que comportaba la violación de garantías individuales aseguradas por la Constitución.
Como se observa, pues, la situación es fundamentalmente distinta: en primer lugar, porque aquí no se trata de dejar sin efecto un acto de autoridad, puesto que los obreros ocuparon la fábrica por su propia cuenta y, en segundo término, porque al contrario de lo que ocurría en el caso citado, la legislación del Estado en cuya jurisdicción se produjo el hecho de autos prevé un remedio procesal específico para solucionar situaciones como la que se plantea en este recurso: me refiero concretamente al interdicto de recobrar o de despojo arbitrado por el art 599 del Cód. de Proced. Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires a favor de quienes hayan sido despojados con violencia o clandestinidad de la posesión o tenencia de una cosa.
Por ello y sin perjuicio de señalar la confusión que derivaría de la admisión de recursos de amparo no legislados para solucionar situaciones que las normas procesales vigentes ya contemplan de modo expreso, observo que hacer lugar a la pretensión del recurrente importaría tanto, a mi juicio, como dejar implícitamente sin efecto una institución procesal bonaerense (la del art. 599 cit.) que no ha sido tachada en esta causa de inconstitucional.
En consecuencia, opino que corresponde desestimar el recurso del que se me ha corrido vista. ­­ Julio 24 de 1958. ­­ Ramón Lascano.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1958. ­­ La firma Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.), propietaria de un establecimiento textil situado en la calle Arias 228 de Villa Lynch, partido de San Martín, Prov. de Buenos Aires, mantiene desde el 21 de marzo próximo pasado un conflicto con su personal obrero. La huelga de este personal fué primeramente declarada ilegal por la Delegación San Martín del Departamento Provincial del Trabajo con fecha 28 de marzo, por lo cual la firma patronal dispuso la concurrencia de los obreros a su trabajo dentro de las 24 horas, con excepción de los delegados Aarón Fistein y Aníbal Villamayor. Un mes y medio más tarde, el presidente del Departmento Provincial del Trabajo declaró nula aquella resolución de la Delegación San Martín e intimó a ambas partes a reanudar el trabajo. La empresa se negó a reincorporar a los obreros que había despedido y entonces éstos y otros compañeros ocuparon la fábrica el día 9 de junio y se mantienen en ella hasta ahora; los patrones pueden entrar al establecimiento y sacar objetos dejando constancia escrita, mas se impide la entrada al personal de administración y a los capataces. Desde el día de la ocupación, "el establecimiento no realiza labor alguna" de suerte que "la fábrica está totalmente paralizada" (informe policial de fs. 36 del citado expediente).
El mismo día de ocupación de la fábrica, el socio­gerente de la empresa, Juan Kot, formuló denuncia por usurpación ante la comisaría de Villa Lynch (San Martín) y reclamó la entrega del inmueble, iniciándose el sumario correspondiente. Estando en trámite las actuaciones fueron requeridas telefónicamente por el juez penal de La Plata ­­el día 16 de junio­­ quien, después de avocar el conocimiento del sumario, resolvió 2 días después ­­el 18 de junio­­ sobreseer definitivamente en la causa "en cuanto al hecho de la ocupación del inmueble de la calle Arias 228 de la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín y no hacer lugar al pedido de desocupación de la misma". El fundamento de esta resolución consistió, en lo esencial, en que habiendo sido ocupado el inmueble a causa de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo entre la mencionada empresa y su personal obrero, "es evidente que en la especie esa ocupación no tiene por objeto el despojo de la posesión de esa cosa inmueble, con ánimo de «someterla al ejercicio de un derecho de propiedad» (art. 2351, Cód. Civil), sino que lo ha sido en función de la existencia de ese conflicto laboral".
Apelada esta resolución por el apoderado de la empresa y luego de diligenciarse algunas medidas para mejor proveer dispuestas por la Cám. 3ª de Apel. en lo Penal de La Plata, ésta "por sus fundamentos" confirmó el sobreseimiento definitivo que había sido objeto del recurso. Contra esta sentencia, el interesado dedujo recurso extraordinario el que, concedido por el tribunal ha sido declarado improcedente por esta Corte en el día de la fecha.
El mismo día de la sentencia de la cámara, pero antes de dictarse, el apoderado de la empresa se presentó ante la misma cámara deduciendo "recurso de amparo" a fin de obtener la desocupación del inmueble: invocó la sentencia de esta Corte, de fecha 27 de diciembre de 1957, recaída en el "caso Siri", "las garantías a la libertad de trabajo (art. 14); a la propiedad (artículo 17); a la libre actividad (art. 19); de la Constitución Nacional", que estarían afectadas e hizo presente que la situación que planteaba era de "una gravedad extraordinaria. Al acto delictuoso de la ocupación de una fábrica y la desposesión de sus legítimos propietarios, se suman los constantes pedidos de amparo que por mi parte vengo repitiendo ante las autoridades policiales y administrativas y que formalizo con este escrito". El mismo día, la Cám. de Apelación antes mencionada desechó el recurso planteado con el fundamento de "que el recurso de «habeas corpus», como ha resuelto invariablemente este tribunal y lo tiene decidido la más autorizada doctrina, tiene por objeto esencial la protección de la libertad personal o corporal y no puede hacerse extensivo a la protección de otros derechos que se pretenden vulnerados. Tales derechos deben ejercitarse conforme a los respectivos procedimientos creados por las leyes de la materia" (Corte Federal, Fallos, t. 216, p. 606; J. A., 1950­III, p. 486, entre otros).
Contra esta sentencia, el interesado interpuso recurso extraordinario, el cual, concedido por la Cám. de Apelación, llega ahora a la decisión de esta Corte.

Considerando: Que, ante todo, corresponde apartar el fundamento expresado por el tribunal a quo para desechar la pretensión del interesado. Este no dedujo recurso de "habeas corpus", sino de amparo, invocando los derechos constitucionales de la libertad de trabajo, de la propiedad y de la libre actividad, o sea, dedujo una garantía distinta a la que protege la libertad corporal y que, a semejanza del hábeas corpus, procura asimismo una protección expeditiva y rápida que emana directamente de la Constitución. Esta Corte lo ha declarado así en la sentencia de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado en la causa "Siri Angel" (Fallos, t. 239, p. 450 [1]), con fundamentos que se dan aquí por reproducidos en todo lo pertinente.
Que si bien en el precedente citado la restricción ilegítima provenía de la autoridad pública y no de actos de particulares, tal distinción no es esencial a los fines de la protección constitucional. Admitido que existe una garantía tácita o implícita que protege los diversos aspectos de la libertad individual (art. 33, Constitución Nacional), ninguna reserva cabe establecer de modo que excluya en absoluto y "a priori" toda restricción que emane de personas privadas.
Es verosímil presumir que, en el ánimo de los constituyentes de 1853, las garantías constitucionales tuvieron como inmediata finalidad la protección de los derechos esenciales del individuo contra los excesos de la autoridad pública. En el tiempo en que la Constitución fue dictada, frente al individuo solo e inerme no había otra amenaza verosímil e inminente que la del Estado. Pero los constituyentes tuvieron la sagacidad y la prudencia de no fijar exclusivamente en los textos sus temores concretos e históricos, sino, más bien, sus aspiraciones y sus designios permanentes y aun, eternos: la protección de la libertad. Esto último es lo que resulta del inequívoco y vehemente espíritu liberal de la ley suprema, aquello otro lo que se comprueba objetivamente en los textos constitucionales mismos. Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados "derechos humanos" ­­porque son los derechos esenciales del hombre­­ esté circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad. Nada hay, tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad, "lato sensu", carezca de la protección constitucional adecuada ­­que es, desde luego, la del "habeas corpus" y la del recurso de amparo, no la de los juicios ordinarios o la de los interdictos, con traslados, vistas, ofrecimientos de prueba, etc.­­ por la sola circunstancia de que ese ataque emane de otros particulares o de grupos organizados de individuos. Intentar construcciones excesivamente técnicas para justificar este distingo, importa interpretar la Constitución de modo que aparezca ella amparando realmente, no los derechos esenciales, sino las violaciones manifiestas de esos derechos. Las circunstancias concretas de esta causa constituyen por sí solas un ejemplo significativo.
Aun menos admisible es el distingo a que antes se ha hecho referencia, considerando las condiciones en que se desenvuelve la vida social de estos últimos 50 años. Además de los individuos humanos y del Estado, hay ahora una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que sólo raramente conocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme poderío material o económico. A menudo sus fuerzas se oponen a las del Estado y no es discutible que estos entes colectivos representan, junto con el progreso material de la sociedad, una nueva fuente de amenazas para el individuo y sus derechos esenciales.
Si, en presencia de estas condiciones de la sociedad contemporánea, los jueces tuvieran que declarar que no hay protección constitucional de los derechos humanos frente a tales organizaciones colectivas, nadie puede engañarse de que tal declaración comportaría la de la quiebra de los grandes objetivos de la Constitución y, con ella, la del orden jurídico fundamental del país. Evidentemente, eso no es así. La Constitución no desampara a los ciudadanos ante tales peligros ni les impone necesariamente recurrir a la defensa lenta y costosa de los procedimientos ordinarios. Las leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción: "Las leyes disponen para lo futuro", dice el art. 3° del Cód. Civil, con un significado trascendente que no se agota, por cierto, en la consecuencia particular que el precepto extrae a continuación. Con mayor fundamento, la Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fué dictada la Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino" (Preámbulo).
Con respecto a la protección de la libertad corporal, la interpretación amplia es la que surge del pertinente precepto de la ley suprema: "Nadie puede ser... arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente", dice el art. 18 con fórmula muy general, lo que significa establecer que, no tratándose de esa única hipótesis estricta, toda privación ilegítima de la libertad personal, sin distinción alguna acerca de quien emana, autoriza el amparo de la Constitución. Esta amplitud del "hábeas corpus" es la que corresponde a la tradición del recurso en el derecho angloamericano ­­fuente inmediata del nuestro, a través de la Carta de los Estados Unidos del Norte­­ y si bien ha sido indebidamente restringido por la mayoría de los códigos procesales ­­que han tomado por "ratio" lo que era sólo "ocasio"­­, es la que corresponde a la letra y al espíritu de la Constitución. Así lo reconocen diversos tratadistas de nuestro derecho: "La ley no debe dar una garantía limitada, una protección parcial, diremos así, contra los actos de determinados poderes. Contra todos los poderes, incluso el judicial, contra los avances de los particulares, en cuanto afectan las garantías individuales, debe ella tener el mismo imperio e igual eficacia" (Tomás Jofré, "Manual de procedimiento criminal", Buenos Aires, 1914, núm. 164). Esta crítica del eminente jurista, exacta con respecto a la ley de procedimiento, no alcanza al texto amplio de la ley suprema. Entre las Constituciones de provincias, es digna de señalar la de Entre Ríos, que conserva expresamente el alcance tradicional del "hábeas corpus", extendiéndolo, aun a la protección de cualquiera de las garantías establecidas en la Constitución Nacional o provincial o las leyes (art. 25).
La misma amplitud corresponde reconocer al recurso de amparo, que esta Corte, en el precedente antes mencionado (Fallos, t. 239, p. 459), extrajo de la sabia norma del art. 33 de la Constitución. Sin una reseña que, expresa o implícitamente, emane de los preceptos constitucionales y que imponga una inteligencia restringida del recurso de amparo, la interpretación amplia es la que mejor consulta los grandes objetivos de la ley suprema y las genuinas finalidades de aquellas garantías. Lo que primordialmente tienen en vista el hábeas corpus y el recurso de amparo, no es el origen de la restricción ilegítima a cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean salvaguardados. Dichas garantías no atienden unilateralmente a los agresores, para señalar distinciones entre ellos, sino a los agredidos, para restablecer sus derechos esenciales. La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de nuestra vida como nación, se debilita o se corrompe cuando se introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos.
En el mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 10 de diciembre de 1948, establece en su art. 8°: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley".
Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del recurso de amparo. Todo lo que puede añadirse es que, en tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia ­­lo mismo que en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio­­ a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios. Pero, guardadas la ponderación y la prudencia debidas, ningún obstáculo de hecho o de derecho debe impedir o retardar el amparo constitucional. De otro modo, habría que concluir que los derechos esenciales de la persona humana carecen en el derecho argentino de las garantías indispensables para su existencia y plenitud, y es obvio que esta conclusión no puede ser admitida sin serio menoscabo de la dignidad del orden jurídico de la Nación.
En el caso de autos, se trata de la ocupación material de una fábrica por parte del personal obrero, determinada exclusivamente por un conflicto de carácter laboral con la empresa. Los ocupantes no han invocado ni pretenden tener ningún derecho a la posesión o detención de la fábrica. Según sus manifestaciones expresas y concordantes, la ocupación obedece al conflicto existente con la empresa patronal y se mantienen en el inmueble "sin ejercer violencia alguna, y defendiendo de esa manera su trabajo y a la espera de una resolución definitiva".
Ahora bien, la acción directa, o sea "el aseguramiento o la satisfacción de una pretensión por autoridad propia" (Enneccerus­Nipperday, "Derecho civil. Parte general", vol. II, § 223, Barcelona, 1935), no está consagrada por nuestra legislación, salvo en los casos de legítima defensa o de estado de necesidad, que presuponen indispensablemente la circunstancia de que el agente no pueda obtener en tiempo el auxilio de la autoridad. Con respecto a la posesión de las cosas, es un caso particular de aquellas defensas el legislado por el art. 2470 del Cód. Civil. Pero ni este código ni otra ley alguna de nuestro ordenamiento reconocen a nadie, sin mediar aquellas situaciones de excepción, la facultad de recurrir por sí mismo a las vías de hecho para asegurar o defender lo que estima su derecho y mantenerse en ellas ante la pasiva presencia de la autoridad pública. Ningún precepto legal confiere esa facultad a los obreros o a cualquier otro sector del pueblo argentino.
No se trata de negar o discutir la existencia del derecho de huelga ni poner en duda la legitimidad de las reclamaciones de los obreros en el conflicto que mantienen con la empresa patronal, aspectos absolutamente extraños a la instancia extraordinaria de esta Corte en la ocasión presente. Lo que aquí se afirma es la obvia conclusión de que todos los ciudadanos están sometidos a las leyes y que ninguno puede invocar en su favor derechos supra legales, es decir, derechos que existirían por encima y con prescindencia de las normas que integran el derecho positivo argentino. No otra cosa significa decir, desde el punto de vista del imperio de la ley, que una comunidad humana exista como Estado de Derecho.
De las circunstancias de esta causa y, en particular, de las declaraciones expresas de los obreros que ocupan la fábrica, surge de modo manifiesto e indudable la ilegitimidad de esa ocupación. Nada hay, por tanto, en este solo aspecto de la ocupación, que corresponda diferir a los procedimientos ordinarios establecidos por las leyes para la dilucidación de los aspectos de fondo del conflicto gremial y de los derechos de las partes. Nada hay tampoco que requiera ser debatido en una acción real o en un interdicto posesorio. Aun en la hipótesis de que los obreros tuvieran toda la razón y la empresa ninguna, sería siempre verdad que la ocupación de la fábrica por aquéllos es ilegítima, como vía de hechos no autorizada por nuestras leyes.
También es manifiesto el agravio serio e irreparable que resulta de esta situación para los propietarios de fábricas y aun para los intereses generales. La ocupación de los obreros dura desde hace casi 3 meses y desde entonces la fábrica está "totalmente paralizada", sin que pueda saberse qué tiempo tardará aún para que el conflicto sea resuelto por las autoridades competentes ni cuál es el estado de los procedimientos respectivos. La magnitud del agravio y su carácter irreparable son, así, patentes.
Que, como surge de las consideraciones que anteceden, se hallan reunidas en este caso las condiciones necesarias para la procedencia del recurso de amparo deducido. Los hechos de la causa revelan de modo indudable que existe una restricción ilegítima de los derechos constitucionales invocados por el recurrente: desde luego, el de propiedad; también y, sobre todo, el de la libertad de trabajo, pues lo ocupado por los obreros no es un inmueble baldío o improductivo, sino una fábrica en funcionamiento y mediante la cual el propietario ejerce su actividad económica de fabricante.
En estas condiciones, no es juicioso pretender que el afectado reclame la devolución de su propiedad por los procedimientos ordinarios; si cada vez que, a raíz de un conflicto, muchas personas ocupan materialmente una fábrica, un instituto privado de enseñanza o cualquier otro establecimiento, los propietarios no tuvieran más recurso, para defender sus derechos constitucionales, que deducir un interdicto posesorio o de despojo, con múltiples citaciones a estar a derecho para todos y cada uno de los ocupantes, con la facultad de éstos de designar sus propios abogados, de contestar traslados y vistas, de ofrecer y producir pruebas, etc., cualquiera comprende a qué quedaría reducida la protección de los derechos que habrían concedido las leyes y de qué modo habría quedado subvertido el orden jurídico del país. En situaciones como las mencionadas, que es también la de estos autos, la protección judicial de los derechos constitucionales no tolera ni consiente semejantes dilaciones.
Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada de fs. 5, haciendo uso de la facultad que acuerda a esta Corte el art. 16, 2ª parte de la ley 48 (1), y habida cuenta de las constancias existentes en el expediente K. 21. XIII, de las que resulta haberse oído a los ocupantes del inmueble de que trata la causa, se hace lugar al recurso de amparo deducido. En consecuencia, y sin más trámite, líbrese oficio por secretaría al comisario de Villa Lynch, Prov. de Buenos Aires, a fin de que proceda de inmediato, con habilitación de días y horas, a entregar a Sabatino Kot, representante de Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.), el establecimiento textil situado en la calle Arias 228, Villa Lynch, partido de San Martín, libre de todo ocupante. ­­ Alfredo Orgaz. ­­ Benjamín Villegas Basavilbaso. ­­ Juan C. Beccar Varela. ­­ En disidencia: Aristóbulo Aráoz de Lamadrid. ­­ Julio Oyhanarte.

Disidencia. ­­ Considerando: 1° ­­ Que en el caso de Angel Siri, el tribunal declaró la existencia, en el derecho público argentino, de una acción o recurso de amparo destinado a tutelar las llamadas "garantías constitucionales". La doctrina que en tal oportunidad quedó establecida, tuvo por fundamento la afirmación de que dichas "garantías constitucionales" existen y protegen al hombre por el solo hecho de hallarse consagradas en la Ley Fundamental, de modo que deben hacerse efectivas, en cada caso ocurrente, aun cuando no medien leyes reglamentarias. Por lo tanto, para que los principios entonces expuestos sean aplicables, es necesario que se produzca la restricción o vulneración de una "garantía constitucional". Si esta primaria exigencia no se cumple, ninguna razón autoriza a poner en funcionamiento los mecanismos defensivos que aquella doctrina presupone.
2° ­­ Que no todos los derechos de que una persona puede ser titular están incluídos en el concepto jurídico de "garantía constitucional". Para que un derecho individual revista este carácter, es preciso, en principio, que se trate de un derecho público subjetivo reconocido al hombre frente al poder público. En términos generales, únicamente los derechos que poseen esta naturaleza hállanse dotados de jerarquía constitucional y comprendidos dentro de los arts. 14 y 17 de la Ley Fundamental, que el recurrente cita. Y ello, en virtud de que, por constituir verdaderas e insalvables limitaciones a la autoridad estatal contribuyen a formar la esencia del Estado de Derecho y hacen parte de su definición. Tal es la razón por la que Alberdi, en el art. 20 de su proyecto de Constitución para la Confederación Argentina, se ocupa de las libertades del hombre llamándolas "garantías de derecho público". En mérito al principio señalado, asimismo, una reiterada jurisprudencia tiene resuelto que las "garantías constitucionales" no son sino restricciones a la acción de los gobiernos, tendientes a impedir la extralimitación de los poderes públicos y han sido dadas a los particulares contra las autoridades" (Fallos, t. 134, p. 37; t. 138, p. 71; t. 141, p. 65; t. 174, p. 175; t. 183, p. 190). No se trata, por supuesto, de considerar a las libertades del hombre como otros tantos obstáculos que circundan el Estado, que lo comprimen, que le niegan la posibilidad de desarrollar una actividad positiva encaminada a la conquista del bien social. Caracterizar la libertad como limitación a la autoridad, significa que las acciones que el poder público emprenda llevan ínsita la idea de que la libertad del hombre es el presupuesto de la autoridad, lo que convierte en constitucionalmente inválido todo acto que conduzca a su aniquilamiento o desvirtuación.
En suma, las "garantías constitucionales" para cuyo resguardo puede decirse que existe el remedio de amparo, tal como lo caracterizó la doctrina del caso Siri, son los derechos públicos subjetivos que el hombre tiene frente al Estado. Por ello, justamente, esa doctrina posee alta significación política; expresa una de las premisas de la forma democrática de gobierno y su vigencia resulta imprescindible a fin de lograr que el acrecentamiento de las funciones del Estado moderno, que se inclina a ser cada vez en mayor grado un Estado positivo y asume tareas económicosociales de magnitud creciente, se realice sin desmedro de las libertades públicas, a las que debe servir.
3° ­­ Que el bien jurídico invocado en la especie, carece de la entidad constitucional requerida para que le sea aplicable la doctrina "sub examine". En efecto, lo alegado en autos no es más que el desconocimiento de atributos inherentes al derecho de dominio, según se infiere con certeza del escrito presentado con fecha 8 de agosto próximo pasado en que se formula agravio por "la ocupación de la fábrica y la prohibición de acceso a los propietarios".
El que está en discusión, pues, no tiene carácter de derecho público subjetivo ni de "garantía constitucional"; es simplemente un derecho subjetivo privado, de los que se originan en las relaciones entre particulares (Fallos, t. 176, p. 363), de donde se infiere que la doctrina a que el recurrente quiere acogerse es por completo extraña al tema litigioso. Cuando un particular lesiona el derecho privado de otro, como se dice que habría acontecido en la especie, su acto no es inconstitucional; tampoco vulnera "garantías constitucionales" ni es susceptible del remedio de amparo que ­­según la doctrina antes vista­­ resguarda esas garantías. Por el contrario, trátase de un acto ilícito y sujeto a las previsiones de la legislación ordinaria, las que deben efectivizarse de acuerdo con las normas procesales pertinentes, cuyo dictado incumbe privativamente a las provincias.
Jurídicamente hablando, pues, todo derecho del hombre muestra una configuración que podría llamarse bifronte; uno de sus lados mira hacia el Estado y presenta al derecho revestido de la calidad de "garantía constitucional"; el otro lado, en cambio, mira hacia los terceros particulares y, desde él, el derecho es específicamente derecho privado. De este principalísimo aspecto conceptual, se ha ocupado el profesor de la Universidad Católica del Sacro Cuore, G. Balladore Pallieri, quien, refiriéndose a la libertad religiosa y a los derechos de inviolabilidad personal y de propiedad, consagrados por las Constituciones modernas, escribe: "Es de hacer notar que los derechos que examinamos son tutelados sólo en cuanto a su posible violación por parte del Estado o de los actos públicos... En la práctica, un individuo tiene tanto interés en que su libertad no sea violada por un policía como por un particular. Pero de esta segunda hipótesis no se ocupa la Constitución. La defensa de los derechos de la libertad ante los posibles atentados de los particulares, corresponde a otras normas contenidas en la legislación ordinaria; el texto constitucional se preocupa sólo de su defensa contra la autoridad pública" ("Diritto constituzionale", ed. 1957, p. 332). Esta concepción jurídica, que nace con los inicios del Estado moderno, lejos de ser inactual, está presente en las más recientes expresiones del derecho público contemporáneo, por cuanto, como más arriba se dijo, es uno de los elementos constitutivos del Estado de Derecho. Así, la Comisión para la reorganización del Estado, designada en Italia por el Ministero por la Costituente, entre las conclusiones que presentara en mayo de 1946 y que influyeron decisivamente sobre los redactores del texto constitucional, definió las aquí llamadas "garantías constitucionales" como verdaderos derechos públicos subjetivos, con el alcance ya visto ("Relazione all'Asamblea Costituente", ed. 1946, t. 1, ps. 79 y sigts., informe preparado por C. Mortati. V. en el mismo sentido: G. Jellinek, "Teoría general del Estado", ed. 1943, ps. 340 y 641; C. A. Colliard, "Les libertés publiques", ed. 1950, p. 434; A. de Cupis, "I diritti della personalitá", ed. 1950, ps. 86 y sigts.).
4° ­­ Que conforme a lo resuelto, la doctrina del caso Siri no guarda relación directa ni inmediata con la situación jurídica planteada en autos. Para que pudiera hacerse extensiva a esta última, habría que modificarla en su esencia y sostener que el amparo no es un medio defensivo implícito en la Ley Fundamental para la tutela de "garantías constitucionales", sino una acción sumarísima creada por los jueces, al margen de toda norma legal autoritativa, con el fin de posibilitar la defensa procesal de todos los derechos individuales imaginables, incluso los meros derechos privados existentes en el orden de las relaciones entre particulares, como lo son el dominio y sus atributos. He aquí el aspecto central del problema, que precisa ser subrayado. En el caso Siri se resolvió un conflicto entre la libertad y la autoridad, en amparo de la primera, cuya custodia esta Corte estimó deber indeclinable. Mientras tanto, lo que ahora se pide es que el más alto tribunal de la Argentina inaugure una doctrina y cree una acción que, inevitablemente, servirán para que el enfrentamiento de dos derechos privados sea resuelto en perjuicio de uno de ellos.
5° ­­ Que semejante extensión no puede ser judicialmente aceptada sin causar grave daño a principios y preceptos de observancia ineludible.
6° ­­ Que, ante todo, el otorgamiento de amparo en casos como el que se juzga, desvirtuaría la naturaleza jurídica del instituto en cuestión, según ella aparece configurada por la legislación y la doctrina contemporáneas, de las cuales se desprende, por vía de principio prácticamente uniforme, que hay amparo de la libertad contra actos emanados de autoridades públicas, pero no contra los que provengan de sujetos particulares (en la Argentina: Constituciones de Entre Ríos y Santiago del Estero; ley 2494 de Santa Fe y Constitución de 1921, de la misma provincia. En el extranjero: Constituciones de Brasil, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Italia, República Federal Alemana, Baviera, España de 1931, Austria de 1920, etc. V. además, Bielsa, "Estudios de derecho público", ed. 1952, t. 3, p. 401; J. A. González Calderón, "Comisión de estudios constitucionales", ed 1957, t. 2, ps. 36 y 39; Federación Argentina de Colegios de Abogados, Quinta Conferencia Nacional de Abogados, ed. 1941, ps. 66 y sigts., declaración ponencia adicional y, especialmente, discurso del miembro informante, doctor A. Walter Villegas). Y si es posible, por vía de hipótesis, que el legislador amplíe la esfera de acción del amparo, extendiéndolo a las violaciones cometidas por personas privadas, lo que de ningún modo puede admitirse es que los jueces, sobre la base de supuestos principios implícitos en la Constitución, tengan la misma potestad ampliatoria.
7° ­­ Que ello, asimismo, estaría en oposición a la doctrina jurisprudencial norteamericana referente al "Writ of mandamus", con el que habitualmente se compara al remedio de amparo. De modo uniforme y sin excepciones, los tribunales de Estados Unidos han decidido que el mencionado "Writ" existe respecto de los actos de un oficial público, ("officer") o de una corporación pública o semipública, en tanto que no opera contra actos de particulares ni se extiende a las relaciones privadas entre individuos (Suprema Corte de Estados Unidos, caso "Rorick v. U. S. Sugar C°", Federal Reporter, Second Series, t. 120, p. 418, y fallos de los tribunales de Georgia, W. Virginia, Wisconsin, Missouri, S. Dakota, California, Oklahoma, etc., citados en el Corpus Juris Secundum, ed. 1948, t. 55, ps. 451 y sigts.).
8° ­­ Que, por lo demás, es preciso advertir que las facultades de uso y goce que se dicen infringidas, gozan de minuciosa y adecuada protección legal. El argumento, enfáticamente planteado por el recurrente, de que la denegación del amparo peticionado dejaría a su derecho desprotegido, debe ser examinado como asunto de legislación y no de pura teoría. Cabe preguntar, pues, ¿es exacto que sin el amparo ­­concebido como "protección constitucional"­­ el dominio y sus atributos quedarían, jurídicamente, en estado de indefensión? La respuesta negativa surge sin esfuerzo. Si por algo se caracteriza el derecho positivo del país es por la forma precisa y completa en que ha previsto la defensa procesal de las facultades jurídicas que el apelante dice le han sido violadas. Hablar de omisión o de indiferencia legislativa es, por lo menos, equivocado, ya que el examen más rápido y superficial revela la existencia de un nutrido conjunto de previsiones normativas en la materia (arts. 2490, Cód. Civil; 29, inc. 2°, Cód. Penal; disposiciones procesales sobre interdictos posesorios y acción de desalojo, etc.). Ante esta circunstancia, de cualquier cosa puede hablarse menos de inexistencia e insuficiencia de una tutela jurisdiccional predispuesta por el legislador. Si el recurso en consideración se rechazara, el dominio y sus atributos ­­que se alegan­­ distarían mucho de quedar desprotegidos, por cuanto el amparo que se pide no supone otra cosa, en definitiva, que colocar una nueva acción de origen judicial junto a los múltiples procedimientos sumarios establecidos por la ley.
Por lo tanto, aunque fueran invocables los arts. 14 y 17 de la Constitución, de todos modos tendría fuerza obligatoria el principio de que las "garantías constitucionales", cuando han sido reglamentadas, deben ejercitarse en la forma y dentro de los términos prescriptos por las leyes de procedimiento, que son de orden público y de cumplimiento inexcusable (Fallos, t. 159, p. 69).
9° ­­ Que esta es la doctrina que rige el caso y no la que el recurrente reclama. Si algo no puede afirmarse con verdad, es que en el derecho argentino falta una amplia y expeditiva tutela jurisdiccional ofrecida por la ley al dominio y sus atributos. Por consiguiente, siendo innegable que ello existe, ¿por qué razón esencial debería concederse el amparo? La respuesta no parece difícil, ciertamente. El amparo debería concederse no por inexistencia, sino por una supuesta ineficacia de aquella tutela. Y ante esta comprobación, se hace forzoso reiterar que al juzgador le está vedado pronunciarse sobre el acierto del Congreso, o de una legislatura, en la elección de los medios que estimó aptos para el logro de los fines legales (Fallos, t. 153, p. 111; t. 181, p. 264 [1]; t. 196, p. 295).
10. ­­ Que, por lo demás, el remedio procesal eficaz, aparte haber existido, ha sido empleado por el recurrente. En efecto, éste compareció ante la justicia ordinaria de la Prov. de Buenos Aires, y basándose en jurisprudencia reiterada, así como tácitamente en los arts. 29, inc. 2° del Cód. Penal y 80 del respectivo Cód. de Proced., requirió la inmediata desocupación del inmueble. Es claro que el resultado fue negativo, por cuanto los jueces de la causa, en ejercicio de facultades propias e irrevisibles, desecharon la petición; pero, de todos modos, la circunstancia indicada revela una de las peculiaridades más notables de este litigio. El recurso expeditivo previsto por la ley para la tutela del derecho, estuvo a disposición del propietario y fue utilizado sin éxito. De donde se sigue que al amparo solicitado debería darse no porque haya faltado un régimen procesal adecuado, sino porque el empleo de éste resultó infructuoso. Si la justicia ordinaria de la Prov. de Buenos Aires hubiera dispuesto la desocupación, no habría habido cuestión de amparo. La hay, únicamente, debido a que Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.) reproduce por una vía inexistente que quiere abrir valiéndose de la doctrina del caso Siri, la misma pretensión que ya le fuera rechazada en una de las instancias legalmente pertinentes.
11. ­­ Que la naturaleza de un instituto jurídico está supeditada, exclusivamente, a la reunión de los elementos que lo configuran y determinan su esencia. Por ello, cualquiera sea el nombre que quiera dársele, lo que el recurrente intenta no es demanda ni recurso de amparo. Por su naturaleza y sus fines, es una especie de interdicto sumarísimo que el juzgador debería instituir y tramitar, sin audiencia de la contraparte, en reemplazo de los procedimientos ordenados por la ley. En el caso Siri, tantas veces citado, el amparo vino a suplir la omisión del legislador con respecto a ciertas "garantías constitucionales". Por el contrario, la sentencia a dictarse en el sub lite, si acogiera las pretensiones de Samuel Kot (Soc. de Resp. Ltda.) no sería supletoria sino sustitutiva, en el plano de la reglamentación procesal de los derechos privados: tendría contenido normativo y desplazaría normas expresas sancionadas por una legislatura provincial.
12. ­­ Que la decisión que otorgara amparo en caso como este, introduciría una absoluta inseguridad jurídica. Sin que se encuentren comprometidos los bienes de suprema jerarquía constitucional que dieron sentido a la doctrina del caso Siri, al hacerse lugar al recurso interpuesto estaría creándose una facultad absolutamente discrecional, no reglada, reconocida a todos los jueces del país, incluso a los jueces de paz legos que en muchas provincias existen y esa facultad podría o debería ejercitarse en orden a los conflictos suscitados entre particulares con motivo del ejercicio de sus derechos privados, quedando las modalidades del procedimiento ­­audiencia, prueba, apelación­­ también deferidas al libre arbitrio de los jueces. Las consecuencias que de ello derivarían son imprevisibles, pero indudablemente riesgosísimas. A título ilustrativo, recuérdese los desapasionados juicios de Vallarte, quien, ya a fines del siglo pasado, cuando examinó el recurso de amparo vigente en México, dejó escrita esta frase, como una advertencia: "Jueces ha habido que han hecho del amparo un arma política para herir a sus enemigos". Téngase presente, además, que un procedimiento semejante al que en estos autos se discute, el "writ of injunction", llegó a ser en Estados Unidos "un instrumento usado por los tribunales contra la huelga en los conflictos del trabajo" (M. E. y G. O. Dimock, "American goverment in action", edición 1947, p. 772), al extremo de que, para eliminar tan nociva manifestación del discrecionalismo judicial, debió incluirse previsiones especiales en la ley Morris­La Guardia del año 1932.
Frente a estas reveladoras comprobaciones que nos brinda la experiencia ajena, más que nunca parece oportuno reproducir aquí la regla sobria y comprometedora que, desde antiguo, se impusieron los jueces argentinos: "La misión más delicada de la justicia es la de saber contenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes" (Fallos, t. 155, p. 248).
13. ­­ Que en cuanto a la libertad de trabajo, también invocada en el recurso, las consideraciones que preceden tienen valor decisivo. Por otra parte, habida cuenta de las circunstancias de la causa, la violación de esa libertad, si hubiera ocurrido, sería en todo caso, un efecto secundario o accesorio derivado de la privación de la cosa. Es obvio, pues, que las acciones o interdictos previstos por la ley para obtener la restitución, son igualmente idóneos para hacer cesar el daño que, según asevera el propietario, habríase causado a su libertad de trabajo.
14. ­­ Que, por último, la impugnación referente al art. 19 de la Constitución, debe desecharse, ya que no se advierte que ese precepto guarde relación con lo decidido por el tribunal a quo.
Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se declara improcedente el recurso extraordinario concedido a fs. 15. ­­ Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. ­­ Julio Oyhanarte.

Fallo Godoy

TRIBUNAL: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)
FECHA: 1990/12/27
PARTES: Godoy, Oscar E. c. Universidad Nac. de La Plata
PUBLICACION: LA LEY, 1991-C, 390 LLC, 1991-688 - DJ, 1991-2-397.
Opinión de la Procuradora Fiscal.
I. El actor dedujo demanda contra la Universidad de la Plata, a fin de obtener la nulidad de la res. 198/85, en virtud de haber sido fundada en el art. 2°, 1° part. de la ord. 162/84 que, por oponerse ­a su juicio­ a la ley 23.068, vulneraría los arts. 86, inc. 2° y 16 de la Constitución Nacional.

Narró que fue dejado cesante sin sumario previo, por res. 1506 del 30/12/74, del Ministro de Cultura y Educación de la Nación, luego de haberse desempeñado normalmente durante más de ocho años en el Colegio Nacional "Rafael Hernández". Afirmó que su prescindibilidad fue motivada por razones estrictamente políticas y gremiales.

El Ministro de Educación y Justicia, mediante res. 54/84, reconoció ­dijo­ el derecho de los no docentes a ser reincorporados cuando, como en el caso, se los hubiera cesanteado sin la previa sustanciación del sumario pertinente. Sobre la base de esa norma ­añadió­ requirió su reincorporación, mientras que, en forma contemporánea la ley 23.068 estableció que cada universidad debía asegurar, en un plazo de 90 días desde su promulgación, la reincorporación de los agentes dejados cesantes, prescindidos y obligados a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, con reconocimiento de cargo y antigüedad hasta el momento en que aquélla se hiciese efectiva.

La citada res. 198/85 no hizo lugar a su pedido, por lo que interpuso recurso de reconsideración, que al no ser contestado motivó el desistimiento de las actuaciones administrativas, dando lugar la presente acción, conforme a lo dispuesto en el art. 25 y concs. de la ley 19.549.

En lo sustancial, afirmó la inconstitucionalidad de al res. 162/84 de la Universidad, toda vez que delimitó temporariamente la viabilidad de las reincorporaciones, a las decretadas a partir del 24/3/76, cuando la ley 23.068 nada dijo a ese respecto. Por el contrario, en la discusión parlamentaria, ­destacó­ el tema fue tratado y dejado fuera del texto de dicha norma. De esta manera se extralimitó el órgano administrativo al ejercer su función reglamentaria, y se quebró el orden de prelación que establece la supremacía de la ley, con su consiguiente violación de la Carta Magna (art. 86, inc. 2°).

De otro lado, al efectuar la diferenciación entre los prescindidos antes y después de aquella fecha, se ha violado la garantía de la igualdad a que se refiere el art. 16 de la Constitución Nacional.

Solicitó, por tanto, la nulidad del art. 2°, 1° part. de la ord. 162/84 y, consecuentemente, de la res. 198/85; su reincorporación al cargo no ­docente del que fue dado de baja­, el pago de los salarios caídos como indemnización de los perjuicios causados y la imposición de las costas del juicio, a la vencida.

II. A fs. 36, la Universidad Nacional de la Plata se presentó y contestó la demanda interpuesta.

Señaló, ante todo, que no puede interpretarse la ord. 162/84 sino en el marco de la ley 23.068, por la cual se delegó, a las universidades, la facultad de crear un régimen de reincorporaciones que contemplara la situación de cada cesanteado. En dicho contexto legal ­adujo­ surge clara la intención del legislador de dar un margen más amplio a las universidades para la revisión de cada caso, y fue en razón de ello que, tras la discusión parlamentaria encaminada en tal sentido, se suprimió de su texto el establecimiento de fechas que pudieran restringir dicha facultad.

Empero, nada surge de la citada ley tendiente a permitir la revisión de medidas dictadas en períodos constitucionales. Si el gobierno "de iure" para revisar, ratificar o desechar, explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto, debe atender a la seguridad jurídica que pueda verse afectada por la ligereza en el estudio y análisis de las consecuencias derivadas de esa actividad, con mayor razón se puede afirmar que no existe ­prácticamente­ la posibilidad de revisar, ratificar o desechar actos de otro gobierno "de iure", por la misma esencia de su constitución. La revisión de tales actos constituiría un precedente peligroso para la vida democrática, pues se estaría desconociendo la legitimidad de los actos que, por su esencia y origen, son legítimos. A preservar esta legitimidad apunta, precisamente, el alcance temporal del art. 2°, párr. 1° de la ord. 162/84.

Asimismo, sostuvo que la situación de injusticia que denuncia el actor ­cesantía sin sumario previo­, fue decretada mediante la res. ministerial 1506/74, que tiene su origen en una ley del Congreso de la Nación ­20.713­. Más aún, el actor no demostró diligencia y preocupación para lograr una reparación de su presupuesto derecho vulnerado en la oportunidad de estar plenamente vigentes las instituciones democráticas.

Por último, sobre la base de destacar que la situación en que se encuentra el actor es sustancialmente distinta a las que contempla la ley que aquél invoca en su apoyo, considero que, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la Corte, no se puede en el caso reputar violada la igualdad ante la ley.

III. La sala civil de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a fs. 122/127, confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto rechazó la demanda deducida por Eduardo Godoy, e impuso las costas por su orden.

En lo esencial, el magistrado de primera instancia expresó que la ordenanza controvertida o aparece en modo alguno, vulnerando el régimen establecido en el art. 10 de la ley 23.068, como lo pretende la parte actora, sino que traduce el cumplimiento formal y legítimo de su mandato, ya que dicha ley estableció que, dentro de los noventa días de promulgada, "cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación (y no la reincorporación misma)" de aquellos agentes prescindidos por razones políticas o gremiales; es decir ­dijo el juez­ no se creó un derecho absoluto a la reincorporación, sino que se mandó contemplar la situación en cada ámbito universitario. Añadió que la garantía de la igualdad no impide contemplar, en forma distinta, situaciones que se estimen diferentes, mientras no se trate de discriminaciones irrazonables o persecutorias.

El vocal que votó en segundo término adujo que la interpretación que pretende imponer el actor acerca de los alcances del art. 10 de la citada ley 23.068, es ilimitada y llevaría al revisionismo hasta 1930 por lo menos, pero en el caso de autos choca contra la actividad administrativa cumplida durante el gobierno "de iure" vigente a la fecha de la res. 1506/74. En ese sentido ­añadió­ pesa, contra la pretensión del accionante, su pasividad y consentimiento durante la vigencia de las instituciones de la Constitución en ese período. Agregó que la supresión del proyecto original de la ley de la frase "a partir del 24/3/76", se aceptó por considerar sobreentendido que, de su texto integro, surgía claro que estaba destinada a entender los casos comprendidos en el último gobierno "de facto", ya que los supuestos anteriores, hasta el 25/5/73, se encontraban alcanzados por el art. 60 de la ley 20.654. Los gobiernos "de iure" que suceden a los de "de facto" ­enfatizó­ están facultados para ratificar, modificar, derogar y anular los actos cumplidos por aquél: mas no los celebrados por otros gobiernos "de iure" precedentes.

IV. El actor interpuesto recurso extraordinario a fs. 130/138. Ratifica, en lo sustancial, su derecho de inclusión en los términos del art. 10 de la ley 23.068, basándose en la imposibilidad de reclamar su injustificada baja ­en la oportunidad que se produjo­, debido a su calidad de delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata y la consiguiente persecución política de que éstos eran objeto por parte de la intervención de la Universidad en la época de la cesantía.

Sobre el punto, crítico el fallo en cuanto sostiene que los actos ocurridos durante períodos constitucionales no son pasibles de revisión, ya que hay que distinguir respecto de una democracia meramente formal desde que, si bien el gobierno que lo dejó cesante fue ungido por el pueblo, no respetó los derechos y garantías esenciales que establece la Carta Magna.

Remarcó, también, que los legisladores se pronunciaron expresamente acerca de la necesidad de no poner límites temporales al esquema de reincorporaciones, con el fin de no hacer discriminaciones entre los que fueron cesanteados por causas no disciplinarias. Por aplicación, entonces, del art. 31 de la Ley Fundamental, la ord. 162/84 no puede contener una limitación temporal que no trae la ley 23.068, sin incurrir en inconstitucionalidad manifiesta.

A su criterio, la cámara incurrió en arbitrariedad por la insuficiencia de sus argumentos legales, reflejando sólo una valoración política para determinar la validez de la decisión administrativa, excediendo los límites de su jurisdicción. Igual tacha de arbitrariedad cabe hacerle al fallo recurrido toda vez que, para fundamentarlo, los jueces se remiten a otras sentencias, violentando el principio de que el pronunciamiento debe bastarse a sí mismo.

V. Estimo que el recurso extraordinario es procedente por hallarse en juego la inteligencia de una ley federal (art. 14, inc. 3°, ley 48).

En cuanto al fondo, de lo expuesto surge que, en síntesis, el actor pretende que la ley 23.068, en lo que hace al personal universitario o docente, estableció un régimen de reincorporación del personal dado de baja por motivos políticos o gremiales, no circunscripto en el tiempo al período del último gobierno "de facto", sino comprensivo también de los ceses acaecidos en el período constitucional de 1973 a 1976.

Procede, ante todo, decir que es ésta una interpretación que no se compadece con la firmeza esencial de los actos administrativos suscriptos por los gobiernos "de iure", defendida por la jurisprudencia constante de la Corte.

En efecto V.E., al analizar esta materia en los precedentes "Budano" (sentencia del 9/6/87 ­La Ley, 1987­E, 191­ "Gamberale de Mansur" (sentencia del 6/4/89) dio por sentado ­en el caso "Budano" de manera expresamente que la anulación de los actos administrativos firmes y consentidos durante la vigencia de un régimen constitucional sólo es posible a través de la revisión judicial, y que la potestad legislativa de limitar los efectos de actos de tal naturaleza se circunscribe a los dictados durante un gobierno "de facto" ya que, por principio, éstos carecen de legitimidad.

En este aspecto, entonces, estimo correcto lo decidido por el tribunal a quo al fijar los alcances de la ley 23.068 en lo atinente al tema que nos ocupa, desde que concuerda con los términos de aquella doctrina de V.E., que cabe dar aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad.

Dicha doctrina, por lo demás, se torna aplicable en el "sub lite" porque de los términos legales fluye, a mi criterio, la presunción de irregularidad de los actos que dieron lugar a los ceses, que no puede hacerse extensiva a los cumplidos y consentidos durante un período constitucional.

Creo necesario dejar esto último aclarado porque, en rigor, la nueva disposición normativa de que se contemple un sistema de reincorporaciones ­en el ámbito universitario­ del personal no docente prescindido no implica, de por sí, interferir en la validez de los actos por los cuales se hicieron en su tiempo efectivas las declaraciones de prescindibilidad con arreglo a las leyes específicas, ya que nada obsta a que distintas razones de servicio a las que en su oportunidad se invocaron para generar las bajas justifiquen, en la actualidad, el mencionado sistema de reingresos.

Empero, de los términos precisos utilizados en el texto normativo, o sea, del art. 10 de la ley en cita, se desprende con claridad que las eventuales reincorporaciones presuponen reproches sobre las verdaderas causas que originaron los ceses, que, traducirían el ejercicio de un abuso o desvío de poder, lo cual implica la descalificación de los actos. Esto último parece indudable cuando se advierte que el precepto no sólo se refiere a prescindibilidades, sino también a cesantías, en cuyo caso es diáfano que la reincorporación no puede hacerse efectiva sin la previa anulación del acto que la originó. A todo lo cual debe sumarse el hecho de reconocerse la anterior categoría y el cómputo de la antigüedad.

En tales condiciones, la norma sólo puede ser interpretada, en concordancia con la mentada doctrina de la Corte, como limitada a los actos de cese hechos efectivos durante el gobierno "de facto" anterior, tal como correctamente lo hizo el a quo, puesto que la validez de los actos de gobiernos constitucionales, firmes y consentidos, no puede desconocerse por la vía legislativa.

Dentro de este marco interpretativo, estimo que carece de implicancia lo anotado por el actor respecto de la supresión, en el primigenio texto legal, de la frase que aludía al 24/3/76. En tal sentido, aparece razonable la interpretación sustentada por el tribunal, de que el pedido de supresión pudo inspirarse en el hecho de perpetuarse obvio que los actos comprendidos por la ley eran los dictados durante el anterior gobierno "de facto", máxime cuando su art. 9°, referido a la impugnación de los concursos, se refiere al gobierno "de facto" de modo expreso.

De todas maneras, cabe resaltar que el recurrente se limita a fs. 137 a reiterar su referencia a la actitud de algunos senadores en el seno de la comisión, mas no se hace cargo, con el rigor que debía, de los argumentos del juzgador vertidos al respecto a fs. 123 vta., no obstante que V.E. tiene reiteradamente dicho que las partes están obligadas a refutar todos y cada uno de los argumentos de la sentencia que atacan (Fallos 299:258; 302:984, 1574, etcétera).

De otro lado, corresponde advertir que los planteos del apelante, dirigidos a cuestionar el régimen constitucional de 1973, no dejan de ser, en lo que al caso específico respecta, meras especulaciones generales y abstractas, desde que no incluyen referencias concretas a la situación particular del actor, tendientes a demostrar, a todo evento, las circunstancias de la supuesta frustración real de sus intentos de cuestionar, en tiempo oportuno, la validez del acto de prescindibilidad de que se agravia.

Asimismo, procede poner de resalto que el planteo de inconstitucionalidad concedido con arreglo a lo dispuesto en el art. 16 de la Constitución Nacional, no ha sido desarrollado en el escrito de interposición del recurso extraordinario, que es el que determina las cuestiones a decidir por la Corte (Fallos 297:133 ­La Ley, 1977­C, 75­; 298:354, etc.), motivo por el que me eximo de analizarlo, sin perjuicio de señalar lo acertado que también en este aspecto se presenta, a mi modo de ver, la sentencia en recurso.

Por último, en lo concerniente al agravio de arbitrariedad basado en el hecho de que el sentenciador se remitió a otros fallos en sustento del suyo, debo recordar que V.E. tiene reiteradamente dicho que ello no importa de por sí incurrir en esa tacha (Fallos 302:1675, entre otros).

En razón de todo lo expuesto, opino que corresponde rechazar la apelación deducida y confirmar la sentencia apelada. ­Setiembre 26 de 1989.­ María G. Reiriz.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1990.

Considerando: 1) Que en la presente causa no existe exceso reglamentario respecto del art. 10 de la ley 23.068, la cual, por otra parte, no ha sido tachada de inconstitucional.

2) Que, por lo demás con motivo de algunas afirmaciones contenidas en el dictamen de la Procuradora Fiscal, es necesario formular las consideraciones que siguen. En el país, sobre todo a partir de la opinión expresada por el doctor Tomás D. Casares en Fallos 201:239 (La Ley, 38­51), se desarrolló una extensísima línea jurisprudencial que versa sobre la condición jurídica de los actos de los llamados gobiernos "de facto". Desde la sentencia de Fallos 208:184 (La Ley, 47­802) en adelante, y durante varias décadas, esta Corte tuvo por cierto que esos actos subsisten en los períodos constitucionales siguientes ­mientras no sean derogados o revocados­ con autoridad y efectividad equivalentes a las que tienen los de los gobernantes "de iure"; y por ello porque son válidos desde su origen (Fallos 208:184, 225 y 562; 209:274 y 390; 222:63 ­La Ley, 47­802; 48­288 y 926; 66­551­; 224:922; 243:265 ­La Ley, 97­1­; 247:165, 416 y 464; 270­:484; 273:433; 295:106 y 264­La Ley, 1976­D, 645, fallo 33.802­S­) o bien porque su "real efectividad" los legitima (Fallos 289:177; 291:55 ­La Ley, 156­499; 1975­B, 446­; 292:213; 293:163). Las consecuencias esenciales de esta caracterización fueron resumidas en diversas oportunidades por el tribunal. En Fallos 243:265, por ejemplo, se dijo que dentro del alcance de la autoridad asumida, un órgano "de facto" posee iguales facultades que el correlativo órgano "de iure" (consid. 6°); y el mismo concepto aparece admitido en Fallos 247:165, donde esta Corte hizo suyo el dictamen del Procurador General, quien había sostenido que la ley dictada por un gobierno "de facto" respecto de su validez, debe ser juzgada como si hubiera emanado del propio Congreso (en p. 167). La regla se extiende, claro está, a todos los actos de ese origen. Por su parte, las leyes 14.467 y 16.478 consagran igual solución.

3) Que el problema en cuestión no tiene contenido ideológico ni debe hacerse depender de valores afectivos, como la adhesión o el repudio al gobierno "de facto" de que se trate. Al contrario, corresponde analizarlo teniendo en vista, por encima de toda otra consideración, "las primarias exigencias de la seguridad jurídica" (Fallos 245:265, consid. 5°) que se verían gravemente resentidas si de pronto, súbitamente, perdieran efectividad tuitiva, en todo o en parte, las leyes, los tratados, los decretos o los demás actos sancionados, celebrados o dictados en etapas "de facto". Y ello resultaría particularmente lesivo en países como la Argentina, donde quince de los últimos veinticinco años de la vida comunitaria transcurrieron bajo el mando político de gobiernos "de facto". En Fallos 209:274, el tribunal hizo suya una aserción del Procurador General, según la cual negar en la etapa "de iure" la validez o legitimidad de los actos de los gobernantes "de facto" "implicaría una perturbación de la paz social y una gravísima inestabilidad de los derechos adquiridos" (en p. 284). El mismo dictamen, en el caso citado, se remitió a la clásica doctrina de Gastón Jéze en la materia, aceptándola. Importa recordar, pues, que conforme a las enseñanzas de ese jurista francés, los actos de los gobiernos "de facto" han de ser admitidos "por necesidad social" y para "evitar los tremendos peligros" de "la anarquía". "La teoría, dice Jéze, de que depende del gobierno ulterior reconocer o no reconocer la validez de los actos provenientes de los gobernantes de hecho, es una teoría anárquica que debe ser vivamente rechazada" ("Los principios generales del derecho administrativo", ps. 527, 532 y 536, ed. 1928, y en el mismo sentido G. Budeau, "Traité", t. III, ps. 560 y sigts., ed. 1950; y R. Capitant, "Etudes en l'honneur de F. Gény", t. III, p. 4, ed. 1933. He aquí la concepción jurídica a la que esta Corte se remitió en Fallos 209:274. Una remisión que implícitamente se repitió muchas veces después.

4) Que ante decisiones más o menos recientes que se apoyan en el principio de la "ilegitimidad" de los actos de los gobernantes "de facto" ­y cuestionan o niegan que ellos puedan generar derechos subjetivos­ parece imprescindible destacar que la vida social se vería seriamente trastornada, en la Argentina, si sus habitantes tomaran conciencia de que los tribunales de justicia entienden que en el país hay miles de leyes y varios centenares de miles de decretos, actos administrativos, contratos públicos y sentencias, así como numerosos tratados ­provenientes de períodos "de facto" que sólo tienen apariencia de tales, porque, en rigor, están viciados de ilegitimidad y subsisten únicamente por una especie de condescendencia ­discrecional y revocable­ de los actuales gobernantes "de iure". Un ordenamiento que presentara estas anchas franjas de ajuridicidad distaría mucho de satisfacer los más elementales requerimientos del estado de derecho, según fue definido en "Abal vs. La Prensa" (Fallos 248:291). Ninguna doctrina judicial es defendible si, en vez de asegurar el "orden" público, crea el riesgo de un absoluto "desorden". Tal lo que sucede, fatalmente, con la referida concepción jurídica, de la que se infiere, por ejemplo, que el que aplican todos los jueces federales y nacionales es un "ilegítimo" Código Procesal Civil y Comercial; o que la persona que haya obtenido jubilación por decreto de 1970 no tiene la protección del art. 17 de la Constitución; y que el empleado público nombrado en 1980 no puede invocar la garantía de estabilidad del art. 14 bis. Es decir que en la Argentina existiría la extraña categoría de leyes, tratados y decretos desprovistos de "legitimidad" que, sin embargo, tendrían vida jurídica, aunque precaria y fácilmente extinguible por decisión del Poder. Ello, irremediablemente, comunicaría a todo el sistema político­social una imprevisibilidad y una incerteza que son colindantes con la anarquía, como diría Jéze.

Los extremos a que la aludida concepción puede conducir son, a veces, poco menos que inconcebibles. Por ejemplo, el acuerdo que gobierna las relaciones del Estado argentino con la Santa Sede fue celebrado, en representación de aquél, por quien era presidente "de facto" hacia el 10/10/66 y más tarde aprobado mediante la ley 17.032 del 23/11/66; y fue el mismo presidente el que intervino en el canje de los instrumentos de ratificación. Por consiguiente, el mantenimiento de la doctrina actual de la Corte Suprema obligaría a entender que los vínculos jurídicos que nos ligan a la Santa Sede ­y que, entre otras cosas, establecen el régimen para la designación de arzobispos y obispos­ fueron y son "ilegítimos" y que la consumación de este vicio tuvo por partícipes y corresponsables a los representantes de S. S. el Papa Paulo VI.

Por ello, se declara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto. Con costas. ­ Ricardo Levene (h.). ­ Mariano A. Cavagna Martínez (según su voto). ­ Carlos S. Fayt (según su voto). ­ Enrique S. Petracchi (según su voto). ­ Rodolfo C. Barra. ­ Julio S. Nazareno (según su voto). ­ Julio Oyhanarte. ­ Eduardo Moliné O'Connor.

Voto de los doctores Cavagna Martínez y Petracchi:

Que a juicio de esta Corte, no se advierte un caso de arbitrariedad que justifique su intervención en materias que, según el art. 14 de la ley 48, son ajenas a su competencia extraordinaria.

Por ello, y habiendo dictaminado la Procuradora Fiscal, se declara improcedente el recurso interpuesto. Con costas (art. 68, Cód. Procesal). ­ Mariano A. Cavagna Martínez. ­ Enrique S. Petracchi.

Voto del doctor Fayt:

1) Que la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Plata, confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto rechazó la demanda deducida por Eduardo O. Godoy contra la Universidad Nacional de la Plata, a fin de obtener la nulidad de la resolución n° 198/85, por la cual no se había hecho lugar a su pedido de reincorporación; en virtud de haber sido fundada en el art. 2°, primera parte de la ord. n° 162/84 que, por oponerse ­a su juicio­ a la ley 23.068, vulneraría los arts. 86, inc. 2° y 16 de la Constitución Nacional.

2) Que contra esa resolución interpuso recurso extraordinario, el que fuera concedido a fs. 143, en donde adujo, en lo sustancial, su derecho de inclusión en los términos del art. 10 de la ley 23.068, basándose en la imposibilidad de reclamar su injustificada baja ­en la oportunidad en que se produjo­, debido a su calidad de delegado gremial y la consiguiente persecución política de que éstos eran objeto en la época de la cesantía. Agregó, que por aplicación del art. 31 de la Constitución Nacional, la ord. 162/84 no puede contener una limitación temporal que no trae la ley 23.068, sin incurrir en inconstitucionalidad manifiesta.

3) que el actor pretende que la ley 23.068, en lo que hace al personal universitario no docente, estableció un régimen de reincorporación del personal dado de baja por motivos políticos o gremiales, no circunscripto en el tiempo al período del último gobierno "de facto", sino comprensivo también de las cesantías acaecidas en el período constitucional de 1973 a 1976.

4) Que esta interpretación no se compadece con la firmeza esencial de los actos administrativos suscriptos por los gobiernos "de iure", defendida por la jurisprudencia constante de esta Corte. En tal sentido ha expresado este tribunal que la anulación de los actos administrativos firmes y consentidos durante al vigencia de un régimen constitucional sólo es posible a través de la revisión judicial, y que la potestad legislativa de limitar los efectos de actos de tal naturaleza se circunscribe a los dictados durante un gobierno "de facto" ya que, por principio, éstos carecen de legitimidad (causa: G.21.XXII, "Gamberale de Mansur, María E. c. U. N. R. s/ nulidad de resolución", sentencia del 6/4/89).

5) Que del art. 10 de la ley 23.068 se desprende que las eventuales reincorporaciones presuponen reproches sobre las verdaderas causas que originaron las cesantías, que, traducirían el ejercicio de un abuso o desvío de poder, lo cual implica la descalificación de los actos, toda vez que el precepto no sólo se refiere a prescindibilidades, sino también a cesantías, lo que implica que las reincorporaciones no pueden hacerse efectivas sin la previa anulación del acto que la originó.
6) Que no obstante lo dispuesto por la norma aludida, ella sólo puede ser interpretada, en concordancia con la mentada doctrina de esta Corte, en el sentido de que queda limitada a las cesantías hechas efectivas durante el gobierno "de facto" anterior, puesto que la validez de los actos de gobierno constitucionales, firmes y consentidos, no puede desconocerse por la vía legislativa.
7) Que, por otra parte, no cabe ninguna duda que los actos comprendidos por la ley son los dictados durante el gobierno de "de facto" que gobernó el país durante los años 1976 a 1983, dado que el art. 9°, referido a la impugnación de los concursos, habla expresamente de gobierno "de facto". En tal sentido carece de razonabilidad toda interpretación que pretenda extender la norma legal al período constitucional anterior al 24/3/76.
8) Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad fundado en lo dispuesto en el art. 16 de la Constitución Nacional, cabe señalar que no podrá tener acogimiento favorable toda vez que la garantía de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, lo que no impide contemplar en forma distinta, situaciones que son diferentes, con tal que la disminución no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad (Fallos 285:155; 286:97, 166, 187; 288:224; 295:455; 299; 146, 181 ­La Ley, 151­224­; 151­353; 152­207; 156­351; 1977­A, 229; 1978­C, 168­; 300:1049, 1087; 301:1185; 302:192, 457 ­La Ley, 1980­C, 506­ y 563:574 entre muchos otros).
9) Que por último, tampoco se advierte arbitrariedad, por el hecho de que el a quo se haya remitido a otros fallos en sustento del suyo, toda vez que esta Corte tiene establecido que ello no importa de por sí incurrir en esa tacha (Fallos 302:1675 entre muchos otros).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, se confirma la sentencia apelada. Con costas. ­ Carlos S. Fayt.

Voto del doctor Nazareno:

1) Que la sala I Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, confirmó la decisión del juez de primera instancia en cuanto había rechazado la demanda deducida por Eduardo O. Godoy contra la Universidad Nacional de La Plata, tendiente a obtener la declaración de nulidad de la resolución de esta última que había rechazado su pedido de reincorporación como personal no docente, en virtud de haber sido fundada en el art. 2° de la Constitución Nacional, a la vez que contraría al principio de igualdad que consagra su art. 16.

2) Que contra ese pronunciamiento dedujo el interesado recurso extraordinario, el que fue concedido a fs. 143, donde sostiene que el tribunal a quo habría incurrido en arbitrariedad al no considerar adecuadamente sus agravios y reitera su planteo de inconstitucionalidad basado en que la norma reglamentaria dictada por la demandada, al establecer un límite temporal ­ceses acaecidos entre el 24/3/76 y el 9/12/83­ al régimen de reincorporaciones previstos en el art. 10 de la ley 23.068, importaría un exceso en las facultades reglamentarias y un desconocimiento de la voluntad del legislador.

3) Que el recurso es admisible en la medida en que se ha puesto en tela de juicio la inteligencia que corresponde atribuir a normas federales y la resolución recurrida es contraria a los derechos que el apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

4) Que en cuanto al fondo del asunto, conforme antigua doctrina de la Corte expresada con relación a variadas materias, ya se trate de que la ley haya conferido al Poder Ejecutivo ­en el caso a la autoridad universitaria­ la facultad de reglar ciertos pormenores o detalles necesarios para su ejecución, o bien del ejercicio de la potestad reglamentaria propia de dicho poder (art. 86, inc. 2°, Constitución Nacional), se ha reconocido la validez de tales reglamentos cuando los lineamientos de la "política legislativa" aparecen suficientemente determinados en la ley y no se altera su espíritu (Fallos 148:430; 246:346; 270:42; 280:25; 298:609 ­La Ley, 102­714; 129­768; 143­158; 1978­C, 142­ y otros).

5) Que, del mismo modo, se ha admitido que el órgano dotado de la potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, se ajustan, sin embargo, al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue (doctrina de Fallos 250:456, consid. 2° y su citas).

6) Que, en cuanto aquí interesa, corresponde señalar que el art. 10 de la ley 23.068 ­cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada­ se limitó a exigir que cada universidad asegure "la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos", dejando librado a la autoridad universitaria la especificación de dicho régimen, esto es, el establecimiento de los requisitos, reglas y excepciones para acceder a él. La Universidad Nacional de La Plata pudo así, en uso de la facultad que le había sido deferida, establecer que el cese debió haberse operado dentro del período que fijó al efecto como condición para solicitar la reincorporación, toda vez que ese proceder no resulta irrazonable no contrario al espíritu de la ley. Los hitos temporales adoptados como comienzo y fin de aquel período no desnaturalizan, tampoco, los fines de la norma, ya que el lapso comprendido es considerable y superaría los plazos de caducidad o prescripción que hubieran regido para las acciones provenientes de los diversos hechos que pudieron provocar la segregación del personal alcanzado. Por otra parte, el art. 9° de la ley 23.068 tomó en cuenta el mismo período, al admitir la impugnación de "los concursos sustanciados durante el gobierno 'de facto'", dato éste que constituye un elemento de juicio importante para apreciar el sentido y alcance de la directiva legal y la compatibilidad con ella de la norma reglamentaria.
7) Que, en tales condiciones, cabe concluir que la disposición cuestionada traduce un razonable ejercicio de la potestad reglamentaria, tal como ha sido resuelto en las instancias precedentes. Cabe añadir que el agravio atiente al art. 16 de la Constitución Nacional no fue debidamente mantenido en el recurso. La sentencia recurrida, por lo demás, resuelve los puntos oportunamente sometidos a su decisión con fundamentos que excluyen la tacha de arbitrariedad alegada.
8) Que, por lo demás, resultan de aplicación al caso las consideraciones vertidas en el voto de los doctores Levene (h.), Barra, Oyhanarte y Moliné O'Connor.
Por ello, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por la Procuradora Fiscal, se confirma la sentencia apelada. Con costas. ­ Julio Nazareno.

2.1.07

Piedras de Papel

“Piedras de papel” y silencio: La crisis política argentina leída desde su sistema institucional

Roberto Gargarella[1]


Introducción

Los dramáticos hechos que cerraron el año 2001 e inauguraron el nuevo, en la Argentina, nos llaman la atención, entre otras muchas cosas, sobre el sistema institucional vigente en el país.[2] Resultó notable comprobar, en aquellos días, la incapacidad del diseño institucional argentino para anticipar, prevenir, procesar, o resolver conflictos políticos significativos. Resultó notable comprobar cómo, luego de doscientos años de vida independiente, la Argentina, como tantos otros países, sigue careciendo de una red de instrumentos que torne posible, para todos sus ciudadanos, expresar sus demandas y pedir cuentas por la insatisfacción de las mismas. A partir de estas premisas, en lo que sigue procuraré aproximarme a los problemas sufridos por la Argentina en el último tiempo, desde el punto de vista de sus instituciones. Me interesará examinar cuánto ayudaron las mismas a alentar o desincentivar la crisis finalmente desatada. Por supuesto, esta lectura representará, en el mejor de los casos, un acercamiento parcial a los hechos acontecidos. De todos modos, la misma puede ayudarnos a entender mejor una porción del complejo mundo que la crisis del gobierno de De la Rúa abrió frente a nuestros ojos.

“Piedras de papel”

Comencemos por lo más básico, por la herramienta fundamental todavía en manos de la ciudadanía para expresar sus puntos de vista: el sufragio. Los argentinos habían concurrido a las urnas en octubre, muy poco antes de tomar la decisión de salir a a la calle con violencia, a protestar contra el gobierno de turno y exigir su dimisión. Cómo puede ser, entonces, que la crisis por estallar no se evitara a tiempo? El caso hubiera sido muy distinto si de lo que se trataba era de un gobierno no democrático o, aún, de un gobierno electo pero en gozo de la paz propia de unos meses sin elecciones. Cómo puede ser posible, entonces, que si la situación era muy otra –con una ciudadanía que se acababa de expresar en las urnas- el conflicto social latente sólo se mantuviera y profundizara?

Lo que ocurre, y esto no puede extrañar a ninguno, es que el sufragio resulta, todavía, una herramienta demasiado “torpe” para contribuir al establecimiento de un diálogo entre los representantes electos y sus electores. La riqueza de las demandas, reproches y elogios presentes en cualquier acto electoral resultan inmediatamente opacados por la rigidez de los resultados de los comicios.

Como modo de adentrarnos en la cuestión, puede resultar interesante traer a cuento una obra publicada en el año 1986 por el prestigioso politólogo Adam Przeworski. La obra de Przeworski llevaba por título “Paper Stones” –digamos, “Papeles de Piedra”- y se refería a la historia electoral del socialismo.[3] La frase que daba por título al trabajo -“Papeles de Piedra”- resultaba por demás apropiada para aludir al acto de la votación. Según comenta el autor, los primeros socialistas, entusiasmados con la posibilidad de vencer a la burguesía a través del recurso de las elecciones, hablaban de estos “papeles de piedra” que les permitirían dejar atrás una política basada en las barricadas y en las acciones clandestinas: la burguesía, ahora, podría ser derrotada en el juego limpio de unas elecciones abiertas a todos.

Pues bien, la idea de “papeles de piedra” resulta interesante, en primer lugar, para aludir a esta posible contundencia del sufragio: la que permite afirmar con autoridad y vehemencia ciertos puntos de vista, luego de un masivo apoyo o rechazo a una determinada fórmula o programa electoral. Sin embargo, la misma idea encierra una ambigüedad que merece ser explotada. Y es que los votos son “papeles de piedra,” también, al representar una herramienta pesada y oscura, incapaz de dar cuenta de los finos matices que al electorado le interesa manifestar en cada acto electoral.

En efecto, en cada elección –como en la que fue la última que debió soportar el gobierno de De la Rúa- la ciudadanía puede estar interesada en marcar, por ejemplo, que se encuentra hastiada de ciertas prácticas; que no tolera ver ciertas figuras en la legislatura; que quiere incorporar otras voces; que repudia profundamente ciertas medidas tomadas por el gobierno; que apoya con todo su empeño otras iniciativas; que sigue entusiasmada con ciertas promesas; que ruega por el cumplimiento de otras; que está furiosa por el modo en que no se han cumplido otras más. Pero qué es lo que ocurre cuando termina la elección y se conocen los resultados de los comicios? Qué quieren decir esos brutos porcentajes que allí aparecen? Más aún, cómo se van a interpretar esas cifras? Y quién va a hacerlo? Quién puede ser capaz de descifrar la telaraña de mensajes entrecruzados que se ocultan detrás de un 40% victorioso frente a un 30% de la fórmula derrotada? Los votos aparecen, entonces, como “papeles de piedra,” porque nos remiten a un período demasiado remoto, en el que la expresión eran las piedras o los golpes de las piedras contra las paredes. La pregunta es cuánto hemos avanzado para mejorar nuestra capacidad de diálogo, para establecer puentes de comunicación entre los representantes y representados. La pregunta es cuán lejos estamos del momento en que nos expresábamos golpeando las rocas con otras rocas, cuánto hemos desarrollado nuestro lenguaje institucional. Y la respuesta es que tal vez no tan lejos.

Alguien podría decirnos, quizás, que la dificultad reside en que le exigimos a los comicios aquello que ellos no pueden darnos: que el sufragio sólo constituye una parte ínfima de una vida democrática que se desarrolla también en otros foros –los medios de comunicación por ejemplo- y a través de muchos otros medios –la protesta en la calle por caso. Pero esta objeción no resulta demasiado atractiva. Y es que no es cierto que el sufragio sea sólo una parte pequeña de nuestra vida democrática. Más bien, y por el contrario, el sufragio nació y se quedó entre nosotros bajo la promesa de constituir una herramienta de control excepcional –la gran herramienta- sobre nuestros dirigentes. Dicha promesa es la que ha permitido recortar y no desarrollar muchos de los otros instrumentos de control externo o popular sobre los representantes, que en su momento fueron reclamados por los sectores más radicales de la sociedad. Dicha promesa es la que ha legitimado una operación que dejó encerrados gran parte de los controles institucionales que todavía existen, en mecanismos internos o endógenos, como los que son propios de las estructuras de “frenos y contrapesos.”

La “torpeza” propia del sufragio, como vínculo esencial entre elegidos y electores sólo resulta agravada cuando se advierte de qué modo carecemos, todavía, de otros puentes o vínculos que permitan canalizar nuestros registros más finos –aquellos que el sufragio opaca. Cuando –como ocurre en la Argentina y en una mayoría de democracias liberales- los medios de comunicación siguen concentrándose en pocas manos, permaneciendo inaccesibles para una gran mayoría, los déficits propios del sufragio se tornan simplemente –trágicamente- más graves. En una sociedad en donde la palabra escrita y oral se encontrara, de algún modo, democratizada, los déficits del sufragio resultarían desplazados al nivel de anécdota –quejas de académicos obsesivos. En cambio, en una sociedad en donde los foros de expresión son controlados por unos pocos –en donde se cobra entrada para acceder al ágora pública- los reproches sobre la incapacidad expresiva del sufragio mercen ganar en relevancia.

La crisis política argentina –aquella que estalló a finales del 2001, y apenas luego de celebradas unas elecciones legislativas a nivel nacional- desnuda las dificultades que aún padecen los demócratas para hacer escuchar sus voces, para discriminar entre justos y pecadores, para aplaudir ciertas particulares políticas mientras castiga a algunas otras. Las mismas dificultades ya se habían advertido claramente desde hacía algunos meses, cuando cientos de “cortes de ruta” –liderados en una mayoría de casos por trabajadores o desocupados enfrentados a condiciones de vida desesperadas- conmovieron la vida social argentina. Tales crisis revelaron, en su crudeza, lo difícil que era entablar una conversación entre la ciudadanía y sus mandantes, lo difícil que era hacer conocer y respetar ciertas demandas fundamentales. Tales crisis, en definitiva, revelaron que la ciudadanía sólo tenía piedras entre sus manos: las de papel y las otras.

Los controles endógenos y la Corte

La cara opuesta a lo señalado en la sección anterior –referida, fundamentalmente, al sufragio como principal control exógeno o popular- está dada por los controles endógenos distintivos de nuestro sistema institucional. Estos controles endógenos –el veto presidencial, el sistema bicameral, los tribunales- tienen como punto esencial a la Corte Suprema de Justicia. Explicar esta afirmación no resulta difícil. En principio, cuando los controles populares quedan reducidos al sufragio, los controles endógenos –todos ellos- adquieren mayor relevancia. Dicho esto, uno debe reconocer de inmediato que, entre tales controles endógenos los hay políticos (los que provienen de organismos cuyos miembros son elegidos popularmente) y no políticos (como los ejercidos por los jueces), y que no todos ellos pueden gozan del mismo peso. En efecto, dado que cada elección puede llevar a que la mayoría de los puestos políticos queden ocupados por miembros de un mismo grupo partidario, la maquinaria de controles –para bien o para mal- pasa a depender de un modo central del poder de los jueces, cuyos miembros se mantienen en el cargo, en principio, con independencia de cualquier vaivén electoral.

La estructura judicial argentina, copiada de la norteamericana, se organiza verticalmente, con jueces de primera instancia en la base, Cámaras de Apelación más arriba, y la Corte Suprema como última instancia de decisión. Lo que diga o deje de decir la Corte, entonces, resulta de un valor extraordinario: por más autonomía que puedan tener las instancias inferiores, siempre será ella la que podrá pronunciar la “última palabra” institucional. Debe notarse, ésta no será, sólo, la “última palabra” judicial sino también política: dentro del país, nadie puede ir más allá de la Corte, que queda entonces situada como motor inmóvil de toda la estructura institucional.

En un país como la Argentina, en donde la autoridad y la palabra del máximo tribunal es tan importante, resulta una pésima noticia que el mismo sea objeto de cuestionamientos serios en razón de la idoneidad y transparencia de sus miembros. Esa mala noticia, sin embargo, es una realidad en la Argentina. El máximo tribunal es objeto de severas críticas, buena parte de ellas fundadas. La fuente de estas objeciones se encuentra en la misma composición del tribunal -un problema que viene de lejos, pero que encontró su punto culminante cuando el gobierno de Menem modificó la composición del tribunal, que pasó de contar con cinco miembros a contar con nueve. El problema, entonces, no residió en las formas de la maniobra –en última instancia, posible desde el punto de vista de la Constitución- sino, como casi siempre, en la sustancia de la misma. El tribunal quedó compuesto, desde entonces (comienzos del primer gobierno de Menem) por una mayoría de jueces que, como mínimo, no contaban con grandes (o pequeños) antecedentes académicos, y que eran demasiado cercanos al entonces presidente. Desde aquel momento, la ya frágil legitimidad del tribunal comenzó a resquebrajarse. A un problema clásico y básico del derecho constitucional –por qué en una democracia son los jueces, como funcionarios no electos popularmente, los encargados de pronunciar la “última palabra” institucional- se agregaba uno todavía más contundente: y por qué ellos? Y por qué este grupo de jueces que, en su mayoría, nadie puede reconocer como especialmente competente?

Haciendo honor a las peores expectativas generadas por aquel rápido aumento en el número de sus miembros, la Corte jugó desde entonces un papel muy cuestionable, que muchos describieron como demasiado diligente hacia el poder político. Recuérdese lo dicho unas líneas más arriba. En democracias como la Argentina, en donde los controles endógenos son tan débiles, los controles endógenos –y, muy especialmente, los ejercidos por la Corte Suprema- resultan fundamentales: si ellos fallan, todo el sistema institucional tiende a fallar –una situación perfectamente reconocible en la Argentina.

Por lo dicho, una situación de partida difícil se convirtió en otra cada vez más explosiva, a partir del conocimiento público de las sentencias del tribunal superior. Si nos concentramos exclusivamente en el año anterior –un año que no fue el más turbulento en la vida del tribunal- nos encontramos con sentencias de alto contenido político como las siguientes: la sentencia que permitió la liberación del ex-presidente Menem (perseguido como cabeza de una banda dedicada, entre otros tareas, al tráfico de armas); la que ratificó la constitucionalidad de los indultos en favor de los represores; la que habilitó sin más al ex gobernador de Corrientes permitiéndole ser candidato en las elecciones de su provincia; la que ratificó la vigencia de los recortes salariales establecidos a partir de la ley de “déficit cero;” o la que condenó a la revista Noticias por una presuntamente indebida intromisión en la intimidad –nuevamente- del ex presidente.

Por supuesto, no se trata aquí (simplemente) de que el tribunal tomó decisiones que contradijeron el sentido común, sino de los argumentos que empleó y los medios a los que recurrió para afirmar sus opiniones. Por caso, la Corte Suprema de nuestro país actuó, en ocasiones, con sorpresiva celeridad y en otras con irritante lentitud; desandó sin mayores problemas sus propios pasos y contradijo una sólida jurisprudencia local e internacional (caso Noticias); respaldó la validez de indultos otorgados a procesados, en contradicción con lo que establecía la letra de la Constitución; tergiversó el sentido de las garantías procesales existentes (al interpretar que la mera interposición de un recurso extraordinario suspende una decisión judicial en favor de la CTA en el caso del “déficit cero”); y amonestó de modo prepotente e injustificado a los jueces y fiscales de instancias inferiores (causa de las armas).

Esta situación ha derivado en una práctica notable, distintiva de los últimos tiempos en la Argentina, e inaudita en otros contextos más o menos civilizados: una sucesión de movilizaciones populares hacia los tribunales exigiendo la renuncia de los miembros de la Corte. Dichas movilizaciones fueron acompañadas por otra serie de protestas realizadas directamente frente a los domicilios de algunos de los integrantes del tribunal. Los jueces superiores, objeto de la admiración o el simple desconocimiento popular en otras latitudes, han pasado a ser, en la Argentina, objeto central de la atención colectiva.

El corolario de lo dicho no es, por supuesto, que debe cambiarse la cúpula del Poder Judicial, nuevamente, y de modo arbitrario. Lo que se quiere decir no es que, por fin, los jueces designados deben estar en sintonía con los pareceres de la mayoría. Lo que se afirma, en todo caso, es que en estructuras institucionales como la Argentina, o se fortalecen los controles exógenos de modo tal de darle a los ciudadanos herramientas de censura y aprobación de las que todavía carecen, o se ajustan de un modo irreprochable los controles internos (y especialmente los ejercidos por la Corte). Lo ideal sería que existieran ambos tipos de controles y que ellos pudieran ejercerse de un modo decente. Lo que no puede aceptarse es que ambas formas de control fracasen, como ocurre en la Argentina -en un caso, por la inexistencia de instrumentos institucionales que los hgan posibles, y en el otro, por la manipulación a la que se ha sometido a los organismos de control. Finalmente: nadie debiera decir –como a veces se dice, o como dijera recientemente el Ministro de Justicia y prestigioso catedrático Jorge Vanossi- que el tribunal ya ha sufrido demasiados “manoseos” como para hacerse acreedor de nuevas interferencias públicas. Uno se compromete con las injusticias si no las repara (como se compromete con las injusticias económicas si no interfiere con ellas porque “ya bastante se ha interferido”). En un hipotético futuro más tranquilo, los argentinos deberán ir todavía más allá de estas fundamentales cuestiones, y decidir también si quieren mantener, como hoy, un sistema de revisión judicial que permite que funcionarios no electos por la ciudadanía conserven la “última palabra” institucional.

Los conocidos defectos del hiper-presidencialismo

La Argentina, como los Estados Unidos, ha adoptado como forma de gobierno un sistema presidencialista. Sin embargo, como una mayoría de países latinoamericanos, ha modificado aquel sistema original –ya polémico- para transformarlo en uno parcialmente distinto, que el filósofo Carlos Nino calificara como hiper-presidencialista. A diferencia del modelo original, el adoptado en Latinoamérica introdujo variaciones como las siguientes: se autorizan al presidente poderes excepcionales para afrontar situaciones de crisis internas y externas (que, en el caso del estado de sitio, pueden implicar la misma suspensión de las garantías individuales de los ciudadanos); se permite la intervención política del poder central sobre las provincias; se deja en manos de la cabeza del ejecutivo la elección y remoción, a manos libres, de todo su gabinete; se delegan en aquél funciones legislativas adicionales; etc.

Una enorme mayoría de politólogos ha coincidido –curiosamente- en la conclusión irremovible según la cual el sistema presidencialista es muy defectuoso, por lo que los sistemas hiper-presidencialistas latinoamericanos son, simplemente, hiper-defectuosos. Los defectos referidos tienen que ver, especialmente, con la capacidad de tales formas de organización para garantizar la estabilidad política –un bien especialmente preciado por las democracias latinoamericanas. El hiper-presidencialismo, en tal sentido, agrava las dificultades ya propias del presidencialismo.

Los males de ambos sistemas tienen una raíz común: ambos concentran buena parte de las expectativas políticas del electorado en una sola figura –el presidente- que, para colmo de males, cuenta con un mandato fijo (a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios). En las buenas coyunturas –las que no han abundado en la región- el presidente sólo gana en prestigio, poder y capacidad de acción. En las malas coyunturas, en cambio, el presidente es fagocitado por la crisis, y su debilitamiento provoca temblores en toda la estructura institucional: dada la inexistencia de “fusibles” que cambiar, el sistema completo amenaza con “incendiarse” junto con el presidente.

Si uno examina la vida política argentina se encuentra fundamentalmente con situaciones de este tipo: la crisis que afectó a H. Yrigoyen en 1930 terminó arrastrando a todo el sistema político; Perón se convirtió, a mediados de 1950, en la única clave del éxito o la desgracia de la democracia argentina; las hostilidades generadas por Arturo Frondizi se trasladaron de inmediato a todo su gobierno; la falta de legitimidad del presidente Illia produjo la desligitimación de todo el sistema institucional. Esto es, cuando los argentinos tuvieron que enfrentar problemas políticos serios, el sistema institucional no estuvo allí para ayudarlos.

Más cercamente, piénsense en la antesala del golpe militar de 1976, que trajo al dictador Videla al poder. En su momento, todos sabían que la presidenta Isabel Perón no contaba con cualidades que la hicieran especialmente apta para el cargo. Sin embargo, el sistema político no ofrecía ninguna salida razonable a la difícil situación entonces reinante. Por supuesto, es claro que ni en este caso ni en los anteriores, la “culpa” del quiebre institucional no residió de modo exclusivo en el sistema institucional. Como dijera Guillermo O’Donnell, los golpes militares no se frenan con un simple cambio en el articulado de la Constitución. Sin embargo, tan cierto como esto es que determinados sistemas institucionales favorecen la estabilidad y la cooperación, mientras que otros favorecen el conflicto y el enfrentamiento.

Ya consolidada la democracia, ya terminada la dictadura del “Proceso,” el presidente Alfonsín volvió a padecer los males del hiper-presidencialismo: atrapado en una crisis económica grave a finales de su mandato (distinguida por la hiper-inflación), y deslegitimado luego de unas elecciones legislativas catastróficas en 1987, Alfonsín no contó con medios sensatos para dar un paso al costado –como el que, tal vez, hubiera preferido dar. Lo que siguió, así, fue el “incendio” del propio sistema institucional: a Alfonsín le quedaban dos años de mandato que debía cumplir, mientras la ciudadanía le daba la espalda y la oposición lo repudiaba. Como era previsible, el país entró literalmente en llamas en esos últimos y largos meses de hiper-inflación, saqueos y desgobierno. El sistema institucional, mientras tanto, cerraba las puertas que todos rogaban que se abrieran.

Finalmente, la última oleada de la crisis del 2001 –la que arrastró a De la Rúa y al gobierno de la quebrada Alianza- también merece leerse en esta clave. Nuevamente, el sistema institucional argentino dio su espalda cuando más se lo necesitaba. A De la Rúa le quedaban dos difíciles años de mandato, mientras que buena parte de la ciudadanía descreía de él. La oposición, mientras tanto, alternaba gestos de buena voluntad con críticas mordaces que no hacían más que delatar la esencia maldita del hiper-presidencialismo. En un sistema político que ofrece una única y grandiosa joya –la “corona” del presidente- la oposición no cuenta con ningún incentivo para cooperar con el presidente: cuanto más coopere con él, puede decir con razón, más va a tardar para acceder a la propia “coronación,” que tanto ansía. La estrategia “racional,” entonces, es destruir a quien está en el poder, o dejarlo que muera. El hiper-presidencialismo, en definitiva, ha estado siempre presente en la generación de las crisis argentinas, como ha dificultado siempre la resolución de las mismas.

El Senado y después

Sin dudas, dentro de las múltiples causas que algún día explicarán la caída de De la Rúa, una muy importante tuvo su origen en el Senado de la Nación. El gobierno de la Alianza, debe recordarse, había llegado al poder con al menos un mandato claro: el de poner fin a los años de corrupción que se habían convertido en años festivos para los miembros de la administración anterior. Luego de haber basado su campaña electoral, muy especialmente, en el saneamiento de un sistema institucional lleno de lodo, De la Rúa no podía titubear –como lo hizo- en un área tan sensible para su electorado. Ocurrió entonces que varios Senadores (“propios” y “ajenos”) quedaron seriamente comprometidos en un hecho de corrupción grave. Aparentemente, el gobierno había procurado “aceitar” con dinero la sanción de una ley simbólicamente muy importante para él. Se trataba, en última instancia, de una ley laboral que no prometía cambios revolucionarios ni de los otros, pero que remitía a una desgraciada experiencia del gobierno radical anterior: Alfonsín había inaugurado su gobierno con un tempranísimo fracaso en su intento de modificar por completo la organización sindical –un fracaso que marcaría el resto de su gestión. Ni De la Rúa ni sus Ministros querían repetir aquel fracaso lo cual, aparentemente, motivó aquella maniobra dolosa de la que ahora eran acusados miembros del gobierno y varios Senadores. La incapacidad y falta de voluntad del presidente, frente a dicha maniobra, provocaron entre otras consecuencias la renuncia del vice-presidente Alvarez y la virtual fractura de la Alianza. El gobierno comenzaba el tránsito hacia lo que sería su repentino final.

Esperablemente, la investigación que siguió al escándalo terminó en una reverencia judicial hacia la Cámara Alta. Sin embargo, el Senado en su totalidad –como el propio gobierno- quedó marcado a fuego por aquella experiencia. Sus miembros no eran especialmente prestigiados entonces, y el nuevo episodio no hizo más que potenciar las sospechas que ya existían sobre los mismos. Desde allí en más, recrudecieron los estudios y las iniciativas destinadas a provocar cambios sobre una Cámara notable sólo por el nivel de privilegios de los que gozaban sus miembros. Todas aquellas iniciativas –vinculadas, en una mayoría de casos, con el extraordinario nivel de gastos resultantes del funcionamiento de la Cámara Alta- merecen ser desarrolladas, pero en lo que sigue nos concentraremos en una línea de reflexión algo diferente, referida al rol institucional del Senado y, más en general, a algunas características propias de la labor legislativa en la Argentina.

En primer lugar, conviene volver brevemente sobre las líneas que inauguraron este escrito, referidas a las dificultades de la ciudadanía para comunicar sus opiniones públicamente, y para darles fuerza luego. De haber existido otras herramientas de control –por ejemplo, el derecho de revocatoria de los mandatos, un instrumento que era habitual en los primeros tiempos de la revolución norteamericana- los ciudadanos hubieran desalojado hace tiempo a muchos de los integrantes del Senado. Sin embargo, a pesar de las tremendas críticas que han recibido, muchos de sus miembros han persistido intocados en sus puestos: a veces, casi ocultos; otras veces, luciendo orgullosos la estabilidad propia de sus largos e irrevocables mandatos.

Nuevamente, aquella falta de herramientas de control externo puede –de alguna manera- compensarse con la existencia de fuertes controles internos (los ejercidos por las otras ramas del poder). Sin embargo, en casos como el de la Argentina, nos encontramos no sólo con un Poder Judicial que, según viéramos, es deficitario en su punto más alto, sino con una serie de privilegios judiciales en poder de los funcionarios políticos electos –privilegios que sólo agravan una situación ya preocupante. Las inmunidades parlamentarias –que de ellas se trata- nacieron con el noble propósito de proteger al débil legislador frente al gobernante tiránico que lo perseguía. Su permanencia resulta hoy cuestionable, sobre todo, cuando dicho privilegio (en principio irritante en un régimen de “iguales”) es objeto de una interpretación laxa que dificulta el mismo procesamiento de los acusados. Como resultado de estas progresivas distorsiones, la legislatura argentina –y en especial el Senado- pareció convertirse en un refugio preciado por poderosos delincuentes que advertían que, despojados de sus super-poderes legales, quedaban enfrentados al terrible riesgo de convertirse en simples mortales.

Dejando de lado lo anecdótico, uno debiera pensar si los altos índices de corrupción que parecen afectar al Senado argentino no se vinculan con los largos mandatos de que gozan sus miembros; los privilegios con los que cuentan; los débiles controles populares a los que están sometidos; y el poder de influencia del que gozan. Quisiera dedicar las próximas líneas –finales de esta sección- al último punto citado: las facultades normativas que están a cargo del Senado. El tema –alejado de las polémicas políticas más candentes- no debiera verse como una cuestión menor, ya que en definitiva nos habla del modo en que se ha pensado el sistema institucional argentino, y de lo inatractivo de aquella forma de pensar.

A diferencia de otros Senados –el Senado alemán, por ejemplo- el argentino cuenta con funciones básicamente idénticas a las de sus pares de la Cámara Baja, a las que se suman algunas ventajas muy especiales: los Senadores ejercer un papel decisivo en el nombramiento de jueces y embajadores; en el desarrollo (o no) de hipotéticos juicios políticos; o en la celebración de tratados internacionales. La pregunta que uno debe hacerse, en estos casos, es la de siempre: por qué? Por qué es que los miembros de la Cámara Alta, por ejemplo, tienen aquellas facultades adicionales y, muy especialmente, por qué deben intervenir en la sanción de cualquier norma legislativa? Por qué a la hora de decidir qué se hace con el aborto o el divorcio, por tomar sólo dos ejemplos, el estado “X” debe contar con una voz especial? No basta con que los ciudadanos de dicha provicia, representados en la Cámara Baja, intervengan en tal decisión? Por qué el estado “Y” –como cualquier otro- merece tener una voz especial, y no las mujeres, o los que están casados, o los que ya han abortado, o los divorciados? Uno puede justificar que las provincias –todas ellas- cuenten con derechos especialísimos a la hora de discutir la coparticipación federal; la regionalización del país; el modo de empleo de los recursos naturales; o cualquier tema de directa incumbencia local. Es mucho más difícil de explicar, en cambio, que el órgano de representación de las provincias interfiera en decisiones que son de directa incumbencia de la ciudadanía sin fronteras.

El argumento anterior no debe entenderse como un argumento en contra de la existencia de organismos especiales para la representación de grupos particulares (i.e., las provincias). Por el contrario, la representación de grupos puede resultar una alternativa interesante en democracias heterogéneas –y con déficits representativos tan fuertes- como la Argentina. Puede haber razones, por caso, para que un organismo especial defienda el punto de vista de los jubilados o los discapacitados; o para que grupos hoy marginados tornen audible una voz que hoy no se escucha. Sin embargo, en todo caso, el principio de la especialización funcional debería mantenerse: tiene tan poco sentido que los Senadores participen en la sanción de la ley del aborto como que lo haga un hipotético organismo que agrupe a los jubilados. En cambio, resulta irreprochable, en principio, que las provincias cuenten con una voz especial a la hora de discutir cuestiones federales, o que la tengan los más ancianos a la hora de discutir los problemas de la tercera edad.

Nuevas herramientas

El panorama descripto hasta aquí nos sugiere la presencia de múltiples dificultades de índole institucional que -en algunos casos de forma directa y en otros de forma indirecta- han contribuido a deteriorar la calidad de la vida política argentina. Sin dudas, podría decirse que la crisis institucional que se ha desatado con violencia hacia finales del año 2001, reconoce parte de su origen en problemas propios del diseño institucional escogido por la dirigencia argentina.

Lamentablemente, los argentinos –como una mayoría de naciones latinoamericanas- desperdiciaron una buena oportunidad de re-fundar sus instituciones luego del renacimiento de sus democracias y, especialmente, durante la reciente oleada de reformas institucionales que –desde los 80- se extendió por todo el subcontinente. Tales recientes reformas nacieron, en una mayoría de casos, movidas por ideales valiosos (la reforma radical del sistema político hiper-presidencialista, por ejemplo), y terminaron convirtiéndose, en muchos casos, en meras Convenciones re-electorales, destinadas a abrir el camino a reelecciones presidenciales que los viejos textos sabiamente impedían.

Con independencia de lo dicho, uno debiera agregar que reformas constitucionales como la realizada en la Argentina en 1994 han servido, también, para avanzar en direcciones más interesantes. La reforma argentina, por ejemplo, reafirmó la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, lo cual privó a muchos jueces remisos de la posibilidad de decir que no tenían normas a su alcance, a la hora de lidiar con cuestiones sensibles en materia de derechos humanos. Del mismo modo, la reciente reforma se pronunció explícitamente en favor de los mecanismos de “cuotas” –destinados a permitir una representación especial en apoyo de sectores tradicionalmente discriminados-; abrió la posibilidad de presentar “amparos” colectivos; e incorporó mecanismos destinados a facilitar la expresión directa de la ciudadanía (referéndums, plebiscitos). Por supuesto, es difícil decir que la Constitución anterior vedaba el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, lo cierto es que ello es lo que de hecho se dijo en muchos casos, frente a casos como los mencionados. Por ello, al haber hecho explícitos ciertos compromisos que no eran del todo evidentes en el texto anterior, la Constitución nueva puede ser –al menos parcialmente- bienvenida.

Llegados aquí, de todos modos, debe decirse lo siguiente: mientras la estructura institucional básica siga permaneciendo intacta –como ha permanecido intacta la estructura institucional argentina- no son muchas las esperanzas que merecen generar las nuevas herramientas que -como estacas en el mar- se inserten sobre ella. Piénsese, sino, en lo ocurrido con los derechos sociales, incoporados en una mayoría de Constituciones latinoamericanas desde principios del siglo anterior. Integrados a un sistema institucional que funcionaba a partir de una lógica opuesta a aquella que los respaldaba, los nuevos derechos sociales tendieron a desfallecer al poco de haber nacido: el sistema intitucional existente no los acogía sino que los ahogaba. No extraña que ocurriera lo que ocurrió: los derechos sociales quedaban en manos de jueces que, teóricamente, debían implementarlos pero que, simplemente, declaraban que tales derechos no eran “operativos” mientras los guardaban en el cajón de su escritorio.

Tal vez con los nuevos derechos incorporados en la Constitución de 1994 pase algo similar a lo que ocurriera entonces con los derechos sociales. Cuando, por caso, se incorporan derechos participativos en una estructura que niega o desalienta la participación, uno puede temer que aquellos derechos encuentren problemas serios para desarrollar la potencia que encierran en su interior.

No son todas malas noticias, sin embargo. Lo que ocurrido desde finales del 2001, con miles de ciudadanos en la calle dispuestos a protestar, parece decirnos que algo se ha roto, que una mayoría se encuentra efectivamente cansada de no poder hablar, de no contar con medios para hacerlo, de ser burlada luego de haber aceptado ciertas promesas, de ser ignorada luego de expresar su opinión a través del sufragio, de ser malintencionadamente malinterpretada en sus juicios electorales. Lo que ha ocurrido desde entonces parece mostrar los deseos de la gente por acceder a otros medios de expresión, de ir más allá de las “piedras de papel” con las que cuenta. Y ello es un buen comienzo, también, para una renovación en la estructura institucional de la república.
[1] Docente de las Universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella e Investigador Asociado del Ciepp. Documento preparado a solicitud del Centro de Estudios Legales y Sociales para su informe anual del año 2001.
[2] Por supuesto, me refiero al estallido de violencia política que culminó con una sucesión de recambios políticos de magnitud. Como resultado de dicho estallido, en primer lugar, el Presidente De la Rúa debió abandonar su cargo a poco de inaugurar el mismo. Lo que siguió a dicha renuncia –que arrastró consigo, obviamente, al gobierno de la Alianza- fue una profundización de las crisis política y económica ya reinante en la Argentina.
[3] Przeworski, A.; Sprague, J. (1986), Paper Stones. A History of Electoral Socialism. Chicago: University of Chicago.